El Congreso insta al Gobierno a evitar subidas desproporcionadas de la luz que afecten a las familias

En concreto, se trata de uno de los puntos de la moción sobre medidas para paliar la pérdida de bienestar de las familias españolas por los efectos de la crisis económica, que fue defendida por la diputada del PP Lourdes Méndez y que es consecuencia del debate que esta diputada mantuvo con la ministra Leire Pajín.

Méndez señaló en este sentido que los hogares españoles son los «más afectados por la crisis», el bienestar de las familias españolas empeoró y las medidas adoptadas por el Gobierno, lejos de resolver la situación, la agravaron, «con la adopción de los mayores recortes sociales de la historia».

Desde Coalición Canaria, José Luis Perestelo, indicó que no es lo mismo «predicar que repartir de trigo» y que esta moción del PP supone «una propuesta que lo es todo y no es todo», porque no puntualiza de qué forma llevar a cabo esas medidas.

Carles Campuzano, de CiU, que sí comparte algunas de las cuestiones del PP, indicó que se trata de una moción «genérica» donde casi todos los aspectos propuestos por el PP merecerían de una moción específica.

Desde el PSOE, Carlos Sahuquillo reprochó al PP que plantean varias iniciativas que sólo van a incrementar el impacto presupuestario, mientras por otro lado plantean una reducción del gasto.

Por su parte, Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, se negó a respaldar la propuesta del PP por discrepar tanto del diagnostico que realiza de la crisis como de las medidas que propone. A su juicio, propone su programa electoral «por entregas» y aplica las medidas para todas las familias, sin tener en cuenta su condición.

El Congreso pide al Gobierno que realice los test de estrés a las nucleares este año y cierre Garoña en 2013

Asimismo, el Pleno del Congreso dio luz verde a una iniciativa del PSOE, pactada con el PNV, ERC-IU-ICV y el Grupo Mixto, en la que se insta al Gobierno a realizar los test de estrés pertinentes para revisar la seguridad de las centrales nucleares españolas, antes del 31 de diciembre de 2011, y se confirme el cierre de la central nuclear de Garoña previsto por el Gobierno para 2013, tras el desastre nuclear de Japón.

Esta proposición no de ley contó con la abstención de PP y CiU, que no estaban de acuerdo en cerrar Garoña para 2013, dado que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió un informe el año pasado en el que informaba de que la nuclear estaba capacitada para funcionar más allá de su vida útil, hasta 2019 por lo menos.

El diputado encargado de defender esta iniciativa fue el socialista Hugo Morán, quien subrayó que lo acontecido en Japón debe obligar al Parlamento a tomar decisiones en materia de seguridad de centrales, con el objetivo de trasladar certeza y seguridad a los ciudadanos.

En este sentido, la Cámara baja aprobó que el CSN lleve a cabo en las ocho instalaciones nucleares españolas los estudios necesarios para garantizar que estas instalaciones puedan funcionar durante su vida útil, sin suponer un riesgo para la población o para el medio ambiente.

Entre otras, las situaciones excepcionales que deben ser consideradas en materia de seguridad y resistencia de cada central son: terremotos, incluso de magnitud superior a lo previsible; ante inundaciones; los efectos del cambio climático; ante situaciones de emergencia como las vividas en Fukushima; o frente posibles ataques terroristas o ciberataques.

Conforme a lo acordado en el seno de las instituciones europeas, el Parlamento quiso que el Ejecutivo tenga en cuenta las causas técnicas (fallo de los sistemas principales y secundarios de refrigeración) que han provocado la crisis de Japón en las centrales españolas, su capacidad de respuesta, así como medidas adicionales a adoptar en los planes de seguridad.

Asimismo, pidió al Gobierno que atienda tanto a su impacto económico como a la proporcionalidad de las cantidades fijadas en concepto de responsabilidad civil, a los operadores de las centrales nucleares, en relación a los costes personales y medioambientales.

Es más, solicitó al Gobierno que presente un informe a las Cortes con toda la información recopilada y los resultados y conclusiones que se deriven de dichos estudios y pruebas, con las cautelas que se consideren oportunas en relación con la salvaguarda de la seguridad pública y la prevención del terrorismo.

Además, planteó al Gobierno una modificación del marco normativo que regula el funcionamiento de las centrales nucleares adecuándolo a la nueva normativa y a las recomendaciones que pudieran establecerse en el marco de la Unión Europea, incluyendo las pruebas de resistencia que se establezcan a nivel comunitario.

Igualmente, se instó al Gobierno a revisar y actualizar los planes de emergencia y evacuación previstos en casos de accidentes graves, así como realizar periódicamente simulacros de estos planes en colaboración con la población, para comprobar la efectividad de los mismos.

Por otro lado, pidió que el Gobierno avance en la actual estrategia energética que descarta la construcción de nuevas centrales nucleares y el cierre de las existentes una vez agotado su periodo de vida útil, profundizando en las políticas de ahorro y eficiencia energética, así como en el crecimiento de las energías renovables mediante la aprobación de una ley.

Con esta proposición no de ley, el PSOE quiso también cerrar el debate planteando en el Congreso la ratificación del cese de actividad de Garoña mediante la presentación de esta proposición no de ley, tras la enmienda en la Ley de Economía Sostenible que abría la puerta a prorrogar las centrales más allá de 40 años de vida y, después del accidente nuclear de Japón.

En concreto, se animó a continuar llevando a término todas las acciones conducentes a hacer efectivo el acuerdo del Consejo de Ministros del cierre de Garoña, cumplido su ciclo de vida útil, en consonancia con las exigencias y garantías que se deduzcan de los estudios y pruebas de seguridad.

Tanto PP como CiU consideraron que es el criterio del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el que debe prevalecer a la hora de cerrar una instalación atómica y, en el caso de la nuclear burgalesa, el órgano regulador votó por que siguiera funcionando más allá de su vida útil, hasta 2019.

En concreto, Álvaro Nadal, del PP, reprochó al Gobierno que el cierre de Garoña es por «demagogia y capricho en precampaña electoral», tras el informe del CSN y las afirmaciones del ministro de Industria, Miguel Sebastián, a raíz del accidente de Fukushima, de que las centrales españolas «sí son seguras».

Por su parte, el diputado de CiU, Jordi Jané, tachó además de «oportuna» la proposición no de ley de los socialistas, porque en su opinión, el Consejo de Ministros ya aprobó el cierre de la central y no es necesario el respaldo del Pleno de la Cámara para llevar a término esta decisión.

La diputada de UPyD Rosa Díez detalló que lo ocurrido en Fukushima debe ayudar a obtener conclusiones sobre la seguridad nuclear en España, para implantar un mayor número de controles; a la vez que el diputado de ERC, Joan Ridao, apuntó que es una energía que no es ni barata, ni limpia, ni ilimitada porque el combustible nuclear, que procede del uranio, es un recurso natural que se agota.

«En caso de accidente es una amenaza mayor que cualquier tipo de generación eléctrica», apuntó el diputado del BNG, Xesus Jorquera; mientras que el diputado José Luis Perestelo, de Coalición Canaria, subrayó que siempre puede existir un riesgo, aunque mínimo, de catástrofe natural en España, que perjudique a la seguridad de las centrales.

Desde el PNV, Pedro Azpiazu tildó esta iniciativa socialista de «electoralista», si bien reconoció que Fukushima ha puesto de manifiesto el peligro de la energía nuclear y para evitar otros riesgos cree que el Gobierno debería construir de inmediato el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. «La central de Santa María de Garoña debe cerrarse cuando cumpla el ciclo de vida útil», apostilló.

A diferencia del resto de formaciones, Nuria Buenaventura, de ICV, destacó el caso de la central de Cofrentes, en Valencia, que en su opinión es «muy similar» al resto de unidades de la planta japonesa de Fukushima y también debería cerrarse.