La propuesta, que recibió 17 votos a favor, 18 en contra y tres abstenciones, fue rechazada por los diputados que para tomar decisiones sobre la normativa que regula la TUR hay que esperar a las conclusiones que elabore la subcomisión del Congreso creada para analizar la estrategia energética de España para los próximos 25 años.

Durante la defensa de la proposición, el diputado del PP, Antonio Erias, aseguró que el Gobierno pretende subir los peajes de acceso a pesar de que aún continúan las negociaciones entre socialistas y populares para un pacto de Estado en materia energética, que, como primer paso, conllevó la congelación de la TUR en julio.

«El PP se fijó dos líneas rojas» en torno al pacto energético, como son el mantenimiento de la central nuclear de Garoña y la congelación de la TUR y de los peajes mientras no mejore la situación económica, advirtió Erias, que recordó que la maltrecha situación de las economías familiares debido a la crisis y a la política energética «descarrilada» del Ejecutivo.

El diputado socialista Diego Moreno calificó la propuesta del PP de «inaceptable» y pidió a los populares que sean «pacientes y respetuosos» con el trabajo de la subcomisión, al tiempo que recordó que los usuarios más vulnerables pueden acceder al bono social eléctrico, que congeló las tarifas a precios de enero de 2009.

Los peajes o tarifas de acceso remuneran costes regulados del sistema eléctrico, como las primas a las renovables, el transporte o la distribución, y las pagan todos los consumidores de electricidad.

En el caso de la TUR, a la que pueden acogerse usuarios con potencias inferiores a los 10 kilovatios (hogares y pymes)-, los peajes son uno de los competentes utilizados para su cálculo, junto a los impuestos y el precio de la energía determinados por subastas.

Por otra parte, la Comisión de Industria rechazó, por 3 votos a favor, 18 en contra y 17 abstenciones, la proposición no de ley presentada por el BNG en el que se pedía la modificación del real decreto que incentiva el consumo de carbón autóctono para que éste no perjudique a las centrales eléctricas que queman carbón importado, como las coruñesas de As Pontes y Meirama.

Según el diputado del BNG Francisco Jorquera, en su actual redacción, el decreto, que será examinado la semana que viene por Bruselas, encarecerá artificialmente la producción eléctrica, generará un incremento de las emisiones y provocará en el mercado eléctrico mayorista (pool) problemas más graves que los que pretende solucionar.

Recordó que, si se mantiene en su actual redacción, la Xunta ha anunciado que recurrirá el real decreto ante el Supremo y las instancias judiciales europeas.

La Comisión también rechazo, por 4 votos a favor y 34 en contra, la petición de CiU de rebajar un 20% el precio de la luz a consumos no domésticos de carácter productivo en las áreas comprendidas en un radio de 20 kilómetros alrededor de una central nuclear, con el objetivo de fomentar el desarrollo económico de estas zonas.

Mientras, el diputado Jordi Jané defendió que esta iniciativa fomentaría la instalación de industrias en zonas adyacentes a las centrales nucleares, el resto de grupos consideraron que no se puede subvencionar a unos consumidores a costa de otros.