El elefante anda suelto

Más allá de su inscripción dentro de la línea de pensamiento retroprogresivo por las opiniones vertidas en su artículo, quizá lo más llamativo del texto de Jesús Mota es el lenguaje, la violencia verbal, el estilo, los resabios hacia el sector eléctrico, sus empresas y sus presidentes, hasta el punto de traspasar la frontera de la opinión, sobre argumentos más o menos fundados, ideológicos o discutibles, hasta convertirse en un feroz látigo con el que escarnecer con ensañamiento a las empresas y al sector eléctrico, a partir de prejuicios maniqueos y juicios de intenciones intrínsecamente perversas de sus agentes. Ya sólo el título lo dice todo. De hecho, probablemente la retórica bélica entre Guardiola y Mourinho, con todo su antagonismo, es más oblicua e indirecta que la lectura de este artículo.

Por eso, cabe decir, que desde las páginas del rotativo de la calle Miguel Yuste, quizá no han salido artículos con expresiones tan agrias y generalizadas hacia un sector de la economía española y sus empresas como las que profería Jesús Mota en «El yugo de la tarifa eléctrica» el pasado 7 de abril. No se trata de abordar el tema con un lenguaje políticamente correcto o melifluo; se trata de que, merced a la discusión y la difusión de opiniones, los ciudadanos tengan una visión crítica de la realidad, pero no una visión distorsionada.

De hecho, si se lee con cierto desapasionamiento, el artículo se califica por sí mismo, por su propia desmesura y crueldad. Sólo hay que hacer un repaso de las palabras y las expresiones: empresas que juegan a subirse los precios, pioneras en prácticas de garduña, mañoso crupier, desplumar incautos, cacharro manipulable, rastrillo, truco, hostigar a la Administración, campanuda, beneficios espurios, beneficios indebidos,…

Es difícil, por tanto, abstraerse de las formas y sus hechuras, para efectuar un análisis de contenidos, pero si se disecciona el contenido del artículo, se puede decir que éste se inscribe en las tesis retroprogresivas generales que comentábamos ayer con algunas variantes o matices. En resumen, sus líneas de ataque se concentran en los siguientes pivotes: un ataque furibundo al sector en general y a las empresas eléctricas (en España, donde lo empresarial tiene una consideración intrínsecamente peyorativa, hurgar en la movilización de la opinión pública en términos de escándalo es una tentación extraordinariamente fácil), un ataque no menos indulgente al Ministerio de Industria, a los mecanismos institucionales sectoriales y a la Administración (de forma inmisericorde, salvo con las afinidades electivas del articulista), un ataque al mercado eléctrico y a las subastas CESUR (que ya es una constante en sus artículos a los que denomina rastrillo o mercadillo), una simplificación relativa a los beneficios empresariales del sector que adjetiviza con extraordinaria generosidad y el retorno a la teoría de los beneficios caídos del cielo en el caso de la energía hidráulica y nuclear.

Del mismo modo, hay que reconocer que de los tres artículos que analizaremos en este seriado, éste es el único que hace una alusión (menos virulenta que el resto del artículo, eso sí) al modelo de primas a las renovables, cuyas rentabilidades, por cierto, son mayores que las de las empresas del sector eléctrico y no merecen su escándalo.

Probablemente partiendo de este tono, es difícil aplicar la racionalidad de la objetividad y de los hechos que contradicen afirmaciones muy simples y directas, pero falaces: el mercado español está ofreciendo precios en el mercado de generación inferiores a los de los mercados europeos. Las subastas CESUR son auditadas por la Comisión Nacional de Energía y el Operador de Mercado Eléctrico. El número de operadores en las mismas es creciente y su carácter competitivo se acredita porque los resultados son imprevisibles (y, además, en general a la baja). Y, además, la comparación con otros mercados y los elementos subyacentes y tensiones hacen que el proceso de formación de precios sea correcto.

Por tanto, con un ejercicio colérico de este calibre, obtener perspectiva sobre el proceso inversor en un sector como el energético y sus necesidades de financiación es complicado, cuando la forma de abordarlo es la inducción al escándalo del lector. Cómo, por tanto, competir con la incuria y retratar el descomunal proceso de nuestro país en los últimos años en los que hemos renovado las redes y el parque de generación con una inversión relevante en ciclos combinados y en tecnologías renovables, con una ampliación de capacidad instalada que incluso nos ha situado en el exceso de capacidad. Hoy contamos con un suministro eléctrico de alta calidad, y eso ha sido posible gracias al mercado y partiendo de una situación en la que había cierto riesgo de apagones. Seguramente, el actual alcalde de Tres Cantos, José Folgado, todavía recuerda las admoniciones en su momento del entonces Vicepresidente Rodrigo Rato. Consecuentemente, no es razonable presentar una visión tan catastrofista y salvaje como la que se presenta en este artículo, con todo lo crítico y lo criticable para este sector y para la Administración energética.

Mota también oculta las sucesivas renuncias a ingresos o asunción de costes en las empresas. Incluso el déficit tarifario, cuyo origen no es otro que las decisiones políticas de no subida a tiempo de la electricidad en concordancia con la evolución de los precios de generación y ahora con otros costes regulados (primas, aplazamientos de deuda, distribución y transporte). El déficit, además, de facto, se transforma en una manipulación del precio para los ciudadanos para que consuman más y ceben la bomba. Pero, además, se trata de un préstamo de las empresas eléctricas a la sociedad. Cuestiones como las formulas de detracción de derechos de emisión, o incluso la introducción de la figura del bono social, que es una construcción más parecida a una deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que a un descuento al precio de un suministro.

El resto de argumentos se basan en la presentación interesada de afirmaciones falaces (poco sustanciada en datos). En primer lugar, a nivel general sobre la rentabilidad sectorial que, de hecho, tampoco ofrece datos de cuánto es o cómo se distribuye. En realidad, la rentabilidad del sector eléctrico en España viene deteriorándose de forma continuada en los últimos años, e incluso, su castigo en los mercados financieros ha sido mayor que en otros países, pese al carácter de valor refugio tradicional de sus valores.

Con independencia de la utilización «sui generis» del concepto «beneficios regulatorios», que trataremos específicamente al final de esta serie por ser un máximo común denominador en el pensamiento retroprogresivo, el artículo de Jesús Mota, sostiene que dos tecnologías (hidráulica y nuclear) tienen beneficios desmedidos. Para ello propone el control de sus rentabilidades por vía tributaria, redundando en nuevas alzas de los precios de la electricidad por el aumento de la presión fiscal. Por ensalmo, despeja una incógnita, que es una tasa (2.500 M€/año) equivalente a esos supuestos beneficios «regulatorios» calculados mediante la misma metodología retrogresiva: omitiendo amortizaciones, inversiones y la normativa contable y de auditoría. Aplicando esta tasa a estas dos tecnologías se despeja el otro lado de la igualdad y se anula el déficit tarifario. Y, ¡chas!, ya no existe.

En definitiva, el artículo llega a una conclusión extraordinariamente simple, consistente en un modelo expropiatorio paradójico. Si todos los problemas de una sociedad, de una economía o de un sector se solucionan con la fijación de tasas a sus tecnologías y activos (con presuposiciones de rentabilidades elevadas fruto, además, de la omisión contable) la consecuencia inmediata sería la contraria que la propuesta. De hecho, la determinación de este supuesto beneficio y su detracción, introduciría la actividad de generación eléctrica directamente en pérdidas.

En todo caso, en lo compulsivo de su construcción o con una lectura detenida, encontrarnos que un artículo así en la prensa española, dedicado a este sector o a cualquier otro, implica un comportamiento cainita. Pocos países sumidos en una crisis como la nuestra efectúan, ya no críticas, sino escarnios de un sector económico y empresarial de este modo. Por su propio enfoque y construcción, entorpece el abordamiento de una política energética y económica coherente con una economía de mercado y los procesos de inversión y ajuste que necesita nuestro país. De esta forma, se pierde el diagnóstico real y se desenfoca la dinámica de crecimiento de los componentes de la tarifa de acceso y la caída de precios en el mercado de generación. Pero quizás, el problema más grave es que trastorna la realidad hasta convertirla en un vitriolo, en una distorsión que impide abordar los problemas de nuestro país en el sector eléctrico y energético (que los tiene, pero no son esos). Por ello, este artículo forma parte del problema y no de la solución.

De todas formas, no es un artículo, es una fatwa.