El Defensor del Pueblo pregunta a Industria cómo «compensará las pérdidas» del sector fotovoltaico

La institución presidida por Soledad Becerril está remitiendo una carta a los inversores que se habían dirigido al Defensor del Pueblo para denunciar su situación. En la misiva se describen tanto la respuesta recibida por Industria como las nuevas gestiones emprendidas ante instancias superiores del Ministerio.

Fuentes de la Asociación Nacional de Inversores de Energía Fotovoltaica (Anpier), que animaron a los inversores a usar este cauce de denuncia, consideraron que la respuesta recibida por el Defensor del Pueblo supone «un reconocimiento expreso del daño que sufren las familias productoras». Los particulares, señalaron, están recibiendo por separado una respuesta similar por parte de la institución.

En esta respuesta se les indica que la institución ya recibió un escrito de la Dirección General de Política Energética y Minas en el que se explica que el sector eléctrico está siendo objeto de una «profunda reforma» para garantizar «el equilibrio financiero del sistema».

Sobre esta base, la dirección general consideró «razonable» que los productores de electricidad a partir de fuentes renovables «contribuyan a la consecución» de los objetivos de reducción de «sobrecostes» para alcanzar la sostenibilidad financiera.

El nuevo régimen retributivo, argumentó este departamento de Industria, «garantiza» que las instalaciones de renovables «cubran los costes necesarios para competir en el mercado a nivel de igualdad con el resto de tecnologías» y obtener «una rentabilidad razonable».

Tras recibir este escrito, el Defensor del Pueblo da por finalizada su actuación ante la dirección general, pero al mismo tiempo eleva una consulta a la Secretaría de Estado dirigida por Alberto Nadal para solicitar información sobre las medidas para compensar las pérdidas sufridas por los inversores fotovoltaicos.

Anpier, que representa a cerca de 55.000 pequeños inversores, animó a sus socios a dirigir sus quejas ante el Defensor del Pueblo. La asociación denunció el daño provocado a unos inversores que apostaron por un sector medioambientalmente sostenible al amparo de una regulación lanzada por el Gobierno y posteriormente derogada.