El Constitucional suspende la ley cántabra que prohíbe el fracking mientras analiza su contenido

El Pleno, encabezado por el presidente de la institución, Francisco Pérez de los Cobos, acordó también la suspensión automática de la aplicación de la norma recurrida, aprobada el pasado 15 de abril, al haber invocado el Gobierno en su recurso la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, según el cual el Gobierno «podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses«.

El Tribunal resolvió dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Cantabria, que dispondrán de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones, según se señala en la providencia dictada hoy.

La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá en próximas fechas.

Hay que recordar que Cantabria se convirtió en la primera comunidad autónoma española en prohibir la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional, a la que se sumó Cataluña el pasado 27 de enero.

Cantabria pedirá que la ley se declare constitucional

Por su parte, el Gobierno de Cantabria pedirá al Tribunal Constitucional el levantamiento de la medida cautelar que suspende la ley autonómica que prohíbe la utilización de la técnica de la fractura hidráulica en la comunidad, y que declare constitucional la citada Ley, de 15 de abril, según anunció el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández.

Por su parte, el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, señaló que la suspensión de la ley estaba «dentro de lo probable» y ha asegurado que «no nos preocupa» porque la voluntad del Gobierno de Cantabria «quedó clara en la redacción y aprobación de la ley».

Diego añadió que la posición del Gobierno de Cantabria contra la práctica del fracking en la región se va a «seguir afianzando en breve, apoyándonos, como ya hemos dejado claro, en la Ley del Suelo y el planeamiento urbanístico de cada municipio, y trasladando tranquilidad a los ciudadanos en el sentido de que el fracking no se llevará a cabo en Cantabria».

El consejero explicó que su departamento ya «daba por hecha» la suspensión desde el momento en que el Gobierno interpuso el recurso, el 27 de enero, por lo que la providencia del Tribunal Constitucional es «la constancia formal de algo que teníamos constancia por la Administración General del Estado». De hecho, cuando el Gobierno regional anuló la semana pasada el único permiso regional de fracking, el «Arquetu», no lo hizo en base a la ley de Cantabria porque «daba por hecho que estaba suspendida».

Al hilo insistió en que se trata de una cuestión «automática» ya que el Tribunal Constitucional no puede hacer otra cosa que suspender automáticamente la ley autonómica cuando la Administración General del Estado la impugna y ahora se abre un periodo de cinco meses para decidir sobre la suspensión y un plazo de 15 días para formular alegaciones.

En este sentido, Fernández avanzó que las alegaciones del Gobierno irán en dos frentes: el levantamiento de la suspensión cautelar hasta que se dicte sentencia, un tema «importante pero meramente transitorio»; y la constitucionalidad de la norma. «Lo importante» para el Gobierno es que el Tribunal Constitucional «nos de la razón en el fondo del asunto», señaló.

Con relación al resto de permisos de fracking en Cantabria, es decir los cinco estatales (Luena, Bezana, Bigüenzo, Angosto-1 y Usapal) que afectan también a otras provincias vecinas y fueron autorizados por el Ministerio de Industria durante el Gobierno del PSOE, el consejero subrayó que se exigirá que cumplan «con todos los requisitos legales», incluido el de la compatibilidad urbanística.

«Nosotros dejamos muy claro al anular el permiso «Arquetu» que no vamos a permitir ninguna actuación en suelo rústico de especial protección dirigida a realizar el fracking si no tiene la compatibilidad urbanística«, enfatizó. Y sentenció que, por tanto, «en los suelos de especial protección no se va poder hacer fracking».

Los ecologistas ven «lamentable» la paralización de la ley

Greenpeace y Ecologistas en Acción mostraron su disconformidad con la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la ley «antifracking» de Cantabria, lo que supone la suspensión de su aplicación hasta que concluya el procedimiento.

El responsable de la Campaña de Energía de Greenpeace, Julio Barea, consideró «bastante lamentable» que el recurso del Gobierno suponga la paralización de la ley cántabra. «El Gobierno, con el ministro Soria a la cabeza, no hace más que apoyar la búsqueda de hidrocarburos de todo tipo y en cualquier lugar, como gas no convencional o petróleo en Baleares o en Canarias», señaló.

Barea defendió la norma de Cantabria contra la fractura hidráulica porque «protege la salud de los ciudadanos, el medio ambiente y el territorio cántabro», al tiempo que recalcó que se trata de una ley aprobada en el Parlamento regional.

Recriminó al Gobierno de Mariano Rajoy que apueste por «un nuevo modelo energético sucio, contaminante y nocivo, y que acabe con las energías renovables, que es lo que ha hecho el ministro Soria con su última reforma eléctrica».

Por su parte, Paco Ramos, miembro de la Comisión de Energía de Ecologistas en Acción, señaló que la suspensión temporal de la ley «antifracking» de Cantabria «entra dentro de la lógica normal del Gobierno central de apoyar la fractura hidráulica».

Ramos indicó que el Parlamento de Cantabria nació de «un gran movimiento social» que convenció a sus dirigentes políticos de los perjuicios del fracking y confió en que, finalmente, el procedimiento del Tribunal Constitucional se resuelva a favor de la ley regional.

Comentó que, a pesar de la paralización de la ley, el Gobierno cántabro no debería autorizar ningún proyecto relacionado con el fracking y que las empresas del sector «no podrán correr en el sentido de que no saben qué va a resolver el Constitucional».