El Foro de Renovables exige a Industria que «elimine la incertidumbre regulatoria» y rechace la retroactividad

La medida, además de amenazar el sector renovable español, impedirá alcanzar los compromisos adquiridos en materia energética y ambiental de nuestro país con la Unión Europea, añadió.

El Foro de Renovables, integrado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), reclama al Gobierno «coherencia entre su discurso de apoyo de las renovables y la legislación, que ahuyenta la inversión y paraliza el desarrollo del sector».

En su opinión, un Gobierno que ha hecho bandera de las energías renovables, que pretende ser ejemplo en la materia para el resto del mundo y que se está jugando su credibilidad como país solvente en una situación de crisis global, no puede actuar de forma incoherente a la hora de abordar la reforma del marco regulatorio de un sector estratégico para la economía nacional y europea.

Asimismo, demanda un pronunciamiento «público, inmediato e inequívoco» del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que elimine la incertidumbre regulatoria, devuelva la confianza en el marco jurídico español y rechace la retroactividad en renovables y en cualquier sector económico regulado.

También considera precisa la reanudación, también inmediata, de las negociaciones sobre el futuro marco regulatorio para el sector de las energías renovables en España.

Para las asociaciones englobadas en esta plataforma, las energías renovables están sufriendo una campaña de desprestigio, motivada por su creciente presencia en el mix de generación.

Esta campaña «está generando aún más incertidumbre en el mercado de la que conlleva cualquier cambio regulatorio y el Ministerio está alimentándola, generando un grave perjuicio al sector español de las energías renovables y al propio país».

La posible aplicación de la retroactividad, «al vulnerar la seguridad jurídica, frenaría la financiación de nuevos proyectos, conllevaría la destrucción de miles de empleos, el hundimiento de la inversión en I+D+i y, en definitiva, pondría en peligro un sector en el que España es líder mundial y que está llamado a ser uno de los motores para superar la crisis económica».