Así lo afirmó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Un consejero de la CNE, Luis Albentosa, consideró (en un voto particular a un informe del regulador) que el Ejecutivo no debe aprobar la retribución de estas fuentes energéticas hasta que no se resuelva «la supuesta existencia de una repotenciación fraudulenta y costosa» en la energía fotovoltaica».

La repotenciación consiste en instalar paneles para que la potencia instalada sea superior a la potencia inscrita en el registro administrativo. Se trata de un proceso que se consigue mediante la sustitución de unas placas solares por otras más modernas (más eficiones y/o de menor coste) o añadiendo a las autorizadas placas antiguas, nuevas placas más eficientes.

Por este motivo, el consejero de la CNE denunció que «las nuevas placas estarían siendo retribuidas como si fueran de las antiguas, provocando un aumento considerable del coste del régimen especial».

Un coste que estimó en 1.700 millones de euros en un plazo de dos años.

«Siempre estamos tomando decisiones» relativas a las renovables, dijo De la Vega, porque la apuesta por estas energías es «una de las líneas estatégicas fundamentales» del Gobierno.