El Defensor del Pueblo Andaluz inicia una actuación de oficio por la construcción del gaseoducto para la producción de gas en Doñana

En los términos de la actuación, Chamizo recuerda la denuncia pública de distintos grupos ecologistas, según los cuales el proyecto en cuestión pretende ejecutarse en una zona declarada por la Unión Europea como «lugar de interés comunitario». El mismo, así, incumpliría el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales al estar ubicado en una zona A que delimita los usos y cuenta con la «máxima protección ambiental».

Según el Defensor del Pueblo Andaluz, la confirmación de estos hechos «podría suponer una infracción de la normativa vigente» y una afección «grave» de derechos contenidos en el Título primero de la Constitución y en el Título primero del Estatuto de Autonomía para Andalucía, «como el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, el derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable y el derecho a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en condiciones de igualdad».

«Considerando lo anterior, y que la administración de la Junta de Andalucía ostenta competencias en la materia, este Comisionado del Parlamento de Andalucía considera procedente iniciar una actuación de oficio con objeto de dirigirnos a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para solicitar la evacuación de informe acerca de las cuestiones planteadas que afecten a su ámbito competencial», finaliza Chamizo.

Por parte de la Junta, su postura, definida por el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, es la de priorizar la defensa de «la primera reserva ecológica europea».

El proyecto se localiza en el término municipal de Almonte, provincia de Huelva, y su objeto es la dotación de infraestructuras, adecuación y desarrollo de los emplazamientos gasíferos que conforman la zona de Saladillo, para el manejo adecuado y seguro de los caudales de producción de gas y posterior almacenamiento del mismo, en caso que dicho almacenamiento resultase viable.

En este sentido, la iniciativa tiene como primer objetivo la producción de gas natural y, como segundo, la posterior utilización de los yacimientos como almacenamientos subterráneos de gas natural, y consta de tres fases: la construcción, la operación y el abandono o desmantelamiento.

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