El efecto expulsión de los operadores de transporte y sistema siameses

Del mismo modo, también hemos enunciado el juego interesado de ambigüedad y doble personalidad, entre ser una empresa privada (que demanda salarios y blindajes privados para estas cúpulas procedentes de la política) y tener comportamientos de monopolista público, incluyendo su tendencia a la expansión en sus actividades hacia otras que están liberalizadas como la generación (de la que es un ejemplo el bombeo, pretensión silente y largamente ansiada desde REE), buscando la expulsión de la iniciativa privada de las mismas.

En esos términos, los operadores de transporte y sistema en España son una especie de empresas privadas monopolistas-capitalistas privadas, pero dirigidas desde el partido, tipo el capitalismo chavista o del Partido Comunista Chino, mande el Partido Popular o esté al frente el PSOE, dado que nuestra política tiende a ser poco liberal y muy intervencionista en un país en que todo eso parece normal y ya nos hemos acostumbrado a ello.

Pero, además, estas conexiones entre política y gobierno sirven para el aprovechamiento relacional: captura del regulador (Ministerio de Industria y Secretaría de Estado de Energía), distorsión del modelo de mercado de generación, subversión del modelo de separación de actividades, condicionamiento del papel del resto de operadores y actividades, incluso del propio Operador de Mercado, mucho más contenido en su comportamiento, concentrado y consciente de las fronteras de su papel.

Hay miles de ejemplos. La forma de establecer necesidades de generación en materia de seguridad de suministro, evitando una gestión intensamente más activa de la red, determina unas exigencias conservadoras que no son neutrales para el resto de agentes como, por ejemplo, la determinación de inversiones en transporte de forma interesada a efectos de evacuación o suministro en determinadas áreas (como el caso de Escombreras), la multiplicación de infraestructuras de transporte gasista pese a la caída de consumo, que hay que pagar y su insistencia en aumentarlas sin límites finitos, o la definición de la red de transporte y distribución eléctrica por tensión, en lugar de por función, instada desde la propia REE, lo cual también tiene efectos sobre el sistema y los agentes. Y, así, un largo etcétera del que es un ejemplo nuevo la incursión en la generación vía la apropiación de los bombeos para REE.

Pero adoptemos una perspectiva de mayor altura. Estos operadores (REE y Enagás), han esquivado los efectos de las sucesivas normativas para conseguir resolver el problema del déficit tarifario, gracias a su afinidad sucesiva con la Administración. No han sufrido los nuevos impuestos, ni tampoco el recorte a la distribución. Sus ingresos se liquidan mediante pronto pago y su retribución está garantizada. Y, es más: nuestros dos operadores de transporte y sistema, gasista y eléctrico, siguen con previsiones de demanda energética muy optimistas e inasequibles al desaliento, se pegan cada mes una caída interanual espeluznante en picado, pero, en su momento, dichas estimaciones fueron justificativas de las inversiones y de su retribución.

Su objetivo (relevo tras relevo político en sus cúpulas) es continuista. Se trata de conseguir un modelo económico de retribución regulada garantizada y generosa, sin riesgo empresarial, financieramente anticipada y de cobro rápido, nuevas inversiones sobredimensionadas incluidas en las tarifas de acceso, para acabar en su expansión a nivel internacional (¿?) o hacia actividades que no están en el «unbundilling», subvirtiendo el sistema en su beneficio, merced a la existencia de incentivos económicos para acentuar sus comportamientos monopolistas y maximizar ingresos para sus accionistas con el ejercicio de todos los efectos de las teorías de las burocracias, de la elección colectiva y condicionando el funcionamiento de los agentes de los sectores energéticos. Cuando hay problemas en las tarifas o el déficit, por su impacto a los consumidores, se ponen de perfil para que afecten al resto de empresas, dado que están por encima del bien y del mal.

Los defensores de esta forma particular de «lo público» piden que no se les debilite porque la unión de actividades hace la fuerza, en su particular forma de integración vertical. Este comportamiento es el resultado del cobijo de su influencia en la regulación, en el Gobierno, apoyados por estructuras técnicas muy solventes y en la debilidad progresiva del Ministerio de Industria. Y la justificación de esta perversión es una interpretación laxa e interesada de las Directivas Europeas y del modelo que se extrae de la Ley del Sector Eléctrico en nuestro país, que se hace desde nuestro Ejecutivo, donde el máximo nivel de influencia se ejerce por estos operadores, que sí son escuchados y llevados hasta la cocina.

Por eso, se emboscan para evitar la separación total de actividades de operación de sistema y transporte, donde, además, se nombra al frente a responsables técnicos y no a políticos, sin otras pretensiones. Nuestro secretario de Estado de Energía, procedente de la CEOE, hermano del Director de la Oficina Económica del Presidente y a fuer de liberal, tendría que plantearse si este es el modelo al que aspiraba y que ahora promueve desde su nueva responsabilidad.

Proponemos, por tanto, que desde la Unión Europea y la Comisaría Europea de Energía se revise esta situación y la convivencia de intereses y comportamientos. Enagás y REE en España son operadores siameses: transporte y operación, además de público/privados y, a su vez, empresariales por la noche y políticos de día. Ante tanta duplicación y multiplicación, pasan de ser siameses a convertirse directamente en una hidra de múltiples cabezas. Y, es desde todo punto razonable volver a los principios de las Directivas Europeas en materia de electricidad y gas, requiriendo que se separen como es el objetivo de las mismas.

Podríamos apuntar a la Unión Europea para que revisase en este anteproyecto de ley la expulsión de los operadores privados del bombeo con el acceso a estos operadores de transporte y sistema en la actividad de generación. La Comisaría de Energía podría escrutar también el funcionamiento y comportamiento de los operadores de transporte y operación españoles, la relación institucional de la política y sus nombramientos, la utilización y necesidad de las infraestructuras que han llevado al sector gasista al déficit tarifario y otros comportamientos en la planificación de infraestructuras de transporte que han derivado en que operadores como GDF se replantearan su presencia en España porque sólo podía operar uno a la vez por dificultades en la red para la evacuación de energía.