La Cámara Baja sometió a votación la moción de IU-ICV-CHA derivada de una interpelación al ministro de Industria, José Manuel Soria, la semana pasada, que recogía esta propuesta.

En concreto, la petición de cierre de Garoña en julio fue rechazada por PP, UPN y Foro de Asturias, mientras que el PNV se abstuvo en esta votación. El resto de formaciones respaldaron no renovar el permiso de explotación de la instalación atómica.

En conjunto, el texto estaba compuesto por una docena de puntos, que se votaron por separado, y los ‘populares’ se opusieron a todas las peticiones de la Izquierda Plural, lo mismo que Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro (UPN). UPyD también rechazó la mayor parte de las propuestas, mientras que el PNV optó por la abstención.

Así, también se rechazó una moratoria sobre la fractura hidráulica o «fracking», mientras se analiza esta tecnología en una nueva comisión de estudio parlamentaria, y que se prohíba de forma total en «zonas sensibles y especialmente en peligro».

La Izquierda Plural también propuso auditar el déficit de tarifa antes de presentar la reforma energética. La coalición de izquierdas argumentó en su texto que es «necesario» acometer una reforma «integral» del sistema eléctrico para atajar el déficit de tarifa desde un punto de vista «regulatorio y no económico», alejándose por tanto de medidas «estrictamente regulatorias y cortoplacistas».

Por ello, opinaron que lo primero es realizar una auditoría energética para determinar «las causas reales» del desequilibrio financiero del sistema, revisando así los «conceptos prescindibles» que deben salir de la tarifa por ser innecesarios, entre los que IU-ICV destacó la interrumpibilidad, los pagos por capacidad o los Costes de Transición a la Competencia.

A partir de los resultados de este análisis también habría que definir la metodología para calcular las retribuciones a la producción, transporte y distribución, y se debería establecer un mecanismo vía quita para recuperar los 3.400 millones de euros que se pagaron de más por los Costes de Transición, según reconoció la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

IU-ICV-CHA también consideró que habría que realizar cambios en el sistema de fijación de precios, que la propia Comisión Europea calificó de «ineficiente y con un nivel de competencia insuficiente». Para lograr un sistema «transparente, equitativo y de fomento de las energías limpias» sería necesario revisar las subastas, excluyendo de ellas a las instalaciones ya amortizadas y garantizando una retribución «justa según el coste de producción efectivo».

Sin embargo, la reforma del sector eléctrico no será suficiente para resolver los problemas energéticos del país, por lo que la Izquierda Plural pedía al Gobierno que presentara un proyecto de ley de renovables que recoja íntegramente la directiva comunitaria de Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

Esta normativa debería recoger un «marco regulatorio estable, con simplificación administrativa, normas públicas de conexión y que reconozca las externalidades positivas de las renovables, facilitando el acceso a las mismas y garantizando el desarrollo a la biomasa». Además, la formación consideró imprescindible que se mantengan las primas del régimen especial «de acuerdo a una rentabilidad razonable y al nivel de inversión» realizado.

En línea con esto, también proponían aprobar una Planificación Energética Integral que incluya los planes de ahorro de emisiones, de renovables y de ahorro y eficiencia energética. Asimismo, reclamaban a España más ambición en los objetivos de eficiencia fijados por Europa para 2020 y que se suspenda la moratoria a las renovables al menos en los territorios insulares y extrapeninsulares.

Con respecto al autoconsumo con balance neto, la Izquierda Plural proponía que los peajes de acceso que se establezcan afecten únicamente a la energía intercambiada en la red, «y no a la energía autoconsumida de manera instantánea». Y también se pedía afrontar el problema de la pobreza energética con un precio social para electricidad, gas y butano que tenga en cuenta el número de miembros de la familia, las rentas y la estación del año.

Por último, se proponía derogar el impuesto del 7% a la producción introducido en la legislación a finales del año pasado para las tecnologías de régimen especial y las renovables destinadas al autoconsumo, y se pedía al Ejecutivo que «apoye decididamente la propuesta de la Comisión Europea de reforma del mercado europeo de carbono de reducir en 900 millones el número de derechos de emisión que saldrán a subasta entre 2013 y 2015».