El CSN emitió una «decisión favorable» a la petición que le trasladó el Ministerio de Industria para que, antes del 1 de junio de 2013, se modificara dicha orden ministerial, tras la solicitud de Nuclenor, la propietaria de Garoña. En ella, se solicita un nuevo plazo de un año para poder pedir la prórroga de la actividad en la planta más allá del 6 de julio, que es cuando finaliza el permiso vigente.

Las deliberaciones comenzaron este lunes en una reunión convocada con carácter de urgencia. Ese día, los miembros del Pleno estimaron necesario pedir al CSN más informes técnicos y, al no llegar a una decisión, la reunión se aplazó al miércoles. Entonces, los consejeros solicitaron más informes internos y la reunión terminó sin llegar a una conclusión, por lo que la cita se aplazó al jueves por la tarde. De nuevo, y sin un acuerdo definitivo, los consejeros decidieron reunirse este viernes por la mañana.

En esta reunión, el Pleno del CSN acordó esta decisión por tres votos a favor y dos en contra. El Pleno está formado actualmente, tras su reciente renovación, por los consejeros Fernando Martí (presidente), Fernando Castelló (ambos del PP), Rosario Velasco (vicepresidenta), Cristina Narbona (ambas del PSOE) y Antoni Gurguí (CiU).

En su comunicación, el organismo nuclear remarcó que la central debe permanecer en «situación de parada segura y sin combustible en el reactor».

En esta línea, el CSN sostuvo que, «para reforzar, en su caso, la seguridad de la planta», ha «impuesto la condición de que el titular no pueda introducir combustible en el reactor, sin la autorización previa del CSN», si se modificase la orden ministerial que autoriza la producción en Garoña, refiriéndose a la Orden Ministerial IET/1453/2012, de 29 de junio.

El CSN manifestó que la decisión adoptada se apoya en los informes técnicos y jurídicos, solicitados para la ocasión así como en el resultado de las evaluaciones realizadas a principios de 2013, como consecuencia de la decisión de Nuclenor de parar la central y almacenar todo el combustible irradiado en su piscina.

En la decisión final adoptada, aseguraron que se tuvieron en cuenta igualmente las condiciones de seguridad analizadas por los técnicos del Consejo para informar, al Ministerio, al respecto de las condiciones asociadas a la declaración de cese definitivo de la explotación, dado que esta es la «única situación objeto de trámite administrativo» pedida por el titular de la central «en el momento actual».

El Consejo aprovechó la revisión de Garoña y advirtió que, «para poder realizar una hipotética carga del combustible» se le exigiría una serie de cambios que pasan por las » modificaciones de diseño requeridas y establecidas en anteriores informes del CSN e instrucciones técnicas complementarias, relacionados con los programas de mejora, relativos al diseño, instalación y puesta en servicio de un nuevo sistema de tratamiento de gases de reserva, las modificaciones sobre el aislamiento de la contención y sus pruebas de fugas, las modificaciones sobre la independencia de los sistemas eléctricos y las modificaciones sobre protección contra incendios.

También que se mantenga el programa de inversiones y modificaciones de diseño asociadas a las mejoras a implantar derivadas de las lecciones aprendidas del accidente de la central nuclear Fukushima, recogidas en el informe de las pruebas de resistencia e instrucciones técnicas complementarias del CSN.

Y que se efectúe la inspección de la vasija, que permita descartar la aplicabilidad del suceso, acontecido en junio de 2012, de detección de defectos en la vasija de la central nuclear belga de Döel 3, similar a Garoña.

Aún más, se deberá llevar a cabo un programa de inspección de los manguitos de las penetraciones de los mecanismos de accionamiento de las barras de control, de las soldaduras de la vasija, y en general de todos los componentes internos sometidos a la inspección de servicio.

Los informes que emite el CSN son preceptivos, en el caso de ser positivos, por lo que ahora está en manos del Gobierno acceder o no a la petición. Si el Pleno hubiera emitido un informe desfavorable, la decisión, además de preceptiva, tendría un carácter vinculante, por lo que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo tendría que haber denegado la solicitud de Nuclenor.

Ahora, la decisión está en manos del departamento de dirige José Manuel Soria, quien reiteró en varias ocasiones que el Gobierno es «partidario» de que la planta burgalesa siga operando siempre y cuando cumpla todos los requerimientos de seguridad que dicta el regulador. Además, manifestó que el Ejecutivo no desprecia ninguna tecnología y ninguna fuente de energía en mix y que, por ello, si el CSN es favorable a la solicitud planteada, el Gobierno también lo será.

Nuclenor, empresa participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa, sostiene que está a la espera de un informe de la Dirección General de Tributos sobre la retroactividad de los impuestos del sector energético.

Cuando Nuclenor comunicó su decisión de cese definitivo de la actividad de Garoña en diciembre de 2012, ya indicó que éste quedaba supeditado a dicho informe porque entiende que determinará si es viable o no la continuidad de la planta, tras la entrada en vigor de los nuevos impuestos del sector energético.

En su consulta, Nuclenor cuestionaba a Hacienda si el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos tiene o no carácter retroactivo.

Fuentes empresariales consultadas apuntaron que esta solicitud de prórroga no altera la decisión de cese de actividad pero que, de no pedirla, Garoña estaría en una «situación irreversible» si el informe sale después del 6 de julio. Se trata de un «paso adelante para intentar salvar Garoña «, sostienen de la empresa propietaria.