El Gobierno aprueba el nuevo marco retributivo para renovables, porque el antiguo de primas hubiese llevado al sistema eléctrico «a la quiebra» total

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Soria destacó que los objetivos del nuevo sistema que regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías de energías renovables, de cogeneración y de residuos, son «dotar de estabilidad financiera al sistema, fijar una rentabilidad razonable e introducir certidumbre en el sector».

El nuevo sistema para las renovables establece 1.400 tipos de plantas y vincula el cobro de retribuciones adicionales a lo que reciban en el mercado eléctrico a una rentabilidad razonable del 7,4% para toda la vida útil de cada instalación. Así, cada planta cobrará en función de la inversión, lo recibido hasta ahora y su vida útil. Con este esquema, hay plantas, fundamentalmente parques eólicos, que dejarán de recibir retribución adicional.

El nuevo régimen distribuido va a permitir que todas aquellas instalaciones de este tipo de tecnología puedan competir en condición de igualdad con el resto de tecnologías que no son renovables por el sistema de percibir un incentivo a la inversión.

Este incentivo está basado en una serie de estándares según las distintas instalaciones tipo en función de la tecnología (eólica, fotovoltaica, termosolar…), los defectos del establecimiento de los estándares, la potencia instalada en cada una de las instalaciones, cual es la antigüedad de las plantas, el valor de inversión inicial y la vida útil que va a tener el proyecto, entre otros parámetros. A cada tipo de estándar le corresponde una serie de parámetros retributivos (por una parte los ingresos estándar que vienen directamente del precio de mercado que se percibe cada vez que se vende 1MW y luego el coste estándar de explotación, el que se necesita día a día para llevar a cabo explotación).

El ministro de Industria explicó que el nuevo modelo retributivo tiene «un nivel de rentabilidad razonable basado en las emisiones del Tesoro a diez años más 300 puntos básicos, en torno al 5,8% en estos momentos». Este 5,8% no implica una modificación de la rentabilidad inicialmente anunciada, que queda en el entorno del 7,4%, la misma establecida en julio del año pasado, para toda la vida útil de cada instalación, según el ministerio.

De hecho, según la Ley del Sector Eléctrico la tasa de retorno se fijará no conforme a la cotización actual del Tesoro, sino con respecto a los diez años anteriores a la entrada en vigor del real decreto-ley 9/2013 de julio del año pasado.

Para justificar la medida, Soria aseguró que, «a pesar de que el sector eléctrico en España tiene fortalezas evidentes, también tiene unos problemas importantes». Entre esos inconvenientes citó dos. El primero es que «entre 2004 a 2012, los precios de la electricidad en España, tanto al consumidor domestico, como al consumidor industrial, crecieron un 70%, a razón de un 7% cada año» y añadió como segunda problemática que «pese a esos incrementos en los precios, el desfase entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico, lo que se conoce como el déficit de tarifa, era cada vez mayor».

Soria añadió que hasta 2012 «se había acumulado un déficit de 26.000 millones de euros» y que, junto a los 3.189 millones de euros del año 2013, «hoy el déficit se sitúa en 29.189 millones de euros, por lo que era evidente que, con estos problemas, teníamos que tomar medidas porque sino se iba a la quiebra» del sistema eléctrico.

Por eso, el ministro de Industria apuntó que se aprobó otro real decreto que regula el fondo de titulización del déficit de tarifa cuyo objeto es agilizar y optimizar las emisiones, al tiempo que se dota de flexibilidad al sistema y se reducen los tiempos de selección de las entidades colocadoras

Precisamente Soria señaló que «el incremento del déficit en el sector eléctrico se debe a muy distintas razones, pero fundamentalmente a la propia existencia de ese déficit, que cada año genera costes adicionales para el propio sistema, y a causa de la evolución de las primas a las tecnologías renovables».

En este sentido, el ministro sostuvo que el nuevo modelo pondrá fin al diseño anterior de primas y recordó que «entre 1998 y 2013, las primas a las instalaciones de energías renovables, de cogeneración y residuos supusieron 56.294 millones de euros», lo que supone por cada uno de esos 15 años unos 3.700 millones de euros anuales que «hemos pagado todos los consumidores».

Junto a esto, «desde 2005 las primas a las renovables, la cogeneración y los residuos subieron un 800%» y el año pasado las primas al régimen especial sumaron 9.000 millones de euros en 2013, una partida que este año bajará a unos 7.300 millones con el nuevo esquema retributivo. «Por tanto, había que revisar el sistema de retribuciones y es lo que hacemos con este real decreto», aseveró Soria.

«No se trata de decir que a partir de ahora no se van a incentivar las energías renovables, puesto que el Gobierno sigue con su impulso», afirmó el ministro de Industria, «sino con un sistema de incentivos distinto al que venía rigiendo hasta ahora».

Como efectos de este nuevo régimen retributivo, hasta que llegue al fin la vida útil del conjunto de las instalaciones de régimen especial, que se iniciaron en el año 1998, habrán percibido unos 200.000 millones de euros. «Hasta la fecha se han pagado por las distintas tecnologías 56.294 millones de euros en primas y a partir de ahora y hasta lo que les quede de vida útil se abonará 142.530 millones de euros con el nuevo sistema, lo que totaliza 198.824 millones de euros», aseguró Soria.

Sobre si habrá déficit de tarifa o no ese año, el ministro auguró que «para el año 2014, si sigue evolucionando cómo está evolucionando el sector, lo normal será que el déficit esté en un entorno muy cercano a cero», tras explicar que en 2013 el déficit estructural previsto era de 10.500 millones de euros y que, sin embargo, con las medidas adoptadas en 2012 por el gobierno «se disminuyó en 6.000 millones de euros».

Al largo proceso de tramitación de esta norma, casi un año, al ministro le han acompañado las duras críticas del sector que ha estado todo este tiempo trabajando con ingresos provisionales que ahora deberán ajustar.

Precisamente, las renovables, que anunciaron recursos contra la nueva normativa, tacharon los cambios de retroactivos y acusan al Gobierno de cercenar la seguridad jurídica de los inversores y de querer acabar con el sector.

Respecto al tema de las querellas que el sector plantea, Soria afirmó que «respecto lo que dicen las empresas y todos los tipos de iniciativas que quieran llevar a cabo en defensa legítima de sus intereses privados y particulares, pero el gobierno, cuando gobierna y legisla, lo hace defendiendo el interés general«. A lo que añadió que «a medida que vayan planteándose este tipo de acciones, el gobierno irá adoptando su posición».

España acumula ya más seis demandas de arbitrajes de inversores internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el cambio de la normativa renovable.