El día después

La difusión reciente de que Pedro Solbes seguiría como Vicepresidente Económico y Ministro de Economía y Hacienda, caso de que se produjese la victoria del Partido Socialista, nos devuelve a la realidad de los últimos estertores de la legislatura y, al mismo tiempo, debe poner el foco en la situación acumulada en el ámbito de la energía. Algo parecido a lo que ha pasado con Magdalena Alvarez, y que todo el mundo sabe, que esta amarga y pírrica victoria, no evitará que la Ministra de Fomento, no esté en el próximo gobierno, gane quien gane las elecciones. Por eso, a estos dos meses legislativos y parlamentarios, hay que aplicarle la teoría deportiva de los minutos de la basura.

En este sentido, este final de legislatura está recogiendo en el ámbito energético, los frutos de cuatro años de involución en el sector. Una situación, prácticamente insostenible en el ámbito tarifario, que además está denunciada múltiples veces por la Unión Europea. Situación de denuncia que ahora se precipita también en el ámbito de los ‘grandes consumidores’, en la medida que han señalado la posible existencia de ayudas de estado y subsidios cruzados. En términos acumulados, además el problema déficit acumulado ya es muy grave y se necesita peso político para reflotar esta situación y personas con conocimiento (y no desprecio) del mundo financiero, a la hora de que este sector no sea abandonado por estos agentes, imprescindibles en cualquier sector.

Estos cuatro años, han avanzado el desarrollo de un modelo de intervención en la energía y de regulación, basado en el diseño de medidas de ‘causa’ y ‘efecto’, pérdida de estabilidad regulatoria y seguridad jurídica, regulación por decreto ley y corrección de erroes, sin valorar las consecuencias en el mercado (véase el reciente caso de la garantía de potencia, que nos aboca al riesgo de apagones por generación). Otro ejemplo, que debe hacernos reflexionar, es el deterioro del mercado liberalizado (uno de los puntos que señalaba el propio Partido Socialista en su programa electoral hace cuatro años era que se avanzase hasta el 50%). O las propias subastas de energía primaria, diseñadas en un momento en que el poder de mercado de las grandes empresas energéticas españolas era diferente. Por no contar la política empresarial, la planificación energética, la política medioambiental, de control de rentas de los agentes frente al funcionamiento del mercado, o las relaciones internacionales, como en el caso de Argelia.

Del mismo modo, las atribuciones a Red Eléctrica de España, conforman un regulador ‘in pectore’, transportista único y trino, y brazo ejecutor de este Ministerio de Industria, que condiciona el acceso, las tecnologías y el desarrollo de un mercado con funcionamiento no intervenido y libre, como denuncian las empresas. Una situación de aislamiento general nada recomendable y que un día habrá que destacar sus responsables. Sería razonable, por tanto, que en lo que queda de legislatura no se siguiese ahondando en esta situación y, se favorecieran las veleidades expansionistas de una empresa cada ve más pública y con intereses expansionistas y anexionistas. En consecuencia, como ven, en tiempos de retirada de la garantía de potencia, se estudia el incremento de retribución de Red Eléctrica. Por tanto, lo más lógico, es que se imponga la cordura y se utilizase el Boletín Oficial del Estado para lo mínimo imprescindible en este tiempo y no se produjeran más modificaciones y alteraciones del mercado eléctrico.

Para ello, para el futuro, existen dos tendencias regulatorias: retroceder en el proceso de liberalización del sector eléctrico, introducir más mecanismos de intervención en el mercado, gestión centralizada medidas y capacidades de acción y condicionamiento a través de la regulación pública o de Red Eléctrica para el resto de agentes y empresas. O bien, gestionar el problema, con perspectiva, global, estratégica y de mercado.

Del mismo modo, sería razonable que los dos partidos políticos, PSOE y PP, recojan dentro de las prioridades de gobierno resolver y gestionar de forma eficiente y con peso político, la situación generada y agravada en el ámbito energético de estos años, evitando tentaciones electoralistas (caso de las tarifas). Por eso, al igual que Solbes pide la vuelta de la Oficina Económica del Gobierno a lo que siempre tuvo que ser, no una oficina de negocios, en el ámbito energético, la coordinación con la política económica y empresarial debe ser coherente además de ejemplar, exquisita y ortodoxa.

Esperemos que, los programas políticos vayan en esa línea y el influjo del día después sea favorable para dar la vuelta a una situación tan envenenada. La energía en un país con una dependencia energética como la nuestra, se lo merece.