El efecto tango

Mientras se va encapsulando la crisis con el Gobierno argentino a raíz del la expropiación de Repsol, sigue la tormenta financiera en los mercados internacionales respecto a la economía española, e incluso arrecia, a la espera de que el proceso electoral francés se resuelva. Además, empieza a ser más insistente el clima de inseguridad jurídica que se viene instalando en amplios sectores empresariales de la economía española, cuestión que se acentúa más si cabe entre las empresas que tienen inversiones internacionales en España, con independencia de que los efectos se extiendan al conjunto, es decir, de que se vean afectadas todas. Parece que las empresas nacionales asumen como propios comportamientos seculares y endémicos, pero los inversores y empresas internacionales e internacionalizadas no pueden asumir como normal lo que, en realidad, es una anomalía.

Seguramente puede resultar irónico que, tras el hecho de que una empresa española sufra una expropiación vergonzante y lacerante en sus formas por parte de unas autoridades bandoleras como Kirchner y Kiciloff, los analistas financieros y los inversores internacionales empiecen a comparar los usos y maneras de las autoridades españolas con las argentinas. Es cierto que se trata de algo que debe ser cuidadosamente sopesado y valorado en su justa medida, aunque hoy sólo se trate de una extrapolación o una exageración, pero es indudable que tiene similitudes y existen rasgos de verdad en esta afirmación. El punto de partida estriba en una clave de la política española consistente en imponer el triunfo de la acción política de partido, ejecutivo y aparato sobre la economía y los mercados, algo que une a los dos últimos gobiernos (actual y presente) en su ejecutoria y que es el origen de que se encuentren estas peligrosas similitudes.

En el ámbito de lo energético, y en concreto en el sector eléctrico, podemos ver que el único aspecto donde las medidas dictadas por el nuevo Gobierno y donde se ha mantenido esa seguridad jurídica es en la moratoria renovable, en la medida en que la misma no afecta a las instalaciones en funcionamiento o aprobadas. Dicho «status quo» tiene también su contrapartida en que el paquete de medidas instrumentado hasta el momento tiene escasos efectos y su bálsamo a pesar del sofoco es muy bajo.

Pero, no todo es así, si comprobamos la modificación del sistema retributivo de la distribución (que el propio presidente de Gas Natural tachaba de retroactivo en la Junta General de la compañía), la paralización de las emisiones de las titulizaciones de déficit de tarifa conforme al calendario previsto que ha sido ordenada por Industria de cara al segundo paquete de reformas del sector eléctrico, podemos apreciar elementos de decisión volitiva en el Ejecutivo que son poco tranquilizadoras. Del mismo modo, el traslado de los costes extrapeninsulares de los Presupuestos Generales del Estado a la tarifa eléctrica o las inquietantes afirmaciones del secretario de Estado de Energía a este respecto en la Comisión de Industria y Energía del Congreso, con solicitud de un informe a Red Eléctrica de España, hacen presagiar comportamientos delirantes que no abordan los problemas de frente, en profundidad, con análisis económico-financiero y con los agentes involucrados.

Y sobre la construcción institucional del sector, el panorama tampoco es tranquilizador. Así, en lo que se refiere a los mecanismos para garantizar el modelo, el funcionamiento de los mercados y la estabilidad en el marco regulatorio, en la actualidad, la Comisión Nacional de Energía está completamente a la deriva. Pero hay que reseñar que, si bien nadie tiene gran aprecio por el devenir y ejecutoria del organismo, la cosa se complica con el nuevo proyecto de integración de los órganos reguladores en uno solo. Parece la ley de Murphy. La reducción del papel de los órganos independientes, su sometimiento a la acción política, el aumento de la capacidad discrecional desde el Ejecutivo y la merma de su independencia como regulador se produce a la vez que se banalizan y trivializan las funciones regulatorias y la necesidad de buena regulación en pos de facilitar al Gobierno las manos libres sobre la pretensión política de intervenir en los mercados, en las empresas y en la vida económica más allá del papel que debería tener la política.

También se puede interpretar esta propuesta en modo Argentina, donde todos estos mecanismos institucionales son de ‘opereta’, desde las administraciones regionales hasta la junta de tasación, una mera correa de transmisión del gobierno central. Otro ejemplo, y en el mismo sentido, sería el ostracismo en que ha estado sumido el Ejecutivo con las empresas eléctricas de cara a la resolución del complejo problema del déficit tarifario, que tampoco es un buen indicador de unas relaciones normalizadas entre Administración y agentes económicos. Por ejemplo, también Kirchner no se reunía con Brufau o lo hacía de forma banal.

Seguramente, que podemos encontrar algunos puntos de encuentro más con Argentina: por ejemplo, la dependencia energética y la desconexión de los precios pagados por los consumidores con respecto a los precios reales de la energía, a través de un sistema generoso de subsidios, que ha derivado en que para intentar mantener esta situación (y la corrupción asociada) se justifique la renacionalización de YPF. Como los malos árbitros que pitan penaltis sucesivos para compensar, unas intervenciones en los mercados conducen a otras intervenciones peores. ¿Qué es el déficit tarifario sino la postergación de la aplicación de los precios reales de la electricidad? Y de modo adicional, ¿qué serían las propuestas como las quitas o los impuestos a la generación, sino sucesivas intervenciones derivadas de errores pasados, previamente decididos también por la fijación de tarifas por debajo del coste de suministro?

Por tanto -y salvando la distancia con el exceso argentino, cuyos grados se amplifican y distorsionan, pero identificando sin condescendencia las similitudes-, habría que hacer una llamada al Ejecutivo sobre la necesidad de garantías sobre la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y sobre la predicibilidad de sus actuaciones, así como a que exista una comunicación fluida entre los sectores económicos y la Administración. Y el Gobierno debería hacerse consciente sobre la importancia de este concepto en la inversión, los mercados financieros, la confianza internacional y sobre la «prima de riesgo».

¿Este es el efecto tango? ¿España se argentiniza?