El déficit tarifario, un problema más gordo que Bankia

Los problemas recientes en el sector financiero español están dejando, lógicamente, en el segundo plano de la actualidad otros problemas de la economía española, como la caída de las exportaciones o el problema del déficit tarifario eléctrico. Si el reflotamiento de Bankia (recién cuestionado por el Banco Central Europeo) implicaría una inyección de 19.000 millones de euros, el déficit tarifario español va camino de los 24.000 millones de euros y su resolución necesariamente va a entrañar medidas de mayor calado y alcance que las decididas hasta el momento por el ejecutivo popular. En términos del quien fuera editorialista del diario El País, Manuel Azcárate, gobernar es elegir damnificados, y parece que este es el caso del sector eléctrico y de la resolución del problema del déficit.

Parece que se van esbozando las propuestas que está barajando el Ejecutivo y, en todo caso, se van filtrando o enviando globos sonda respecto de lo que pueden ser los ejes de la reforma del sector eléctrico, existiendo la confirmación de que su piloto fundamental es La Moncloa y, en concreto, la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, con Álvaro Nadal al frente. Por otra parte, de cara a valorar la evolución de este problema y de las propuestas políticas para su resolución, hay que tener en cuenta el período de amplia negociación abierto en su encuentro de la final de Copa entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, y en el que, al parecer, se dieron por fin sus teléfonos móviles.

Pasamos ahora a enunciar cuáles son los ejes de esta reforma, algunos ya conocidos públicamente, y otros que incorporamos, junto con matizaciones confirmadas por fuentes solventes a Energía Diario:

– En primer lugar, la extensión del modelo de liberalización de la tarifa hasta consumidores con potencias contratada menores. Es decir, la posibilidad de acceso a la TUR se quedaría para consumidores con potencia contratada hasta los 5 kW en lugar de los 10 kW, como hasta ahora. A la par, se mantendría un modelo de ‘bono social’ que compensase a determinados consumidores del embalsamiento de los precios de todos estos años. Una medida que permitiría la actualización de los precios de un mayor número de consumidores, a la par que fomentaría la competencia sectorial. Existe controversia política en los sectores menos liberales del Partido Popular con respecto a esta medida, dado que existe una amplia base política en su seno (los convencidos de que la economía no existe y que todo se reduce a un conjunto de decisiones políticas), que consideran que los precios del suministro eléctrico deben ser intervenidos estatalmente.

– Impuestos y tasas a la generación (peaje a la generación). Tema espinoso, en el que el Gobierno está entre dos frentes: por un lado, retroprogresivos que buscan torpedear el mercado con impuestos selectivos a las tecnologías hidráulica y nuclear en el Régimen General alterando la contabilidad financiera de las empresas, asegurando que son tecnologías amortizadas pese a los estados financieros, y, por otro lado, quienes proponen tasas indiscriminadas a la generación con independencia de la tecnología de que se trate. Aquí también existe un conflicto ideológico-político, puesto que en el propio Partido Popular hay representantes abducidos por los enunciados de los colectivos retroprogresivos de la energía.

– Impuestos y tasas a la generación renovable, que compensen los excesos retributivos en determinadas tecnologías derivados de la dejación en la administración pública de los precios y cantidades autorizadas de puesta en explotación de estas tecnologías y que, a la vez, garanticen el marco retributivo de los ingresos en un modelo de seguridad jurídica. En todo caso, el problema de los impuestos y tasas a la generación estriba en su traslación a los precios, además de la maraña fiscal autonómica asociada a la electricidad, incluyendo la tolerancia con los concursos autonómicos de potencia renovable.

– Y, finalmente, reducción más jugosa y drástica de los costes regulados en la actividad de transporte (la distribución ya se vio afectada en la última revisión tarifaria), vía financiera, legal y por la modificación de la Planificación Energética (quizá uno de los mecanismos y documentos más esotéricos en el sector energético, tanto en su elaboración, como en su seguimiento y su utilidad) que afectaría fundamentalmente a los ingresos de Red Eléctrica de España. En los costes regulados, también está en el alambre en esta propuesta la pervivencia de los pagos por capacidad (garantía de potencia).

Capítulo aparte, y exclusivo, merece el papel que el Ministerio de Hacienda debería tener en el plan para la resolución del déficit tarifario dado que, en la actualidad, Montoro no forma parte de las propuestas y soluciones conocidas (y debería serlo), sino parte del problema al haber trasladado los costes de los sistemas extrapeninsulres a la tarifa.

En todo caso, parece que todas estas medidas podrían reequilibrar de una forma u otra los costes del suministro hacia el futuro. Y, la pregunta es, ¿y con el déficit tarifario acumulado de más de 24.000 millones de euros, más que los 19.000 que costará Bankia, qué hacemos?