La Comisión de Vivienda del Congreso aprobó una proposición no de Ley presentada por el grupo parlamentario socialista que insta al Gobierno a trasponer completamente la directiva comunitaria 2002/91/CE en el plazo de tres meses. De esta forma, se exigirá el certificado de la eficiencia energética a todos los edificios y se establecerá el procedimiento para obtener dicha certificación.

La diputada socialista Ana María Fuentes explicó que esta iniciativa trata de facilitar la elección del comprador, y de permitir un consumo más racional y responsable de la energía.

Por su parte, la diputada popular María del Carmen Rodríguez defendió una enmienda, que fue aprobada, en la que da un plazo de tres meses al Gobierno para que establezca el procedimiento para emitir la certificación y trasponer así la directiva comunitaria, aunque «con tres años de retraso«.

También a propuesta del grupo parlamentario socialista, la Comisión de Vivienda del Congreso aprobó otra proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a promover las modificaciones normativas necesarias para impulsar la rehabilitación de viviendas y edificios.

Ana María Fuentes explicó que la rehabilitación en España no está absorbiendo el desempleo generado en el sector de la construcción debido a que no está siendo «uno de los pilares básicos» de la recuperación económica, al tiempo que el parque de viviendas envejece. Apuntó que el Gobierno «no va a seguir apoyando un modelo de construcción que era claramente insostenible» y apostará por la rehabilitación para regenerar los barrios e impulsar el empleo.

La diputada popular María Eugenia Carballedo indicó que su grupo presentó dos enmiendas, que fueron aprobadas, en las que pedía que se respeten las competencias autonómicas en la materia, así como que se amplíe el abanico de los destinatarios de estas ayudas a la rehabilitación y se flexibilicen los requisitos para conseguirlas.