El CSN pide «paciencia» sobre la renovación de licencia de Garoña y el ATC y garantiza que actuará con la «máxima independencia»

Así lo señaló el presidente del CSN, Fernando Martí, durante su intervención en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, en la que aseveró que «en ningún momento ni he recibido ni he tolerado presiones de nadie, ni del sector, ni de la política, ni de nadie», así como ningún miembro del organismo. Sobre Garoña, Martí explicó que el CSN se encuentra evaluando la documentación remitida por Nuclenor tras los requisitos adicionales exigidos por el CSN ante la solicitud de renovación de explotación de la planta, por lo que se halla en «fase de estudio y posicionamiento» por parte de los servicios técnicos del consejo.

«Es una cuestión relevante desde punto vista técnico», pero «para este consejo no supone una novedad», apuntó Martí sobre la solicitud y recordó que el CSN remitió al titular el pasado 30 de julio una instrucción técnica complementaria con requisitos adicionales. También adelantó que se procederá a realizar nuevas inspecciones este mes. En cualquier caso, garantizó que el CSN actuará en este asunto «con todo el rigor técnico y la máxima independencia y transparencia», después de que Nuclenor, participada por Iberdrola y Endesa, solicitara la renovación de la explotación de Garoña hasta 2031, por lo que la planta alcanzaría los 60 años en funcionamiento. La actividad de la central, la más antigua de España, permanece paralizada desde diciembre del 2012.

Respecto a la polémica que genera la posible reapertura de la central burgalesa, el presidente del CSN rehusó entrar en los debates políticos que se están produciendo porque su misión, según insistió, es garantizar la seguridad de la planta. «Sobre el siguiente paso de Garoña, la hoja de ruta es recibir toda la información, analizar y decidir. Estamos ahora en ello. Vamos a decidir cómo se va a investigar la vasija, y en cuanto se decida, veremos qué vamos a hacer», insistió en respuesta a varios diputados de la oposición que insistieron sobre el tema.

«El debate de pasar de 40 a 60 años es un debate de política y de mix energético en el cual el CSN no puede entrar, sólo en que si a los 40, 45 o 50 años sí hay seguridad en la planta. Lo que no podemos meternos es en política energética. El CSN hace que sea seguro lo que propone el Gobierno o los reguladores y no se puede entrar en dinámicas de política energética», reiteró Martí, destacando también que con Garoña, siempre, «el nivel de exigencia es completo».

Desde el PSOE, José Segura recordó en referencia a Garoña que nunca los operadores habían solicitado «una ampliación de la operación por 20 años», cuando hasta ahora eran licencias de 10 años. Por parte de CiU, Jordi Jané exigió al presidente del Consejo que no deje de implantar en las centrales las mayores medidas de seguridad y garantía tras Fukushima. Por su parte, el diputado de la Izquierda Unida Álvaro Sanz cree que se están sometiendo a «demasiadas presiones» cuestiones como la independencia, transparencia y participación del organismo regulador nuclear.

Objetivo: hacer seguro el ATC

Por otra parte, Martí, quien presentó en la Cámara Baja el informe del organismo correspondiente al año 2013, también se refirió al proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC). El presidente del CSN, Fernando Martí, recordó que la decisión de emplazar el ATC de residuos nucleares en Villar de Cañas fue del Gobierno y su misión es hacer que este emplazamiento sea seguro. Marti respondió así a la petición de varios diputados de la oposición que pusieron de manifiesto que el propio CSN ha cuestionado en informes internos la idoneidad del emplazamiento de Villar de Cañas.

De hecho, el diputado del PSOE, José Segura, pidió una sesión monográfica en el Congreso donde se explique esta situación. «Hay informes que manifiestan que el emplazamiento es inadecuado pero el que vale es el último informe del CSN», indicó el socialista, para lo que Martí señaló que los miembros del CSN estarán encantados de recibir a los diputados y proporcionarles las explicaciones oportunas. Además, el diputado de CiU, Jordi Jané, reflejó que «hay elementos que preocupan como que pudiera haber alguna oquedad por la presencia de yeso en los terrenos. Aspectos técnicos por solventar».

En este sentido, Marti aseguró que se van a tomar «todas las medidas» que sean necesarias para hacer que «el conjunto de suelo y la estructura sean idóneas desde el punto de vista de seguridad«. «Si sobre este suelo es mejor que otro, el Consejo no puede entrar porque es una decisión previa del Gobierno que decidió que ya era idóneo», añadió, indicando que hay un departamento de cinco personas en el CSN que se encarga de analizar y trabajar por hacer viable la idoneidad de este suelo de Cuenca.

El presidente del CSN recordó también que la función del organismo con la instalación se ciñe a todo el ciclo de su vida, al diseño, construcción, puesta en servicio, operación, y a su desmantelamiento y clausura. Igualmente, señaló que el pleno del CSN acordó en julio que el contenido del estudio de impacto ambiental presentado por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) era «aceptable«.

En octubre se acordó aprobar la autorización de protección física por el plazo de validez de la realización de la construcción, cuando en su caso se conceda. «En la actualidad el Consejo se encuentra en fase de estudio para la emisión del informe preceptivo sobre la solicitud de autorización previa o de emplazamiento y para la autorización de construcción; dos autorizaciones que van en paralelo», precisó el presidente del CSN.

Para la autorización previa, la valoración del CSN se centra en la documentación presentada por Enresa, detalló Martí, mientras que la autorización de construcción y evaluación se concentra en el proyecto general de la instalación, en el programa de adquisiciones, en el presupuesto de financiación y en el plazo de ejecución, así como en el estudio preliminar de seguridad, entre otros puntos. «Según la aprobación del Consejo, el informe correspondiente a la autorización previa se emitirá con anterioridad al de autorización de construcción. Esta primera autorización permitirá a Enresa realizar las labores necesarias antes de iniciar la construcción», ya que, según explicó el presidente del CSN, en este momento «no pueden ni mover la tierra«.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, tachó de «alucinante» y de «barbaridad» que se «hayan adjudicado las obras del ATC sin» los informes de evaluación ambiental. «Correr tanto no tiene más que un objetivo, lo que va a pasar en 2015 en clave electoral», consideró. Frente a todas las afirmaciones de la oposición, Guillermo Mariscal, del PP, solicitó a toda la oposición «mayor responsabilidad» a la hora de hablar del ATC porque pueden caer en el «alarmismo», cuando se trata de un almacén de espera de contenedores en el que va a primar la seguridad.

Presión del sarcófago de Vandellós

Asimismo, Martí respondió a una cuestión de La Izquierda Plural sobre el aumento de la presión del gas radiactivo en el sarcófago de la central de Vandellòs I (Tarragona), sobre lo que aclaró que el hecho «no tiene ninguna significación ni consecuencias radiológicas» para los trabajadores, el medio ambiente y la población. A este respecto, explicó que en la instalación no hay elementos combustibles, puesto que fueron enviados a Francia, ni neutrones ni reacciones nucleares, sino que «solo quedan en su interior bloques de grafito». En una reciente inspección rutinaria se constató una tendencia al aumento de la presión de la atmósfera interior del sarcófago, si bien Martí subrayó el «correcto comportamiento» de las instalaciones.

El presidente del CSN presentó en la Cámara Baja su informe anual del 2013, en el que se informa del correcto comportamiento de las instalaciones reguladas por el organismo, no habiendo supuesto ningún riesgo ni para las personas ni para el medio ambiente. En 2013 se llevaron a cabo 190 inspecciones, y las centrales de Ascó I y II, Cofrentes, Vandellòs II y Garoña permanecieron todo el año «dentro de la normalidad», mientras que las dos unidades de Almaraz y Trillo precisaron de «especial atención», pero «en ningún caso afectaron a la seguridad». Para principios de 2015 el organismo pondrá en marcha una nueva web y acometerá acciones para comunicar su labor a la ciudadanía.