El Congreso rechaza la propuesta de CiU de rebajar el IVA del gas y la electricidad
Con esta Proposición de Ley -que contó con el apoyo expreso del PP y el rechazo de PSOE y ERC– CiU planteaba reducir el tipo impositivo del gas y de la electricidad al 7% desde el 16% con que se grava en la actualidad, «para aliviar la difícil situación económica con una rebaja» de 9 puntos -el 56%- en la factura.
El diputado del grupo catalán Josep Sánchez Llibre insistió en que la medida «compensaría» el incremento del precio de la factura eléctrica de los últimos meses, dado que esperan que antes del final de año el Gobierno continúe con las subidas para luchar contra el déficit tarifario.
Además, indicó que la propia Unión Europea deja abierta la puerta para que los países miembros reduzcan los impuestos de estos servicios y señaló que diversas naciones europeas como Italia, Grecia, Portugal, Reino Unido o Francia ya han aprobado este tipo de medidas.
Respecto al coste de la rebaja, Sánchez Llibre aseguró que, según sus cálculos, «no llegaría a 1.600 millones de euros, muy por debajo de los 6.000 millones de euros empleados en la devolución del IRPF y que sólo han beneficiado a las clases medias y altas».
La diputada del PP Ana María Madrazo respaldó la iniciativa, aunque advirtió de que «podría ser discriminatoria con el suministro de otros tipos de energía» y animó al Gobierno a abrir «sin complejo» el debate nuclear, ya que «con la pedagogía de Zapatero no se come, sino que son necesarias medidas eficaces y realistas».
Mucho más duros con la Proposición se mostraron PSOE y ERC, que coincidieron en señalar que la reducción del IVA supondría un paso atrás en el fomento del consumo responsable, ya que ofrecer la electricidad más barata no premiaría a los hogares más ahorradores, sino a los que más potencia tienen contratada.
En este sentido, el diputado del PSOE José Javier Mármol calificó la medida de «contraria a la transmisión de la idea de escasez de energía a los clientes», y el representante de ERC Joan Herrera insistió en que «una medida indiscriminada como esta, que no contempla los recursos y el consumo, simplemente no es válida».
Marmol también justificó el rechazo a la medida en el «gran impacto negativo que tendría en la recaudación de impuestos», algo que consideraron «nada recomendable en una difícil etapa económica como la actual».




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