El Congreso rechaza fijar el IVA superreducido para electricidad y gas, no alargar la vida de Garoña y las prospecciones mediante fracking

La propuesta que reclamaba el tipo de IVA superreducido para la electricidad, gas natural, suministro de agua y transporte público y que fue planteada por la Izquierda Plural fue rechazada con 181 votos en contra, 133 a favor y 17 abstenciones.

El texto proponía que se impida que las empresas suministradoras puedan interrumpir el servicio ni excluir a nadie por razón de retraso o impago del recibo siempre y cuando reúnan las condiciones de renta familias que se determinen.

También pedía regular un precio social en los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano, «tramificando» la tarifa para garantizar el consumo mínimo necesario de las familias en función del número de miembros y de la renta.

En la iniciativa se instaba al Gobierno a realizar una auditoría energética independiente de la composición del déficit tarifario revisando los conceptos prescindibles y estableciendo una quita parcial de la deuda eléctrica.

Además, reclamaba eliminar las trabas económicas y legales al autoconsumo de energía renovable, y modificar la regulación del mercado eléctrico para permitir un sistema de retribuciones de acuerdo a los costes de producción.

La Izquierda Plural abogaba por exigir a las compañías «transparencia» y «responsabilidad» en su gestión, incrementando la información acerca de los conceptos incluidos en la factura, así como la disponibilidad de ayudas y bonos sociales.

Propuestas al cierre de Garoña

Asimismo, el PP rechazó las propuestas de resolución del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el PNV que volvieron a reclamar en el Congreso que no se prorrogase la vida de la central de Garoña.

Así, el Grupo Socialista reclamó al Gobierno que adoptase las medidas necesarias para no prorrogar la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años para las que fueron diseñadas, lo que implicará el cierre del último reactor en el año 2028.

Según recordó, la central burgalesa se encuentra actualmente en situación de cese definitivo de la actividad o de predesmantelamiento desde el 7 de julio de 2013, una vez expiró su autorización de explotación. Sin embargo, señaló que dicha central no produce electricidad desde el 28 de diciembre de 2012, cuando a raíz de la inminente entrada en vigor del impuesto sobre la producción en centrales nucleares decidió dejar de operar al considerar que le supondría un coste adicional de unos 152 millones de euros, algo que consideró «inasumible».

Mientras, el PNV presentó una propuesta en la que reclamaba el cierre inmediato y el desmantelamiento de Garoña, después de que el Consejo de Ministros aprobara un decreto que permitiría a la empresa propietaria de la instalación atómica (Nuclenor) proceder a la reapertura de la misma.

A pesar de la orden de cierre de la central con fecha de julio de 2013, el Gobierno pretendió que la explotación de la central continuara, encontrándose con la sorpresa de que Nuclenor (Iberdrola y Endesa) paralizase la explotación por «motivos de rentabilidad».

«Este empleo es sólo explicable desde una posición de capricho personal y no desde la racionalidad económica y política«, insistió, argumentando también que la central nuclear tiene 40 años, es de primera generación, «está anticuada y obsoleta», con los riesgos que de ello se derivan.

Por parte de la Izquierda Plural instó al Gobierno a mantener el cese definitivo de la explotación de la central, derogando a estos efectos las disposiciones del real decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radioactivos, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 21 de febrero de 2014.

Petición para prohibir el fracking

Además, el Congreso de los Diputados también rechazó una propuesta presentada por la Izquierda Plural en la que reclamaba prohibir la realización de actividades de prospección mediante la técnica de fractura hidráulica, conocida como fracking.

En el texto de la propuesta, que fue rechazado con 186 votos en contra, 24 a favor y 121 abstenciones, la Izquierda Plural mostraba su «preocupación» por las prospecciones de hidrocarburos realizadas en las islas canarias de Lanzarote y Fuerteventura, y en el Mediterráneo frente a las costas de Andalucía, Baleares, Cataluña y Valencia.

Por ello, instaba al Gobierno a prohibir la realización de actividades de prospección, exploración, investigación o explotación de hidrocarburos, así como de gases de roca y no convencionales, que utilicen la técnica de fractura hidráulica.

De igual forma, exigía la paralización de aquellos proyectos que ya están en marcha por los «riesgos, impactos y repercusiones negativas» que ocasionarán sobre el medio ambiente, y la actividad pesquera y turística.

En paralelo, demandaba la reducción progresiva de los almacenamientos subterráneos de gas y la paralización del proyecto Castor e instaba además al Gobierno a retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que regula en Cantabria la fractura hidráulica, y a consensuar con las administraciones afectadas las decisiones energéticas.

Rechazada la propuesta de Pacto de Estado de la Energía

Finalmente, el Congreso de los Diputados también echó para atrás una propuesta presentada por el PSOE en la que pedía trasladar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el coste de las políticas sociales y territoriales que ahora se cargan sobre la factura eléctrica.

Rechazada con 180 votos en contra, 14 a favor y 32 abstenciones, la iniciativa se refería especialmente a los costes derivados de apoyos a la insularidad o a la generación con combustibles fósiles, como el carbón, así como los derivados de decisiones políticas pasadas.

Además, instaba al Ejecutivo a impulsar un Pacto de Estado de la Energía a partir del «diálogo» de todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, para dotar a la política energética de una estabilidad mayor.

Reclamaba también la elaboración de una nueva planificación de infraestructuras de electricidad y de gas natural, un nuevo Plan de Energías Renovables y una nueva Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética, «coherente» con los objetivos de la política energética establecidos por la Unión Europea.

El PSOE abogaba por fijar un modelo energético «más sostenible» desde los puntos de vista económico, medioambiental y social, y por aprobar un nuevo marco normativo para el sector que restituya «cuanto antes» la seguridad jurídica en el sector de las energías renovables.

De igual forma, demandaba la aprobación de un plan de apoyo integral a la generación eléctrica con energías renovables, no emisoras de carbono y energía primaria autóctona, y dar una «mayor robustez» al mercado eléctrico español para hacerlo «más eficiente» en la fijación de precios, facilitando la entrada de nuevos actores para garantizar la competencia.

En esta línea, solicitaba la revisión «en profundidad» de las tarifas de los pequeños consumidores que sean establecidas por los precios del nuevo mercado que fijará el coste del mix energético.

También la realización en los próximos seis meses de una auditoría de costes del sistema eléctrico para determinar «fehacientemente» los costes de las actividades de generación, transporte, distribución y gestión del sistema eléctrico, así como de otros conceptos de coste imputados a la factura.

En paralelo, solicitaba al Gobierno la aprobación, en el plazo de tres meses, de una estrategia para la erradicación de la pobreza energética mediante la articulación de medidas tendentes a mejorar la capacidad de pago de los hogares afectados, especialmente en épocas de frió y calor intenso.

Para ello, pedía que se establezca un servicio mínimo de suministro de energía que garantice que ningún hogar pueda ser privado de «un mínimo de cobertura de subsistencia». Otras peticiones del PSOE incluidas en la iniciativa eran la potenciación de las interconexiones eléctricas y la generación distribuida, garantizar la trasposición de las directivas europeas sobre certificación y etiquetado de eficiencia energética, y preservar las fuentes autóctonas de forma que contribuyan a asegurar la garantía de suministro.

En lo que respecta al carbón, el PSOE instaba al Gobierno a establecer un marco de «estabilidad» y «certidumbre» en el sector mediante un nuevo Plan 2014-2020 acordado con los agentes sociales, y culminar el procedimiento de pago de las ayudas contempladas en los presupuestos de 2012 y 2013.