El contrato con las consultoras sobre el régimen de las renovables exigía que el informe debía estar preparado antes de la aprobación de la norma

«Este análisis externo ha de estar realizado con anterioridad a la publicación del nuevo régimen especial de generación eléctrica por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo», según consta en la memoria, en la que se especifica que los trabajos debían «servirle de apoyo» en el diseño de la regulación.

Otro de los objetivos de los informes era que Industria y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) pudieran «apoyarse en ellos ante cualquier procedimiento judicial o de arbitraje nacional e internacional que se pueda poner en marcha tras la aprobación del nuevo marco regulatorio».

El encargo de los informes fue realizado por el propio secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, a través de una carta remitida el 22 de julio de 2013 al secretario general del IDAE, Arturo Fernández. Esta carta, remitida en los días en los que Industria publicó las líneas maestras de la reforma energética, alude a la «importante repercusión económica y social que tendrá la futura normativa» sobre renovables y «solicita la urgente realización de los trámites necesarios» para la contratación de las consultoras.

Esta contratación habría de realizarse «preservando una absoluta confidencialidad» y debería permitir contar con «al menos dos consultoras independientes de contrastada solvencia y reconocido prestigio», indicaba Nadal en la misiva.

El objetivo del contrato sería «la realización de un estudio que valore y establezca los estándares de costes de inversión y operación de las tecnologías de generación de electricidad que operan en régimen especial en España», esto es, las renovables y la cogeneración.

El propio Nadal indicó esta semana que los trabajos de las consultoras eran solo «de contraste» y se mostró confiado en que la inexistencia de los informes antes de la publicación de la nueva regulación no afecte a los recursos presentados por el sector ante el Tribunal Supremo.

Al solicitar el Tribunal Supremo los informes de las consultoras, el departamento dirigido por José Manuel Soria aportó un informe de Roland Berger con fecha posterior a la publicación de la norma, así como una nota en la que se da por rescindido el contrato con Boston Consulting Group.

En el pliego de condiciones del contrato de «servicio de asistencia especializada» al Ministerio, que es como se conoce al de las consultoras y que tiene fecha de 23 de julio de 2013, se indicaba que, ante la «urgencia» de los análisis, el plazo de ejecución de los trabajos sería «de seis semanas desde la firma del contrato».

En este pliego, sí se alude, al describir la «justificación de imperiosa urgencia», a la necesidad de que los informes sirviesen para «contrastar las hipótesis elaboradas por el IDAE, dada la enorme repercusión económica y social que tendrá esta regulación». Eso sí, insiste en que el trabajo «deberá haberse realizado antes de la aprobación del nuevo régimen regulador».