El Gobierno actuará conforme a la ley e indemnizará a ACS por su inversión en el almacén subterráneo Castor

Así lo explicó el ministro en una entrevista en la Cadena Cope, en la que señaló que «hay una financiación del BEI con otros inversores por importe de 1.400 millones de euros y si fuese aceptada la renuncia que solicitó ACS se actuará de acuerdo al real decreto de 2008 «que prevé que en el caso de renuncia tenga que haber una indemnización por el valor residual de la inversión».

Soria recordó que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy declaró en mayo del año pasado la lesividad de esta cláusula, recogida en el artículo 14 del real decreto, si bien finalmente el Tribunal Supremo desestimó el recurso por lo que «el Gobierno no tiene otra opción que acatar y asumir ese pronunciamiento del Supremo».

En los tres años y medio desde el decreto de concesión para la construcción del almacenamiento subterráneo de gas a 3.600 metros del fondo del mar frente a las costas de Castellón y Tarragona, el Gobierno disminuyó la retribución aprobada para dicho almacén.

Además, recordó el ministro, estableció la obligatoriedad de que antes de tener la apertura definitiva hubiese una provisional ya que de lo contrario «no hubiésemos podido paralizarla» el 26 de septiembre de 2013, al detectarse movimientos sísmicos en la zona, coincidente con la inyección de gas en la planta.

La compañía Escal UGS, participada en un 66,67% por el Grupo ACS, anunció el pasado miércoles su decisión de renunciar a la concesión de explotación para el proyecto Castor.

El Consell pide que Castor se reabra si «está claro» que no supone riesgo

Por su parte, la portavoz del Consell, María José Català, mantuvo que la postura del Gobierno valenciano respecto a la actividad de la planta Castor es que «no se debe proceder a la apertura de la planta hasta que no esté meridianamente claro que no supone un riesgo para el territorio».

La consellera recordó que están «a la espera de informes del Ministerio que verifiquen que la puesta en marcha de la planta no redunda en circunstancias negativas para el territorio.

En cuanto a la indemnización, señaló que se trata de una negociación que lleva la concesionaria con el Ministerio. Lo que el Consell lamenta, agregó, es la inversión de 1.800 millones de euros por parte del Gobierno socialista, «que se podrían haber destinado a otras inversiones importantes».