El déficit tarifario y la falsa moneda

La copla decía, que la falsa moneda de mano en mano va y ninguna se la queda. Y, algo así parece que pasa con el déficit tarifario. Parece que va pasando de mano en mano, de gobierno en gobierno, de administración energética (en la anterior legislatura hubo dos), de legislatura a legislatura y ninguno acomete este problema, produciéndose un efecto acumulación que puede alcanzar niveles sofocantes y que requiere una acción gestora combinada, basada en la propia culminación del proceso de liberalización de las tarifas eléctricas.

El déficit tarifario surgió en un principio como una diferencia en la estimación de las tarifas eléctricas con los costes que arroja el mercado de generación, es decir un deslizamiento en los costes de generación de la energía sobre las previsiones anuales del tope que impone la tarifa. Esto ocurría cuando las tarifas se fijaban de forma anual (ahora se fijan trimestralmente, aunque fijas, fijas, lo que se dice fijas parece que ya son), se determinaban teniendo en cuenta que la Ley del Sector Eléctrico indicaba que las tarifas debían atender a los costes y, con el transcurso de lo que pasaba durante el año, la misma podía resultar deficitaria, lo que quiere decir ser insuficiente para cubrir los costes (no ser aditiva). En los primeros años, estos déficit eran pequeños y su origen era fundamentalmente un error de cálculo motivados por la propia evolución de precios. El déficit tarifario, se financia a 15 años.

Hoy el déficit tarifario se trabaja a conciencia, es decir, es deliberado. O bien se fijan tarifas que se reconocen insuficientes desde el primer momento (en el mismo momento en que se promulga el decreto o la orden ministerial ya se sabe que están generando déficit). O bien, desde hace dos años, se convierte en un déficit ex ante (se calcula ese déficit generado el día que se aprueban y se reconoce a la vez que se fija la tarifa, de una sola tacada. Es como si hubiese un pago al contado por los consumidores y otro pago a plazo –el déficit-). Hay quien sostiene que reconocer el déficit ex ante es incumplir la propia ley en la medida que supone fijar tarifas que no cubren los costes.

Las cifras de déficit que se vienen generando los últimos años son desbordantes. En esto, cada gobierno debe ser responsable de su déficit tarifario, generado con sus decisiones tarifarias. En 2008, previsiblemente acabaremos (de acuerdo a las previsiones más optimistas), con mas de 16.000 millones de euros acumulados, una cifra que multiplica el déficit tarifario con el que este gobierno entró al poder. Bien es cierto que se ha pasado por situaciones en que los costes de generación han sido muy diferentes. Durante los gobiernos del Partido Popular, asistimos a una evolución muy favorable del dólar y a unos precios internacionales de la energía y del petróleo mucho más bajos que los de hoy. Eso, en todo caso, es un tema de mala suerte, o de planificar un mix de energía más barato, o un escenario internacional que no se puede esconder y que hay que responder de forma responsable.

Por ello, eso no quiere decir que la solución, ante un escenario diferente pueda ser la misma, incluso incrementada. Es decir, por su propio volumen y por sus distorsiones presentes y futuras: en primer lugar, el déficit se traslada, se financia a quince años; en segundo lugar el importe del déficit acumulado y financiado se va incrementando de forma acumulativa, la proporción creciente en la tarifa deja menos margen para el propio crecimiento de la misma, aumentan los intereses como costes financieros y, en momentos como el actual, con crisis de liquidez, su colocación se hace más difícil y más cara. Con todo el mayor efecto es el del espejismo de los consumidores que no saben lo que gastan y lo que comprometen al futuro. Pero hay más. Empiezan a definirse atajos regulatorios: se imponen soluciones creativas desde la esfera de los reguladores, que de facto, suponen el no reconocimiento de facto de parte del precio de la energía generada. Por ejemplo, la detracción de los derechos de emisión, la posible reinvención de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) o la determinación de precios de la energía para las casaciones de empresas que generan energía y que distribuyen de un mismo grupo por poner algunos ejemplos.

Comienza una nueva legislatura y aunque no se conoce todavía si se producirán cambios en la administración energética, parece que la voluntad para resolver este problema no está encima de la mesa. No es país, o no es el momento, para abordar problemas gestores de este calibre, con la inflación galopando y con la desaceleración económica en la nuca. En los programas políticos de los partidos no figura el abordaje del déficit tarifario para que deje de ser un mal endémico y acumulable. Las declaraciones que leemos de los partidos así lo acreditan. El punto de partida es reconocer el problema y su importancia y, en esa fase, todavía no estamos.

¿Hasta cuando esta patata caliente?