El Congreso pide al Gobierno que presente una estrategia energética «estable, rentable y sostenible»

Los nacionalistas catalanes defendieron una moción reclamando una reforma energética integral y proponiendo algunos puntos que debían abordarse de forma ineludible. Finalmente, consiguió pactar con los el grupo popular un texto común para pedir al Ejecutivo que consensúe con «todos los operadores energéticos, las fuerzas políticas y las comunidades autónomas» esta estrategia.

El objetivo de la propuesta, que deberá ser debatida en la Comisión de Industria del Congreso antes de su aprobación y de forma periódica posteriormente, es conseguir un marco jurídico estable y seguro, reducir la dependencia energética del país, mejorar la competitividad de este sector y garantizar la sostenibilidad económica y ambiental y la eficiencia energética.

En concreto, el texto aprobado defendió la necesidad de que la Estrategia incluya un método de resolución del problema del déficit de tarifa que pase por la actualización de los ingresos y costes del sistema, la definición de un mix energético equilibrado y el desarrollo de tecnologías de generación competitivas que garanticen precios adecuados a medio y largo plazo.

También pidieron al Gobierno un sistema de formación de precios «transparente» para los ciudadanos, así como garantizar que la estrategia sea «económica, medioambiental y socialmente» sostenible y que apoye las fuentes de energía renovables, así como prever un panorama «estable» para la nuclear durante el tiempo que dure la vida útil de las centrales.

El texto propuso asimismo que se actualice el marco jurídico para reducir progresivamente la dependencia exterior, garantizando una alta calidad en el suministro, avanzar en la eficiencia y el ahorro energético, diversificar las fuentes de producción «sin excluir ninguna» e incrementar las interconexiones eléctricas, gasistas y por oleoducto. En este sentido, se pidió desarrollar un mercado secundario de gas natural y más interconexiones a nivel europeo.

Finalmente, se recogió la obligación de que, anualmente, se haga un seguimiento de los objetivos que se plasmen en la estrategia «para adoptar medidas correctoras en caso de existir desviaciones».

Una «profunda reordenación» del sistema eléctrico

Un día antes, el Congreso de los Diputados emplazó al Gobierno de Mariano Rajoy a impulsar una «profunda reordenación» del sistema eléctrico, que haga «efectiva» la implantación de un modelo energético «sostenible» económica y medioambientalmente, y que contribuya a «mejorar la competitividad de la industria».

Así consta en una de las resoluciones presentadas tras el Debate sobre el Estado de la Nación por el Partido Popular y que resultó aprobada con 183 votos a favor, 120 en contra y 26 abstenciones.

La propuesta pidió también estudiar las modificaciones tributarias necesarias para gravar la actividad de extracción de crudo.

Argumentó que la implantación de este tributo estará condicionada a que el volumen de extraído represente un porcentaje relevante respecto a la demanda nacional de crudo.

La recaudación, que se aplicaría sobre yacimientos del territorio nacional o las aguas territoriales, se obtendría a través del sistema de financiación autonómico y se podría destinar «a aquellas comunidades autónomas y entidades locales de la región donde se produzca la extracción».