El Congreso rechaza devolver al Gobierno la Ley de Responsabilidad Ambiental con el voto del PP

Todos ellos cuestionaban la oportunidad de llevar a cabo una modificación de la esta normativa cuando en estos mismos momentos la Unión Europea está estudiando la reforma de la directiva sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.

Los tres grupos parlamentarios coincidieron también en que en él se aprecia la ausencia de participación de dos instituciones que debieran haber intervenido, el Consejo Económico y Social y el Consejo Fiscal, ausencias que también puso de manifiesto el dictamen del Consejo de Estado.

Además, los tres partidos discreparon la necesidad de cambio de la ley 2007, que el texto del Gobierno modifica, porque disminuye la responsabilidad y dificulta su exigencia.

Durante el debate, Arias Cañete se mostró dispuesto a aclarar las competencias autonómicas en la ley, tal y como le solicitaron CiU y el PNV, así como a eliminar durante el trámite tanta referencia reglamentaria.

Frente a las críticas de los grupos parlamentarios, el ministro defendió que las modificaciones no reducen ni la prevención ni evitan reparar daños, sino que se refuerza la responsabilidad medioambiental, a través de los análisis voluntarios de riesgos y de la constitución de la garantía financiera. «Todo aquel que produzca un daño al medio ambiente, se verá obligado a repararlo», apuntó.

Según aseguró, uno de los objetivos de esta normativa es implantar un régimen de responsabilidad medioambiental que resulte «eficaz y de fácil aplicación» para todos los operadores cuyas actividades «entrañan riesgos evidentes» para el medio ambiente.

Como ejemplo, Arias Cañete señaló que la principal dificultad en la aplicación de la vigente ley reside en que la constitución de la garantía financiera prevista «no es realmente exigible». El ministro consideró que tampoco es aceptable exigir las mismas garantías a las grandes instalaciones industriales que a los operadores que desarrollan una actividad de bajo riesgo.

Así, detalló que con este proyecto de ley se amplía el ámbito de aplicación para cubrir posibles daños a las aguas marinas, de forma que, por primera vez, quedarán cubiertos por la Ley los daños causados en el estado ecológico de las aguas marinas las operaciones relativas al petróleo y al gas en mar adentro.

En materia de garantías financieras, Arias Cañete recordó que tan sólo ocho Estados Miembros, entre los que se encuentra España, decidieron establecer un régimen de constitución de garantías financieras medioambientales obligatorio e indicó que con este proyecto de ley se impide que los operadores cuyas actividades entrañan un mayor riesgo para el medio ambiente puedan eludir la obligación de constituir la garantía financiera por vía reglamentaria.

«El proyecto de ley discrimina a la hora de exigir la garantía financiera obligatoria, asegurando que se aplique efectivamente a las industrias que presentan mayores riesgos ambientales, lo que hasta ahora no se había producido», agregó.

Es por lo ello por lo que insistió en que con la norma se «facilita, simplifica y agiliza» el procedimiento de constitución de la garantía financiera, que deben atender las obligaciones de reparación de daños medioambientales.

Por último, Arias Cañete indicó que la Ley de Responsabilidad Ambiental presentada tiene como objetivo mejorar la transposición de la directiva europea en relación con la responsabilidad medioambiental de las obras públicas, tal y como sugiere el Consejo de Estado en su dictamen.

En defensa de su enmienda, José Luis Ábalos, del PSOE, indicó que el PP está desmantelando el sistema de protección medioambiental, y esta ley forma parte de esa «voladura planificada». «Esta ley debe llamarse de Irresponsabilidad Medioambiental», puntualizó.

La diputada de ICV, Laia Ortiz, consideró que es un texto hecho a medida de los «irresponsables medioambientales», que exime de responsabilidad a los «de siempre» y que deja que sea la ciudadanía la que asuma los riesgos. A su juicio, se trata de la enésima expresión del «menosprecio del Gobierno» hacia el medio ambiente y de su «auténtica falta de responsabilidad» respecto a la protección medio ambiental y al futuro del planeta.

Desde Compromís-Equo, Joan Baldoví denunció los más de 500 sismos registrado por el proyecto Castor y se opuso a este proyecto porque lo ve «innecesario», en él se reduce la prevención y se deja en manos del operador la responsabilidad de la empresa.