El Consejo de Administración de Enresa nombra presidente a Juan José Zaballa, director de Paradores

Zaballa era hasta este jueves director general de Paradores y se convierte en el quinto presidente de la Enresa tras los mandatos de Francisco Gil-Ortega (2012-2015), Juan Manuel Kindelán (1985-1994), José Alejandro Pina (1994-1996 y 2004-2012) y Antonio Colino (1996-2004).

El nuevo presidente de la empresa estatal encargada de la gestión de los residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado de las instalaciones radiactivas españolas, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Master en Administración de Empresas y Diploma de Estudios Avanzados.

Además, es técnico Comercial y Economista del Estado y ocupó diversos puestos en la Administración tanto en España como en el extranjero.

Según consta en su currículum, fue nombrado presidente-director General de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo y posteriormente pasó al sector privado, donde gestionó dos fondos de capital-riesgo.

Asimismo, tiene experiencia académica ya que ha impartido y dirigido cursos de postgrado en materias de economía y administración de empresas en la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III y la Universidad Rey Juan Carlos.

Zaballa sustituye en el cargo a Gil-Ortega, quien presentó su dimisión al vicepresidente del Consejo de Administración, Cayetano López, y al Ministerio de Industria, Economía y Turismo.

En el comunicado publicado por la empresa para comunicar su dimisión se indicaba que ésta se haría «efectiva transcurrido el plazo de preaviso previsto en el contrato mercantil del señor Gil-Ortega», lo que podría haberse prolongado durante quince días. Sin embargo, el plazo no llegó a tres jornadas.

Zaballa tiene por delante proyectos como el desmantelamiento de la central nuclear de José Cabrera (Guadalajara), que este miércoles cumplió cinco años desde que comenzaron los trabajos y, sobre todo, el cometido de llevar a buen término el proyecto de almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado.

Este proyecto, ubicado en Villar de Cañas (Cuenca), está pendiente de las autorizaciones de emplazamiento y de construcción solicitadas al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Además, en este proceso, se deben licitar las obras, a las que aspiran ocho candidatos. Los contratos pendientes de adjudicar o adjudicados para el ATC suman un importe cercano a los 240 millones de euros.

El ATC almacenará un total de 12.816 metros cúbicos de material durante, al menos, 60 años, hasta que se encuentre una solución definitiva para albergar los residuos radiactivos.

Los ecologistas lamentan que Zaballa no tenga formación nuclear

Por su parte, Ecologistas en Acción y Greenpeace calificaron de «error» la decisión de Enresa de nombrar a Zaballa presidente de la empresa encargada de la gestión de los residuos radiactivos españoles porque carece de formación nuclear.

Así, el responsable de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, consideró que «no es adecuado» por parte del Gobierno coger a todos los gestores de empresas públicas y moverlos «como comodines». «No es adecuado. No es lo mismo gestionar paradores que un cementerio nuclear», subrayó.

Además, valoró como «catastrófica» la gestión de Gil-Ortega, de quien cree que fue colocado por motivos políticos, para que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, «tuviera el control del ATC».

Sobre la etapa de Gil Ortega explicó que tuvo que lidiar con «dos cosas graves». La primera, a su juicio, que los terrenos son «inadecuados» para albergar el «cementerio nuclear» porque no se puede garantizar la cimentación del edificio durante al menos 60 años, porque los terrenos tienen debajo un acuífero muy superficial y oquedades que son dolinas y pueden dar al traste con el edificio, al tiempo que el terreno tiene arcillas expansivas que pueden crecer con la lluvia.

Castejón añadió que el segundo problema fueron «las prisas» en este año con «varias citas electorales» en las que cree que Gil Ortega tuvo presiones para tener adjudicada una empresa antes del mes de mayo. «Era insensato y además ilegal querer licitar incluso sin los permisos del CSN y sin conocer sus exigencias», apuntó.

Por ello, opinó que el nuevo presidente, pese a su perfil, debería paralizar la adjudicación de las obras hasta esperar a «los designios» del CSN, algo que podría pasar del mes de mayo. «Será la primera batalla electoral con el ATC como protagonista», comentó.

Respecto al nombramiento de Zaballa, manifestó que se puede ser muy buen gestor de Paradores, pero no de algo «tan técnico» como la gestión de los residuos radiactivos, el diseño del ATC y la ampliación de El Cabril. «Nos parece que Gil ortega fue contestado dentro de Enresa por su bajo perfil y Zaballa será contestado igual o más. No se puede dejar en manos de criterios políticos estas decisiones. Es claramente un error», sentenció.

Por último, Castejón señaló que su candidato ‘ideal’ sería un presidente de Enresa «con solvencia técnica, que conozca el sector nuclear, que desde el punto de vista político fuera transparente y que fuera dialogante y escuchara a los técnicos, la población y las ONGs».

En definitiva, vaticinó que a partir del mes de mayo, la vida de Zaballa al frente de la empresa estatal «será mucho más complicada» y que su final en Enresa será el final de esta legislatura».

Por su parte, la portavoz del área de energía de Greenpeace, Raquel Montón manifestó la «preocupación» de la ONG por el nombramiento de Zaballa porque «no está técnicamente formado, ni tiene conocimiento ni capacidad para la empresa que va a presidir».

Igual que Castejón, Montón consideró una «evidencia» que Gil Ortega fue colocado para gestionar el proyecto del ATC y cree que ahora la vicepresidenta del Gobierno le obliga a dimitir por «las prisas que se estaba dando en adjudicar las obras, con un montón de inconvenientes, entre otros, que el proyecto no tiene estudio de impacto ambiental».

A su juicio es «totalmente irresponsable» que se primen intereses económicos y políticos en un proyecto cuya duración mínima son 60 años. En este sentido, insistió en que el ATC es un proyecto «muy costoso» que lleva «muchos retrasos» y que «atañe a la seguridad nuclear de este país» y lamentó que de momento se han obviado las condiciones técnicas y de seguridad radiológica.