El Gobierno apoyará a Repsol en lo que decida sobre YPF, aunque está a favor de una solución «negociada»

«El Gobierno español nunca ha tirado la toalla, nunca ha dejado de dar la cara por los intereses de las empresas españolas en general y por esta empresa en particular», aseguró el ministro, después de que se le preguntara si el Ejecutivo había optado por abandonar la vía diplomática para encontrar una solución al caso.

«El Gobierno español lo que no puede es sustituir las decisiones que se tienen que tomar en el seno de la propia empresa», subrayó. Según Margallo, deberá ser Repsol quien decida si quiere insistir en el camino negociador, prefiere esperar a mejores tiempos, o prefiere ir a una vía judicial».

García-Margallo hizo estas declaraciones durante su intervención en la inauguración del Foro España Internacional que organiza Nueva Economía Fórum, donde aseguró que «el Gobierno está para apoyar, no para suplir a las empresas».

En el caso de la expropiación de Repsol, el Gobierno español manifestó desde el primer momento que «estaba detrás» de la petrolera y consiguió el apoyo de las instituciones europeas. Asimismo, se llevó el caso a la OCDE y «se aumentó la presión en la OMC».

«Hemos trasladado siempre al Gobierno argentino que la mejor solución para las dos partes es una solución negociada», indicó Margallo, para quien el país iberoamericano necesita de «inversión extranjera» para poder afrontar su «déficit energético» y dicha inversión requiere «un marco de confianza y de seguridad jurídica», y las «acciones judiciales» en las que está inmerso el Estado argentino no son «buenas».

«El Gobierno estará detrás de las empresas para hacer lo que las empresas consideren que es más juicioso y más conveniente para sus intereses», pero «será la empresa la que tenga que resolver cómo quiere abordar este conflicto», insistió evitando pronunciarse sobre si es mejor un acuerdo con las autoridades argentinas o agotar la vía judicial.

Tras la expropiación de un 51% de YPF hace año y medio, Repsol inició una batalla legal que incluye un litigio ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, al tiempo que se mantiene abierto a negociar con las autoridades argentinas.