El consejero que soñaba con un impuesto a las empresas eléctricas y un bidón de gasolina

Seguramente que para entender determinadas noticias es necesario contar con todos los datos y con una visión retrospectiva y de contexto que les dé sentido. Y, eso es lo que es necesario realizar con la noticia con la que el viernes el rotativo económico Cinco Días abría su portada a cinco columnas. La noticia hablaba de manera suficientemente ambigua con el siguiente titular: «Castilla y León puede imponer a las eléctricas una tasa medioambiental. La CNE da su visto bueno«. La noticia se basaba en un teórico informe de la Comisión Nacional de Energía en el que supuestamente el organismo daba «vía libre» para fijar impuestos a las Comunidades Autónomas a troche y moche, sin aparentes consecuencias ni para los ciudadanos, ni para la factura, ni para la tarifa, ni para los consumidores, ni para el mercado eléctrico.

En el fondo de esta interpretación subsiste una tentación ilusoria a relamerse en torno a la posibilidad de aplicar impuestos que recaigan sobre las empresas: el mejor de los mundos posibles para los partidarios del intervencionismo y de las vías expropiatorias.

La historia de la noticia

El pasado mes de diciembre, cuando las empresas eléctricas decidieron utilizar las vías judiciales frente al decreto del carbón nacional, la Junta de Castilla y León, visiblemente molesta con esta decisión empresarial de ejercicio de derechos, amagó con la fijación de una tasa medioambiental a la generación de energía eléctrica en esa Comunidad. Fruto de esta amenaza, a finales de enero la Junta de Castilla y León remitió a la Comisión Nacional de Energía una consulta al respecto, en tres líneas: la posibilidad de la fijación de esta tasa, la posibilidad de que las empresas pudieran aplicar recargos a los consumidores castellano-leoneses o la posibilidad de que el Ministerio de Industria autorizara estos recargos. Todo ello de acuerdo con lo contemplado en la Ley del Sector Eléctrico.

El pasado jueves, el Consejo de la Comisión Nacional de Energía trataba la consulta en su convocatoria ordinaria. En la nota de prensa, difundida posteriormente se recogía de lo siguiente:

Responder a la consulta planteada por una Comunidad Autónoma sobre la posibilidad de gravar las actividades eléctricas con tributos de carácter autonómico o local de carácter medioambiental.
A este respecto, se señala que creado un tributo de tales características, el artículo 17.4 de la Ley del Sector Eléctrico prevé que «al peaje de acceso se le podrá incluir un suplemento territorial», y el artículo 18.5 de la misma Ley prevé que «a la tarifa de último recurso se le podrá incluir un suplemento territorial». De esta forma, la creación de este tributo podría generar un suplemento sobre el peaje y sobre la tarifa de último recurso, que habría de pagarse en los territorios en los que se cree el mismo.

El suplemento territorial debería aparecer desglosado en la facturación al usuario, por imposición del artículo 18.6 de la Ley del Sector Eléctrico, en consideración tanto al principio de transparencia como al de unidad tarifaria que afecta a los peajes y a la tarifa de último recurso.

A día de hoy, todavía no está publicado el mencionado informe en la web del organismo, y no tenemos noticias de que sea un asunto que se vaya a hacer público, dado que, en sí ,no es un Informe, sino una consulta de una Comunidad Autónoma. Por tanto, a la vista de esto: ¿es verdad que la CNE da el visto bueno a la fijación de impuestos o tasas a la generación de electricidad sin consecuencias? ¿Es lo que quería la Comunidad Autónoma (que tras mucho sigilo en la nota de prensa, se desvela en la prensa sepia un día más tarde de tratar el informe en la CNE)? ¿La Junta de Castilla y León desea exponerse a que el recargo se le facture de forma desagregada a los ciudadanos en sus facturas eléctricas?

Así, el viernes el rotativo económico Cinco Días abría su edición a cinco columnas (por encima de los resultados de las empresas y de la crisis de los mercados del crudo por los acontecimientos de Libia) con este asunto, sugiriendo una línea interpretativa que, al día siguiente, refrendaría el consejero de la Comisión Nacional de Energía, el leonés Jaime González en unas declaraciones recogidas por Europa Press. El consejero afirma que un impuesto así no puede afectar a la tarifa, dado que, pese a la Ley, el Ministerio de Industria no lo ha hecho hasta el momento, lo cual es lo mismo que pedir que todo el monte es orégano.

Primera pregunta, por tanto, ¿quién tiene las manos azules? Y segunda, ¿esta crónica se podría haber titulado «La Junta de Castilla y León podría subir la luz a sus ciudadanos con un nuevo tributo medioambiental»? En ese caso, como en el título de la obra de Stig Larsson, el consejero habría puesto un bidón de gasolina electoral en el camino de la Junta de Castilla y León.

Por tanto, con semejante estado de cosas, hay que exigir que este informe se haga público en la página web del organismo y se conozca la realidad y el alcance de ese pseudopermiso de la CNE a la fijación de impuestos autonómicos sin consecuencias. La CNE no puede dejar un tema de estas características en este grado de ambigüedad. En primer lugar, por transparencia pública como organismo regulador público con responsabilidades sobre el sector eléctrico y los mercados. En segundo lugar, porque puede y debe servir para que las Comunidades Autónomas, en grave situación financiera y tentadas de fijar tributos o tasas a la generación de electricidad, tengan claro el marco en que se mueven. En tercer lugar, porque no hay información que no pueda ser pública o que necesite reserva, no debe ser esta cuestión un asunto reservado. Y, finalmente, en cuarto lugar, y por una cuestión más contingente, porque ya se ha filtrado e interpretado por un Consejero, lo que permite que se hagan los dedos huéspedes.

Lo razonable, en todo caso, es que vuelva la racionalidad. La Junta de Castilla y León deberá ponderar los argumentos jurídicos (y políticos) de una medida de estas características y, una vez concluído (por la vía del acuerdo) el conflicto del carbón nacional (claramente peligrosas para los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma y fruto de una reacción vengativa en medio de un calentón), estas propuestas no deberían pasar a mayores.