El consejero de la CNE José Sierra afirma que los problemas que plantea la opa de Enel y Acciona no se resuelven «con la imposición de numerosas condiciones»

En el voto particular en relación con la resolución de la Comisión Nacional de Energía sobre la solicitud de Acciona y Enel de llevar a cabo su opa y tomar el control conjunto sobre Endesa, el consejero José Sierra se manifiesta claramente a favor de denegar esta solicitud y explica que, aunque comparte el examen de riesgos que figuran en la resolución de la CNE, considera que los problemas no se resuelven con las 12 condiciones que la Comisión ha impuesto a la operación.

El consejero recuerda que la función 14 de la CNE tiene como objetivo velar por los intereses generales de la política energética española y por la seguridad pública en los procesod de concentración empresarial. Pero, al mismo tiempo, según expone Sierra, la ausencia de interconexiones con Europa produce un aislamiento físico que provoca que la seguridad de suministro sea una responsabilidad exclusivamente española.

La principal razón por la que el consejero se opone a que Enel tome el control de la española Endesa se encuentra en el hecho de que la compañía italiana «está obligada legalmente a defender los intereses esenciales de Italia, por encima de criterios de mercado», y por ello -entre otros aspectos- tiene limitada la participación de los accionistas privados. Además, el Gobierno italiano tiene la prerrogativa de condicionar y vetar sus decisiones más importantes. A pesar de las advertencias de la UE al respecto, denuncia Sierra, el Ejecutivo italiano no ha puesto medidas correctoras.

En consecuencia, Sierra considera que es inaceptable que «se pretenda extender a terceros países la vigencia de esas servidumbres gubernamentales propias mediante la adquisición del control de la empreas energética más importante de España; se perturba así el funcionamiento de los mercados, lo que constituye una amenaza real a la seguridad de los mismos, en particular por los conflictos de intereses». El consejero estima que, tratándose de un problema de fondo, la única condición que puede acabar con este problema es que el Gobierno de Italia renuncie a sus poderes especiales sobre Enel y le permita comportarse con criterios puramente mercantiles.

Existe un problema adicional a escala europea, en opinión de José Sierra, y consiste en que la «seguridad pública», a la que hace alusión el consejero en el caso de Enel con Endesa, no está regulada en la Unión Europea, ya que ni la UE tiene competencias para ello y porque no es posible hacer una regulación concreta sobre el tema. Por ello, una vez más, Sierra estima que mientras Enel esté en manos del Gobierno italiano, su control de Endesa amenaza al mercado español y a la seguridad pública.

Por último, Sierra se pregunta cuál es la justificación de la participación pública en las empresas en un mercado interior europeo, y señala que aunque en la Unión Europea existe libertad de circulación de capitales, no ocurre lo mismo con la energía.