El despido improcedente de Luis Atienza y la naturaleza de REE

La ciudadanía considera que un futbolista, por ejemplo, cobra mucho o poco. O si un empresario gana mucho o poco, con pocas referencias sobre su nivel de riesgo o de inversión previa.

Un caso paradigmático es el que viene sucediéndose cuando un Consejero Delegado de una empresa privada cobra mucho o poco o si ha percibido una indemnización por su cese o salida no deseada de la compañía. A la par, esto se combina con casos como el de la directora general de la CAM, que además de haber llevado a la entidad a donde la ha llevado, ha percibido su indemnización sin pudor. Y, no hablemos ya del caso del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, cuya demanda de despido improcedente, con posibilidades reales de que prospere, puede acabar «levantando» a los populares 900.000 euros, más de lo que les habría levantado antes, además de la sensación de zozobra continuada como pago de sus servicios.

En el caso de Luis Atienza Serna, expresidente de Red Eléctrica de España, se ha conocido que percibió 2.300.000 euros como indemnización por lo que es su «despido improcedente», junto con otros dos directivos de la compañía que percibieron en total una cantidad equivalente. Y esto se presenta con cierto escándalo por el hecho de considerar que Red Eléctrica de España es una compañía «semipública», lo cual es una falacia, además de una extensión o un concepto tan justicialista peronista, como falangista. Analizar, por tanto, estos emolumentos y esta indemnización, requiere tomar en consideración varias cuestiones más detalladas.

Primero, Red Eléctrica de España es una empresa privada en su totalidad, sus accionistas principales son Fondos de Inversión, además de la participación muy minoritaria establecida por ley de la SEPI y de las compañías distribuidoras. Por tanto, en el concepto de riesgo y ventura, sus accionistas se regirían por criterios de resultados y de riesgo empresarial a la hora de fijar las retribuciones de sus directivos en el marco de la regulación sobre transparencia que establezcan los códigos de Buen Gobierno. Sin embargo, de facto, el nombramiento de su presidente y de su cúpula directiva se viene efectuando por el Gobierno, y sus directivos actúan con menos «riesgo y ventura» (salvo el político) que los que se detraen de la naturaleza empresarial mercantil de la empresa.

Así, las cúpulas directivas de Red Eléctrica siempre han jugado a esa ambigüedad del semipúblico, aprovechando que es privada, por una parte, pero, eso sí, con nombramientos públicos, una influencia pasmosa en la política y la planificación energética (basada en la economía de incentivos), además de operar en régimen de monopolista único, para conseguir esa pátina y simpatía que proporcionan las empresas públicas en nuestro país desde el franquismo.

En segundo lugar, en Red Eléctrica de España confluyen el operador de transporte y el operador de sistema eléctrico, en un modelo ISO que tiene claros incentivos a la sobreinversión y a la sobrerretribución (como por otra parte se ha evidenciado recurrentemente en estos últimos años). Por esto tiene incentivos a la sobrevaloración de las estimaciones de demanda justificativas de las inversiones que solicita y a intentar capturar en su actividad de transporte funciones propias de la distribución, en una configuración de estas dos actividades por tensión en su provecho (por su puesto, promovida por REE).

Esa ambigüedad «semipública» interesada, que ningún Gobierno ha conseguido entreverar, sirvió para que en tiempos de Jorge Fabra los centros territoriales de REE fueran premios nacionales de arquitectura o para que se construyera una muy onerosa piscina de peces tropicales, famosa en el sector eléctrico entero. Dichas «infraestructuras» tenían sentido si además se retribuían como «coste necesario del sistema».

Esa misma ambigüedad ha servido para que el propio Atienza consiguiera retroceder la separación operador de transporte-operador de sistema que planeó Miguel Sebastián, para conseguir un modelo retributivo garantizado, con una liquidación anticipada, además de que las infraestructuras que proponía entraran fácilmente en la planificación. Lo que no es óbice para que reclame a la generación niveles de seguridad de suministro muy elevados y, a la vez, elabore informes para rebajar la retribución de estos servicios, que haya localidades importantes con suministro en antena, o zonas donde las inversiones para evacuar generación se aplazarán, como fue el caso de Escombreras.

Red Eléctrica de España ha tenido una enorme influencia en lo que era su «core business» real, su modelo de negocio más exclusivo y especializado. Desempeñando su labor de operador de transporte y de sistema, técnicamente de forma excelente, la especialización real de sus cúpulas era la influencia, el condicionamiento de la planificación energética para la inclusión de inversiones, retribución y pronto pago de las mismas, cosa que no tienen las empresas hasta conseguir diversificar sus negocios e invertir en el exterior. De hecho, además de por sus versos, era famosa la forma en que el propio Luis Atienza ejercía mando en plaza en el Ministerio de Industria. Se le consideraba ministro en la sombra. Por un trabajo tan bien hecho es razonable una indemnización así, aunque no responda exactamente a la concepción de riesgo privado empresarial.

Queda una última parte, dedicada a la ideología, propia de los monopolios y de los retroprogesivos del sector eléctrico, cuyos enunciados son que las empresas privadas deben estar al servicio del gran hermano operador del sistema y transporte, en un modelo de planificación y rentas reguladas para los demás. En este sentido intervencionista, y para ser partidario de los sistemas de costes reconocidos que propugna el colectivo de retroprogresivos, esta indemnización de 2.300.000 euros evidentemente es enorme, desorbitada, aunque sea «un coste de acceso», apartado en el que paradójicamente no les duelen prendas. Naturalmente, lo que sí es claro es que estas indemnizaciones se pagan en las tarifas de acceso y se financian desde el déficit.

La pregunta es si con el despido improcedente de Luis Atienza esto se ha acabado o tendremos episodios redivivos o «déjà vues» futuros. Es decir, si un día nos encontramos con el despido improcedente de José Folgado Blanco o de Andrés Seco, ¿estaríamos en las mismas o parecidas?

CODA para el nuevo secretario de Estado de Energía, Sr. Nadal. Además de ver la foto retrospectiva de los emolumentos y las indemnizaciones que se gastan en el operador de transporte y sistema eléctrico español (superiores a la que se establece en el BOE para la responsabilidad que tiene usted encomendada), compruebe la capacidad de influencia y poder que recibe a cambio para la maximización de su valor de nuestro operador de sistema y transporte. Siempre está Vd. a tiempo de separarlos.