El Defensor del Pueblo catalán acusa al Estado de malas prácticas en la gestión del caso Castor

El Defensor del Pueblo catalán pidió que el Gobierno de Cataluña y el Parlamento autonómico presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional para invalidar el real decreto-ley por el que se aceptó la renuncia de Escal UGS, del grupo ACS, a la concesión del almacén subterráneo de gas Castor y fijó una indemnización para la compañía de 1.350 millones de euros. El Gobierno paralizó el proyecto, situado frente a las costas de Castellón y Tarragona, tras los más de 600 movimientos sísmicos detectados en la zona y atribuidos al almacén.

El Síndic calificó de «fatal» la gestión del Gobierno y cuestionó que la compensación otorgada a la compañía se haya hecho conforme a las reglas de la competencia. Asimismo, el Síndic alertó de que el decreto-ley aprobado el pasado 3 de octubre por el gobierno podría vulnerar el Tratado Fundacional de la Unión Europea en materia de ayudas de estado.

Ribó presentó las conclusiones del informe que recoge las actuaciones irregulares de la administración detectadas por entidades de defensa de los derechos de los consumidores, colegios profesionales afectados, como los abogados e ingenieros, y movimientos vecinales. Como principal irregularidad, el Síndic destacó la falta de «transparencia» y respuesta del Gobierno central sobre la información relacionada con el almacén de gas y declaró que «es necesario impugnar el real decreto-ley y pedir jurídicamente los estudios necesarios para analizar hasta qué punto se cumplió con lo previsto«.

El Síndic expuso diez recomendaciones en relación al proyecto Castor, entre las que destacan que el Gobierno dé prioridad al pago de los afectados por daños morales o materiales y que la plataforma se cierre definitivamente. Otras de las recomendaciones presentadas por el Síndic es la creación de un órgano independiente que elabore un dictamen para decidir hasta qué punto la actividad de la plataforma cumplía con la legislación medioambiental.

Además de los efectos «incuestionables» que Castor ha causado en los ciudadanos de la zona, el Síndic recordó que también causará perjuicios a otros ciudadanos españoles, que deberán asumir los costes «aberrantes» estipulados en el decreto, que estima una indemnización para la compañía de 1.350 millones de euros. El coste total estimado, que repercutirá en los usuarios del sistema gasista y los contribuyentes, es de 3.500 millones de euros, correspondientes a la indemnización, el mantenimiento de la plataforma y su posible cierre e intereses bancarios.