El Consejo Valenciano de Cultura pide la suspensión definitiva del almacén subterráneo de gas Castor

El CVC aprobó en sesión plenaria un informe realizado por su Comisión de Ciencias sobre la planta de gas en el que pide, además de su suspensión, el desmontaje de todos sus elementos sin que los ciudadanos tengan que asumir ningún coste derivado de esta «fallida inversión empresarial». En la citada Comisión se produjeron diversas comparecencias, entre las que destacó la de Recaredo del Potro, responsable de Escal-UGS, la empresa concesionaria de Castor. De los datos aportados en las comparecencias y la documentación recopilada, el Consejo Valenciano de Cultura considera que «todo induce a considerar la existencia de una íntima relación entre los seísmos y los trabajos de la planta Castor», actualmente sin actividad por decisión del Gobierno, que está a la espera de más informes para decidir su futuro.

En el informe del CVC, este organismo advierte de que en las dos versiones del estudio de impacto ambiental presentadas por la empresa en 2007 y 2008 «se obviaron» las recomendaciones del Observatorio del Ebro y se descartó la posibilidad de riesgos sísmicos. Considera además «algo inédito» que la autorización del proyecto contemplara que, en caso de caducidad o extinción de la concesión, la empresa tuviera derecho a recuperar la inversión efectuada, con una compensación por el valor neto contable de las instalaciones siempre que estuviesen operativas, «incluso en caso de que el Gobierno español apreciase dolo» o «malas praxis».

Una vez terminados los trabajos preparatorios, en junio de 2013, comenzó la inyección de gas colchón, utilizado para adecuar el depósito, con un volumen de 600 millones de metros cúbicos. En septiembre de 2013, al «forzar la inyección», comenzaron a sentirse, en las poblaciones costeras de su entorno, terremotos que «además de incrementar su frecuencia lo hicieron también en su magnitud» llegando a los 4,2 grados en la Escala Richter.

Añade el CVC que, aunque los responsables de la planta negaron cualquier relación con los seísmos, y solo reconocieron la «sismicidad inducida», la alarma social e institucional provocó que el día 16 de octubre se cerrase temporalmente la operatividad de la planta. «Por todo lo analizado», señala, «induce a considerar la existencia de una íntima relación entre los seísmos y los trabajos de la planta» y por ello trasladará este informe a las instituciones valencianas.

Piden protección ante las prospecciones

La consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, reclamó a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que la evaluación de impacto ambiental de las posibles prospecciones de hidrocarburos en el litoral valenciano sean negativas. Para ello, Bonig aportó estudios elaborados por la propia consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que consideran que demuestran el impacto negativo que estas prospecciones tendrían sobre el entorno.

«Las prospecciones de hidrocarburos suponen un ataque frontal contra los intereses turísticos y medioambientales de la Comunitat Valenciana, ya que toda la costa valenciana resultaría gravemente afectada», señaló la consejera Isabel Bonig. «Concretamente, el impacto negativo de estas prospecciones alcanzaría a un total de 33 municipios con playa de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, entre Burriana y Jávea, así como a todos los términos municipales desde los que se divisa el mar», manifestó.

La consejera valenciana destacó que también se verían afectados tres de los parques naturales «más valiosos y emblemáticos» de la Comunitat, como las Columbretes, la Albufera de Valencia y el Macizo del Montgó, en los que se generaría «un daño ambiental irreparable, y afectarían de manera negativa sobre toda la biodiversidad marina, especialmente a las poblaciones de cetáceos y tortugas, a las praderas de posidonia y a los recursos pesqueros».

En el transcurso de la reunión, el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Marina a Columbretes lo que conlleva que los planes, programas o proyectos que, sin tener relación directa con la gestión del lugar, pueda afectar de forma apreciable a estos lugares deban someterse a evaluación ambiental para estudiar las repercusiones sobre los mismos. «Por ello, la postura del Ejecutivo valenciano, siempre ha sido clara y nítidamente opuesta a que se realicen prospecciones petrolíferas en el litoral de la Comunitat Valenciana, porque consideramos estas actuaciones una agresión frontal a nuestro modelo de desarrollo», proclamó la consejera Bonig.