Durante el turno de fijación del posiciones, el Grupo Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la cámara, y UPN votaron en contra de las enmiendas a la totalidad para la devolución de este proyecto de ley y que fueron presentadas por el PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, PNV y BNG, y que respaldaron también Amaiur y CC-NC.

El portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Industria, Antonio Erías, consideró «absolutamente falso» que el proyecto presentado por el Gobierno sea un «parche regulatorio» o perjudique la competitividad de la industria española, como apuntan las enmiendas, y dijo que la reforma busca un sistema sostenible en el largo plazo.

Además criticó a los grupos de la oposición porque, a su juicio, no tienen en cuenta la «severa crisis fiscal» que creó el déficit de tarifa, generado porque los ingresos del sistema eléctrico no son suficientes para cubrir los costes.

Subrayó que la «prioridad» del Gobierno es acabar con el déficit de tarifa, por sus efectos «negativos y distorsionadores» y porque «de no hacerlo tendría consecuencias cada vez más insostenibles sobre el sistema» eléctrico.

Para ello, es «necesario» recurrir a la fiscalidad como las acciones propuestas en la normativa que ayuden a paliar el déficit, el cual frena el desarrollo del sector energético.

Erias denunció la «mala praxis regulatoria para el despegue de las energías renovables» aplicada en los últimos años mediante un sistema «manifiestamente deficiente».

PSOE: «El pago del déficit recaerá exclusivamente en los consumidores»

El diputado socialista en materia de Industria, José Segura, defendió su enmienda a la oposición porque consideró que la norma elevará el precio de la electricidad en el mercado y tendrá su reflejo en la tarifa eléctrica y, por tanto, el pago del déficit recaerá «exclusivamente» en los consumidores, las empresas de renovables y en las de cogeneración.

En este sentido, Segura afirmó que los nuevos impuestos recogidos en el proyecto encarecerán la factura eléctrica hasta un 8% para los consumidores domésticos y hasta un 15% para los industriales.

Según los cálculos que manejó, con la entrada en vigor de esta norma para el próximo 1 de enero, el Gobierno recaudará 2.900 millones de euros de los que 2.000 serán aportados por los consumidores, 700 por las empresas renovables y de cogeneración, y los 200 millones restantes por parte de las hidroeléctricas.

El diputado socialista reconoció que es «justificada y razonable e incluso obligada» la pretensión del Gobierno de reducir el déficit de tarifa, pero con esta norma «ni se modifican las causas ni se ataca la raíz de su génesis». Por ello, entiende que «no es la reforma que necesita el sector eléctrico», puesto que no contribuirá ni a minorar la dependencia exterior, ni a contener las emisiones ni a crear empleo de calidad.

En este sentido, Segura subrayó que la norma «va a encarecer sin duda alguna la tarifa» y, a la vez, «penalizará las renovables y las centrales de cogeneración», así como que la futura ley se manifiesta «claramente ineficaz en la lucha contra el déficit de futuro».

Asimismo, criticó que la normativa no va al origen del problema del déficit y aseguró que incluso podrían verse «visos de inconstitucionalidad» por ser contrario a los principios fiscales de España, al considerar que el reparto de la carga fiscal es injusto y por tener un aspecto «confiscatorio».

Por último, recalcó que el Gobierno ha perdido la oportunidad para atajar realmente la «difícil sostenibilidad financiera que amenaza el futuro del sector energético» y hacer una reforma en «profundidad» para abordar sus problemas más acuciantes, que es lo que se «necesita» y, en especial el eléctrico.

CiU: «Esta ley será la más anti-industrial de la Democracia»

Desde CiU, Josep Sánchez i Llibre aseguró que el proyecto en su redacción actual «va a ser muy perjudicial» para las familias, «letal» para la industria, y su aprobación «sin cambios sustantivos y relevantes, va a presuponer una exclusión de una política industrial moderna e innovadora» y la retrotraerá a los años cincuenta del siglo pasado, al tiempo que le hará perder competitividad con respecto a empresas de otros países europeos.

En esta línea, el diputado catalán apuntó que con esta norma los «más perjudicados» van a ser las familias que, «inmediatamente» después de su aprobación, van a ver aumentada un 6% el recibo de la luz, subida que será del 10% en el caso de las pymes y de un 15% para todas aquellas empresas ligadas a la cogeneración.

Por ello, instó a Soria a demostrar su «talante negociador» durante la tramitación parlamentaria de una ley que, de no cambiar, será la «más anti-industrial» de la Democracia. «Su objetivo fundamental es recaudar a costa del crecimiento, la confianza y la actividad económica», recriminó, acusando al ministro de legislar «a lo grande y sin reflexionar sobre el impacto» de sus normas, y de haber perdido una oportunidad para acometer una reforma necesaria.

Izquierda Plural: «Es un proyecto de recaudación fiscal»

La diputada de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Laia Ortiz, defendió la enmienda de su grupo que, «más allá del proyecto de ley, va en contra de toda la política fiscal y energética» del Gobierno, y se acompaña de una propuesta alternativa que propone «una reforma fiscal verde en profundidad», con modificaciones en impuestos ya existentes y la creación de nuevos gravámenes.

Además, explicó que el Gobierno sufre de «miopía energética» e «ignora la crisis ecológica y niega la existencia del cambio climático». Por ello, en su reforma alternativa, buscan que «quien contamine pague» y se avance en una fiscalidad «verde realmente auténtica».

Ortiz criticó que el contenido del proyecto es «contradictorio» con su nombre, ya que, en lugar de perseguir un sistema más sostenible, penaliza las energías renovables, el autoconsumo y a los consumidores y recriminó que sólo se hable de «sostenibilidad energética» en referencia al déficit tarifario y no a lo medioambiental o a la dependencia exterior.

Tras acusar al ministro Soria de tener un «balance realmente negro» en estos meses de gestión «llenos de arbitrariedades, decisiones contra el sentido común y que muestran que el Gobierno está al servicio de unos intereses que no son los de los ciudadanos», la diputada reprochó que la presentación del proyecto estuviera «precedido de un auténtico circo» con las discrepancias públicas entre los titulares de Industria y de Hacienda.

Ortiz rechazó que se culpe a las renovables «cuando el gran problema es la mala regulación y un mercado opaco y oligopolístico». «Esto es un mero maquillaje para no entrar en el fondo de la reforma energética. Es un proyecto de recaudación fiscal», zanjó.

UPyD: «Soria improvisa en materia energética»

El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán acusó a Soria de «improvisar en materia energética» y afirmó que la normativa afecta a la seguridad jurídica y terminará por repercutir los impuestos en la factura eléctrica, lo que, en el caso de la industria, afectará a la competitividad y profundizará «en el agujero de la crisis económica».

Martínez Gorriarán defendió que la norma sólo contempla unas medidas básicamente «recaudatorias» que «siempre» van a repercutir en los consumidores. Además, reconoció que le preocupa «el daño a la competitividad» que se hace a las empresas.

Respecto al déficit tarifario, «que no se resolverá mediante un incremento tributario que conllevará menos recaudación», Martínez Gorriarán recomendó revisar su verdadera causa: su «opacidad», una «mala regulación» del mercado y «rasgos oligopólicos» en su estructura de competencia.

PNV: «Es una batería de impuestos discriminatorios»

Desde el PNV, Pedro Aspiazu aseguró que el Gobierno «se ha sacado de la manga una nueva batería de impuestos discriminatorios, sin justificación ambiental, que acabarán siendo pagados por los consumidores y por los generadores más eficientes, y no consensuada».

Este proyecto de ley supone «duras y duras medidas fiscales para tapar el déficit de tarifa», que «perjudica la competitividad de las empresas y la industria y, por tanto, perjudica al empleo», al tiempo que confió que esta se pueda enmendar para «plantear modelos energéticos sostenibles de verdad».

A su juicio, falta la definición de un modelo energético «claro», de forma que los diferentes actores vean camino en un marco de «absoluta seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, de la cual actualmente carece la regulación energética española».

Azpiazu defendió su enmienda en que el sector afronta «muchos y muy importantes retos» como la dependencia, los precios, el cambio climático o el déficit tarifario. Todo ello hace «necesario propuestas que den seguridad a los consumidores y al sector en su totalidad», confiando cada vez más en las renovables e integrando el sistema en el ámbito europeo. «Hace falta que se defina un modelo claro para afrontar todos los retos en el medio y largo plazo», dijo.

Por eso, instó a reflexionar sobre el modelo deseable y qué costes se está dispuesto a asumir desde lo público, para garantizar sostenibilidad económica y medioambiental del sector y dé seguridad jurídica de futuro. «Es un error plantear una solución al déficit tarifario sin saber el modelo que queremos», zanjó.

La diputada del BNG, Rosana Pérez Fernández, justificó su rechazo al proyecto en que presenta «grandes contradicciones», ya que su título aboga por mejorar la sostenibilidad pese a que «su principal finalidad es recaudatoria», sin «reorientar el modelo productivo» ni «buscar una verdadera fiscal verde», y suponiendo sólo un nuevo coste para los consumidores.

A su juicio, «la normativa frena el desarrollo de las energías renovables, y no se cumple ninguno de los objetivos citados» de desincentivar la contaminación, internalizar costes o reducir el «enorme» déficit tarifario, al «obviar» su verdadera causa: un sistema de generación de precios «totalmente opaco e injusto».

Mikel Errekondo, de Amaiur, preguntó por el «verdadero modelo energético» del Gobierno, dado que «la parte expositiva argumenta contenidos» que todos pueden aceptar pero en el articulado se muestra el «verdadero rostro» del Ejecutivo, a quien pidió un «giro de 180 grados hacia la soberanía energética».

El diputado Pedro Quevedo, de CC-NC, lamentó que se haya perdido una oportunidad de regular mejor un sector «especialmente opaco» y muy complejo, y que se hayan planteado impuestos de forma «indiscriminada».

Además, el diputado de UPN, Carlos Salvador, que votó contra las enmiendas pese a que «la reforma no ha gustado a nadie, la propuesta es mejorable y queda pendiente una verdadera reforma de la energía». «Pero no hacer nada hoy no es una solución, aunque hay que aplicar la medicina exacta, y repartida proporcional y equitativamente, porque el puzzle energético es un tetris imposible de encajar sin dolor porque sobran piezas, y nadie está libre de culpa«, añadió.