En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría manifestó que la posición del Ejecutivo no cambió «nada» con relación a la central burgalesa, después de que Nuclenor no solicitara la prórroga de la actividad dentro del plazo establecido por la ley, por lo que debería cerrarse en julio de 2013.

De hecho, recordó que Nuclenor pidió una prórroga de la vida útil de Garoña y consiguió un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, a continuación, el Gobierno revocó parcialmente una orden ministerial de Industria para hacerlo posible.

Sin embargo, subrayó que «el Gobierno actúa a petición de parte y esa parte ha decidido ahora que puede que no le interesa esa renovación».

Por tanto, el Gobierno «en esto no tiene que llevar la iniciativa; la empresa ha cambiado de opinión y, por tanto, debe ser quien explique ese cambio de postura, al menos, a sus accionistas».

El PP tacha de «irresponsable» y de «incomprensible» la decisión de Nuclenor

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, tachó de «irresponsabilidad» y de «incomprensible» la decisión de Nuclenor al no solicitar el permiso de renovación para poder explotar la instalación atómica hasta 2019.

Hernando señaló que la decisión de Nuclenor de renunciar al permiso de explotación es una «frivolidad absolutamente incomprensible» por parte de Endesa y de Iberdrola, ya que ambas empresas solicitaron al Gobierno la derogación de la orden ministerial con la que el Gobierno socialista propuso el cierre de esa central nuclear para 2013.

Según recordó, Garoña el año pasado produjo 466 megawatios (MW), el 6,5% de la producción eléctrica nuclear y un 1,3% del total de la producción eléctrica española. A su juicio, representa «una parte muy importante» de la producción energética del país, máxime cuando es una central nuclear cuyos costes económicos fueron ya hace tiempo amortizados.

Por tanto, insistió en que la energía nuclear es «segura y barata» y pone como ejemplo que las empresas alegaron que el cierre para 2013 y la no prórroga hasta 2019, que es lo que ahora había autorizado el Gobierno, iba a implicar un lucro cesante de 963 millones de euros para esas empresas.

«Lo que hoy hace más injustificable la decisión del presidente de Endesa, el señor Prado, del señor Sánchez Galán, de Iberdrola, que supongo que tendrán que dar explicaciones a sus accionistas sobre las razones que han motivado esta decisión que podría supone el cierre de Garoña», agregó.

Por otra parte, tachó de «sorprendente» que la no petición de prórroga sea justificada por el hecho de la existencia de incertidumbres regulatorias. «En este sentido es muy preocupante que eso se pueda interpretar como un chantaje contra el Gobierno, lo cual sin duda sería muy grave», puntualizó el diputado.

En su opinión, el problema del déficit tarifario y la solución al mismo no puede ser como algunos grandes empresarios de las eléctricas «pretenden con cargo siempre a los bolsillos de los consumidores».

Es más, Hernando añadió que, al igual que en otros sectores, las eléctricas tuvieron que hacer ajustes, y éstas tienen que darse cuenta que tienen que contribuir a solventar un problema que está causando un grave perjuicio a las industrias consumidoras y al conjunto de los españoles que, en los últimos seis años, se multiplicó por dos la tarifa de la luz.

García-Legaz aboga por «una solución de sentido común»

Por su parte, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, abogó por «buscar una solución de sentido común» ante la situación reguladora y la posible prórroga de Garoña.

«El plazo ha terminado pero se supone que la reforma energética probablemente a estas alturas estaría en marcha. Siempre se puede buscar una solución de sentido común», aseguró en declaraciones a la Cadena Ser.

En su opinión, la empresa no solicitó la prórroga porque «hay una incertidumbre sobre cuál va a ser el nuevo marco regulador del mercado eléctrico» y porque, en función de cuál sea la solución, «los números de Garoña salen de una forma o salen de otra».

«Aquí lo que hay que ver es si los números salen, que se cumplan todos los requisitos de seguridad y, con los números y con los requisitos en la mano, quien es el dueño de la central que tome la decisión que corresponda«, añadió.

Asimismo, García-Legaz incidió en que nunca le ha gustado «ideologizar» el tema energético, que, a su juicio, «siempre ha estado muy ideologizado». «Yo siempre digo que las centrales nucleares no son de derechas ni las energías renovables son de izquierdas. Eso es una tontería como otra cualquiera», concluyó.