El Congreso rechaza incluir a los discapacitados en el bono social por el principio de estabilidad

La diputada del PP María Teresa Martín Pozo subrayó el «compromiso incuestionable» de su formación con el colectivo de personas con discapacidad, señalando que los ajustes realizados por el Gobierno para «sacar a España del abismo en que otros la dejaron» ya preveía excepciones que evitaran el «impacto» de la austeridad en este tipo de personas.

Sin embargo, rechazó pedir al Gobierno que cambie el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico para incluir en el bono eléctrico a las familias en las que algún miembro sufra una discapacidad en grado igual o superior al 33% apelando a la «responsabilidad» y al «principio de reparto equitativo» de los costes de la crisis. «Por justicia social, tienen que arrimar más el hombro quienes más recursos económicos tienen», insistió la diputada.

En este sentido, Martín Pozo recordó que los discapacitados que sean consumidores vulnerables y que cumplan los criterios económicos estipulados en la normativa para acceder al bono social ya pueden acogerse a él, como el resto de ciudadanos en esas condiciones.

Pero también recordó que extender esta posibilidad a todos los discapacitados podría conllevar un «incremento de costes para el sistema eléctrico» que conculcara el principio de estabilidad presupuestaria, al no proponerse incrementos de ingresos o reducción de gastos en otras partidas para compensar. En cualquier caso, aseguró que «cuando la situación lo permita» el propio Partido Popular explorará esta vía.

Por su parte, la diputada de CiU Concepción Tarruella recordó que hay colectivos como el de parados, viudos o pensionistas que pueden acceder al bono social eléctrico por su mera condición, y subrayó que añadir a este grupo a los discapacitados es «un tema necesario de justicia, sobre todo ante los incrementos del coste de la luz».

Y es que, según señaló, las personas con discapacidad tienen que afrontar el «sobrecoste» de facturas mayores de la luz por el uso de elementos como sillas de ruedas eléctricas o respiradores, lo que provoca un «agravio económico comparativo muy alto» con quienes no sufren ninguna discapacidad, una situación que hay que resolver.

El socialista Albert Soler coincidió en que en una situación de crisis como la actual «los colectivos más desfavorecidos son los que tendrían que tener la más enérgica sensibilidad» del Gobierno y de los grupos parlamentarios, y reprochó al PP que «hagan lo contrario de lo que defienden».

Finalmente, el portavoz parlamentario de Amaiur, Xabiel Mikel Errekondo, coincidió en que los gastos eléctricos a los que hacen frente los discapacitados son «en muchos casos inasumibles» y abogó por «continuar trabajando sin descanso hasta garantizar la igualdad de condiciones y avanzar hacia una forma de vida independiente de los discapacitados».