El Consejo Constitucional francés valida la prohibición de explotar gas y petróleo de esquisto en su territorio

El Constitucional, máximo órgano de interpretación de la Carta Magna, rechazó los cuatro argumentos presentados por el grupo estadounidense contra la ley aprobada el 13 de julio de 2011, que consideró «conforme a la Constitución».

En su sentencia, el Constitucional estimó que el Legislativo persigue «prevenir los riesgos (…) para el medio ambiente» que presenta la explotación de hidrocarburos a través de la fragmentación de la roca por inyección de agua a presión, para obtener gas o petróleo de esquisto.

Schuepbach, que había visto cómo el Gobierno anulaba los permisos de explotación de dos yacimientos en el sur de Francia, consideraba que la ley no garantizaba el principio de igualdad, ya que sí reconoce el uso de ese sistema para la explotación de la energía geotérmica.

Sin embargo, el Constitucional avaló esa diferencia porque «el legislador «considera que no presenta el mismo riesgo para el medio ambiente».

«El Constitucional concluye que la restricción a la investigación y la explotación de hidrocarburos (con este método), en el estado actual de conocimientos técnicos, no tiene un carácter desproporcionado», indicó.

El abogado de la petrolera, Marc Fornacciari, expresó su desacuerdo «desde el punto de vista técnico» con la opinión del Constitucional. «Cuestionamos este argumento técnico y creemos que el principio de precaución no debe autorizar una prohibición», indicó el abogado a la televisión BFMTV.

La sentencia supone un espaldarazo a la decisión del presidente, François Hollande, de prohibir la explotación de gas y petróleo de esquisto en nombre del principio de precaución, dados los elevados riesgos medioambientales que representa a su juicio.

«En el estado actual de conocimiento, nadie puede afirmar que la explotación de gas e hidrocarburos de esquisto por fractura hidráulica, única técnica conocida en la actualidad, esté exenta de riesgos importante para la salud y el medio ambiente», indicó Hollande en septiembre de 2012.

En el seno del Ejecutivo algunas voces, como la del ministro de Industria, Arnaud Montebourg, se mostraron favorables a esta técnica, que permitió a países como Estados Unidos reducir de forma importante su dependencia energética exterior.

Pero Hollande, que durante la campaña electoral que le llevó al Elíseo el año pasado prometió prohibir esta técnica, se mostró siempre firme, lo que le validó el respaldo de los ecologistas, que sustentan su Gobierno y que cuentan, incluso, con dos ministros.

El Ejecutivo anuló hasta ahora los permisos de explotación de dos yacimientos, los de Nant y Villeneuve-de-Berg, de la petrolera Schuepbach, y otro de Total en Montélimar, también en el sur del país.

El diario económico francés «Les Echos» indicó que Schuepbach estaba dispuesta a demandar al Gobierno una indemnización de 1.000 millones de euros por el rechazo de su licencia, una información que se negó a confirmar el letrado de la compañía.

El ministro de Ecología, Philippe Martin, consideró la sentencia «una victoria jurídica, ecológica y política» del Gobierno, que «apuesta por la transición energética hacia las energías renovables».

Para el ministro, la decisión del Constitucional convierte en «jurídicamente inatacable» a la ley de 2011, reconoce «los riesgos para el medio ambiente» que representa esta técnica y avala la política gubernamental de reducción de consumo de hidrocarburos para reducir un 30% el uso de energías fósiles en el horizonte de 2030.