El Congreso rechaza, con el voto del PP, promover una tregua invernal en la que no se realicen cortes de luz

Frente al apoyo unánime que la iniciativa recibió de todos los grupos de la oposición, el diputado del Partido Popular, Mario Flores argumentó el voto en contra de su partido en que el Gobierno ya está adoptando «medidas sociales urgentes» para afrontar la pobreza y la exclusión social, y también propuestas específicas en materia energética dentro de la Ley del Sector Eléctrico, para reducir los costes de la factura eléctrica y proteger a los consumidores.

Según el diputado popular, esta normativa «garantiza el suministro a un menor coste, refuerza los mecanismos de protección al consumidor, mantiene el bono social e incluye medidas de eficiencia energética, entre otras iniciativas.

«Es cierto que desde el inicio de la crisis ha habido un incremento progresivo de personas con riesgo de pobreza o exclusión social, pero también es cierto que el Gobierno está haciendo verdaderos esfuerzos en implementar medidas sociales para garantizar la sostenibilidad del Estado del Bienestar», insistió.

Además, espetó que si hay que «recriminar» algo en este sentido, las críticas se deben dirigir al PSOE, cuya gestión no garantizó la inclusión social y cuya política energética provocó un incremento en la factura eléctrica del 63% entre 2005 y 2012 y causó la «pesadilla» del déficit de tarifa al «primar desmesuradamente» a las renovables, provocando un «sobredimensionamiento» del sistema eléctrico.

«Parece mentira cómo se tergiversan aquí las cosas. Oyéndoles, parece que el causante de que las tarifas sean más caras es el PP», criticó Flores, que se «solidarizó con las personas que sufren y tienen dificultades para mantener un hogar en condiciones básicas de habitabilidad y son víctimas de la pobreza energética». «Pueden estar tranquilos, porque la preocupación y sensibilidad del Gobierno para buscar soluciones a cualquier problema de carácter social es más que patente», concluyó.

Decepción por el «discurso lleno de mentiras» del PP

Ante estas palabras, la portavoz de Energía de la Izquierda Plural y promotora de la proposición, Laia Ortiz, reconoció su «decepción» por un discurso «lleno de mentiras» por parte del PP y porque las medidas del Gobierno «empeorarán la pobreza energética». «Es muy decepcionante que se nieguen a debatir y ver que este Gobierno no tiene la mínima sensibilidad», añadió.

Durante su intervención desde la tribuna, defendió propuestas como prohibir el corte de suministro de luz, gas o agua durante los meses de invierno a las familias con dificultades económicas que no paguen su factura; definir un servicio esencial que nunca pueda ser motivo de corte, aplicar el IVA reducido a los suministros domésticos de gas y electricidad, regular un sistema público de precio social para los hogares con poder adquisitivo reducido o aprobar un Plan contra la Pobreza Energética.

Ortiz aseguró que estas propuestas «no son complicadas» ni implican un mayor coste presupuestario, porque deberían cargarse contra los beneficios que las eléctricas siguen obteniendo pese a la crisis económica. «Es cuestión de voluntad política y valentía para defender el interés general frente a las corporaciones y el negocio», señaló.

Y es que, resaltó, este problema «no es una ficción ni una exageración», como demuestra que 1,4 millones de hogares sufrieran algún corte de luz por impago durante el año pasado, «más del doble que antes de la crisis». Una situación que no sólo afecta al confort en el hogar, sino incluso a la salud y al derecho a la vida.

«Pero es un problema que sí tiene solución, no es una plaga bíblica. Sólo pedimos sensibilidad y flexibilidad. Ésta no es la solución a la pobreza pero sí son medidas para recuperar la dignidad y la salud, y facilitar el acceso a un bien esencial que cada vez parece más un lujo», concluyó.

También el socialista Pedro Sánchez acusó a los diputados del PP de «ignorar, cuando no agravar» el «drama» de la pobreza energética, como a su juicio demuestra el «incumplimiento del compromiso» asumido por el Ejecutivo de no subir los peajes de la luz en enero, dato confirmado por el ministro Soria.

Por eso, reclamó medidas de eficiencia energética y ahorro como luchar contra la pobreza energética mediante una tregua invernal, precios sociales o más información por parte de las empresas. «Nuestra apuesta es por una respuesta integral. Éste es un debate trascendente para la sociedad y por tanto es justo abrirlo», zanjó.

Una situación propia de una «novela de Charles Dickens»

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ironizó con que «parece de novela de Charles Dickens tener que hablar a estas alturas del siglo de personas que tienen que decidir si pagar la luz o la comida». «Es algo inenarrable que hace 50 años probablemente no se creía que fuera posible», dijo, criticando que hasta ahora se haya «ignorado este problema serio, y que va a ir a más» si no se toman medidas «ahora».

A su entender, este fenómeno es consecuencia de una «pésima política energética» que ha llevado a un incremento de precios de la electricidad, y no el resultado «inexorable» de la crisis económica. Por eso, defendió la necesidad de primar el ahorro y la eficiencia energética, además de aplicar medidas sociales para hacer frente a la «pobreza en general» que lleva a la gente a «no poder pagar ninguna factura».

DEBATE DEL SIGLO XIX

Por CiU, Josep Sánchez Llibre abogó por aplicar una «economía social de mercado» como la que tienen «perfectamente asumida» otros países, de modo que «donde no pueda llegar la iniciativa privada por condiciones extremas de pobreza» sea el Estado el que cubra unas necesidades mínimas para evitar que «un corte de luz le pueda costar la vida a alguien».

Además, recordó que los nacionalistas catalanes ya propusieron incluir «un alma social» a los Presupuestos de 2014, para «poder proteger a determinadas capas de la sociedad que, por las condiciones económicas, puedan superar el umbral de la pobreza social». En este punto, señaló que comunidades como Cataluña ya tomaron medidas para evitar los cortes de suministros, pero destacó la necesidad de que el Gobierno apruebe precios sociales y consumo mínimo esencial para garantizar la igualdad entre ciudadanos.

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, recordó que «la energía es un producto básico y de primera necesidad» y que el impago por imposibilidad de hacer frente a las facturas «no puede en ningún caso implicar un corte de suministro». «Éste más parece un problema del siglo XIX que del siglo XXI», llegó a afirmar, reclamando una solución desde el ámbito político con la «contribución» de las empresas eléctricas.

Por ERC, Teresa Jordà destacó que «en las sociedades avanzadas el agua o la luz son servicios esenciales básicos, por lo que deben estar garantizados por un verdadero Estado del Bienestar», mientras que en España las eléctricas consiguen «inmorales» beneficios a costa de una subida de precios que está afectando la salud de los ciudadanos, un fenómeno que el Gobierno puede «corregir».

Pedro Quevedo (CC-NC) apoyó «total y absolutamente» la iniciativa, que ve «necesaria y oportuna» ante el «ultraliberalismo salvaje» en el tratamiento de un «derecho esencial» como es el acceso a la energía, sobre todo ante la nueva subida en la factura que se aplicará desde el 1 de enero. «Esta situación es inaceptable», zanjó.

Por último, Jon Iñarritu, de Amaiur, reclamó «ir a la raíz del problema» con una reforma «integral» del sector eléctrico.