De la modificación o anulación de estos impuestos dependerá el cese definitivo de la actividad de su planta, según declaró Nuclenor, propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola.

En cualquier caso, Garoña podría volver a «enchufarse» a la red eléctrica cuando quisiera y no anticipar su cierre en seis meses, pero en la práctica no es algo tan sencillo como encender un interruptor.

El proyecto de ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética que el Congreso de los Diputados estudiará el próximo día 20 de diciembre contempla el llamado impuesto sobre «la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica».

Nuclenor insistó en que la planta no cierra por razones técnicas ni políticas, sino económicas, al no poder soportar dicha nueva tasa que tramita el Parlamento y que, salvo cambios, supondría el pago de 153 millones de euros al año si se encuentra operando el 1 de enero de 2013, por lo que ha optado por el cierre.

El Gobierno se pronunció en numerosas ocasiones a favor de que la planta burgalesa solicitara una autorización para seguir operando hasta 2019, fecha para la que tenía el aval del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Sin embargo, el horizonte temporal con el que trabaja el CSN es la fecha del próximo 6 de julio de 2013.

En esa fecha, el CSN deberá emitir un informe de cese de explotación de la planta y Nuclenor deberá comunicar las actividades que llevará a cabo para el fin de sus actividades. A continuación, el organismo regulador deberá conceder otro permiso para que la nuclear pueda seguir almacenando uranio ya que no funciona como tal.

La central nuclear de Santa María de Garoña se desconectó este domingo, a las 22.57 horas, de la red eléctrica y durante cuatro o cinco horas bajó la potencia del reactor, aunque será durante los próximos tres o cuatro días cuando se procederá a descargar el núcleo del reactor y la transferencia del combustible a la piscina de almacenamiento.

Según indicaron fuentes del sector, este combustible (uranio) permanecerá en la piscina alrededor de dos años y medio, como mínimo, hasta que se enfríe.

Al no existir en España todavía un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para ubicar los residuos de alta actividad que producen las centrales hasta que se construya un emplazamiento definitivo, la central aloja todos los elementos combustibles gastados desde que inició su producción en marzo de 1971.

Asimismo, señaló que «todos los equipos y sistemas de la planta actuaron según lo esperado sin ninguna incidencia reseñable» y que las tareas se desarrollaron según el programa previsto «con total normalidad».

Además, Nuclenor señaló que el Consejo de Seguridad Nuclear fue informado en» todo momento» de los pasos que se estaban dando en la instalación, si bien, según indicaron desde el CSN, para ellos la situación de Garoña «no ha cambiado nada» pues tienen autorización de actividad hasta julio de 2013 y, mientras cumplan con los cánones de seguridad, no hay restricción alguna a la producción.

El PSOE preguntará a Soria en el Senado por el cierre de Garoña

El Grupo Socialista en el Senado presentó una pregunta de urgencia en la sesión de control al Gobierno al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, por los planes que tiene el Ejecutivo ante el inicio del proceso de cierre definitivo de la Central Nuclear de Santa María de Garoña en Burgos.

El senador del PSOE por Burgos, Ander Gil, subrayó, que este proceso de cierre mantiene algunas «incógnitas que el Gobierno aún debe aclarar».

El parlamentario socialista preguntó a Soria si va a ceder al «chantaje de las compañías eléctricas» y si, de esta manera, el Gobierno modificará la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad del Sistema Energético en lo referente a las tasas que gravan a las centrales nucleares.

En este sentido, Gil sostiene que esta decisión de la central deja a la comarca de las Merindades y a la provincia de Burgos sin una alternativa de futuro y el Gobierno «tiene la obligación de responder a todo esto», por lo que pidió al Ejecutivo que aclare si va a poner en marcha algún plan alternativo.

CEOE: «No se puede obligar a unas empresas a perder dinero»

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, afirmó que, con los últimos cambios regulatorios, el funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña es «deficitario», por lo que entiende que las empresas propietarias hayan decidido suspender su actividad.

El responsable de la patronal sostuvo que «no se puede obligar a unas empresas a que tomen decisiones que las lleven a perder dinero».

«Si cada megavatio es negativo, yo haría lo mismo», añadió en alusión a la decisión de Nuclenor de cerrar Garoña.

No obstante, subrayó que es «increíble» para un país tener una instalación como Garoña que ya está construida y que no se utilice. En su opinión, esta central «se podría mantener en funcionamiento durante bastantes años» y podría seguir en activo «con una legislación que la haga rentable».

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, denunció que el cierre de la central nuclear de Garoña sería «un gran error y un enorme perjuicio social y económico» que «puede y debe evitarse».

Herrera insistió en que el cierre únicamente se puede justificar en «falta de seguridad» pero en España el organismo que tiene la misión de velar por esta seguridad, el CSN, dice que es segura.

Tras recordar los argumentos de Nuclenor sobre las dificultades para la rentabilidad de la planta por los nuevos tributos sobre la generación eléctrica y los residuos, pidió al Gobierno que estudie esta argumentación para «desmentirla con firmeza si no es cierta» o para «restablecer en otro caso el equilibrio que se habría roto», porque «no tiene sentido que una empresa viable llegue a cerrar por no poder pagar sus impuestos».

En este caso, para Herrera no cabe «el silencio administrativo», aunque se trate de un argumento preventivo ya que la norma no está aún aprobada y la empresa se «pone la venda antes de recibir una pedrada».

Herrera pidió el mantenimiento de la planta y que se «apuren responsablemente todas las posibilidades que aún existen de que las cosas finalmente se hagan bien».

Ha recordado que Nuclenor, formada por Iberdrola y Endesa, empresas con «amplios intereses» en Castilla y León, ha argumentado que la planta no será rentable si, a las inversiones exigidas por el CSN, se suman los nuevos tributos que pueden gravar la generación eléctrica y los residuos, un argumento que ha considerado que tiene «peso económico» y «sentido común».

También advirtió que en la decisión de Nuclenor se puede interpretar como «un pulso» a la política energética del nuevo Gobierno, por lo que pidió a la empresa que garantice que sus decisiones «se centran y se refieren exclusivamente a Garoña, pues sería inaceptable que ésta finalmente fuera tan solo un pretexto, una represalia, o una cabeza de turco».

Con todo, Juan Vicente Herrera exigió que tanto la empresa como los responsables públicos, además de las consideraciones económicas, financieras y energéticas, tengan en cuenta los casi mil puestos de trabajo que se perderán con el cierre de la planta.

En este sentido, el presidente interino de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, pidió que «se imponga la cordura» y la «buena voluntad» para evitar el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña.

El líder de la patronal castellanoleonesa recordó que el cierre de empresas «es siempre muy preocupante», incluido el caso de la planta nuclear, por lo que reiteró su deseo de que Santa María de Garoña «siga en funcionamiento».

El Comité de Empresa pide «sensatez» a Nuclenor

Por su parte, el Comité de Empresa de la central nuclear de Santa María de Garoña pidió «sensatez» a Nuclenor para mantener la actividad de las instalaciones, después de la parada del reactor.

Según señaló Alberto César González, presidente del comité, ahora se abre un periodo de espera, en el que es necesario que impere la «sensatez» de las partes implicadas, con el objetivo de que la empresa pueda alcanzar algún tipo de acuerdo que permita reconducir la situación.

En este sentido, explicó que también es necesario conocer si el Congreso de los Diputados ratifica esta semana la aprobación de la tasa que gravará a las centrales nucleares y si existe alguna otra vía que permita su continuidad.

Al respecto, afirmó que, aunque el cese de la actividad de Garoña es una cuestión de calado económico, se trata además de un caso político, puesto que la política siempre estuvo presente en todo este proceso, por lo que dejó una puerta abierta a lo que pueda suceder en los próximos días.

Asimismo, el alcalde del Valle de Tobalina, municipio donde está enclavada la central nuclear, Rafael González, mantiene la «esperanza» de que «cunda el sentido común» y la planta no cierre definitivamente.

En su opinión, «no es normal» que una central que funciona bien según el Consejo de Seguridad Nuclear «se lleve al cierre» por un tema de impuestos. En este sentido, insistió en la necesidad de seguir dialogando entre la partes implicadas, sobre todo el Gobierno y la empresa propietaria de Garoña.

El alcalde, que es del PP y trabaja en la propia central de Garoña, aseguró que no está preocupado por su futuro laboral, sino por el efecto que tendrá sobre los puestos de trabajo en toda la zona y la reducción de ingresos por impuestos a los ayuntamientos si la planta llega al cierre definitivo.

Además, criticó la ausencia de un plan de desarrollo económico alternativo en el entorno de la planta nuclear, porque «desde que se abrió hace más de 40 años ya se sabía que Garoña terminaría cerrando y que había que evitar que fuera un monocultivo industrial».

Aunque explicó que la postura del Gobierno era esperar a aplicar un plan de desarrollo porque pensaban que la planta seguiría operando hasta 2019, González reconoció que su sensación es que «esta podría ser la última parada de Garoña», por lo que urgió a la aplicación de medidas de apoyo al desarrollo de la zona.

Greenpeace exige al Gobierno que no ceda «al chantaje» de las eléctricas

Por último, la organización ecologista Greenpeace exigió al Gobierno que no ceda al chantaje de Endesa e Iberdrola para eludir los impuestos que la futura Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética pretende imponer a la producción nuclear, y cuyas enmiendas serán votadas el próximo jueves en el Congreso de los Diputados.

Para Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, «no es función del Gobierno velar por los beneficios empresariales de esta industria, perjudicando con ello los intereses generales».

La organización ecologista señaló que la reforma energética que se necesita «debe evitar estos chantajes». En su opinión, para ello es necesario que se termine con el oligopolio del mercado eléctrico y se separe la generación, distribución, y comercialización eléctrica.

Además, indicaron que las tarifas deberían cubrir todos los costes, incluidos los ambientales para dejar de seguir incrementando el déficit de tarifa, y que se deberían impedir las compensaciones a las compañías eléctricas.

Garoña aporta el 2% de la generación eléctrica en España

El cierre de la actividad de la central nuclear de Garoña tendrá una repercusión mínima en la generación de electricidad en España ya que sólo supone el 2% del sistema, según fuentes del sector.

Garoña produce 466 MW cuando está al 100% de funcionamiento lo que la convierte en la más pequeña de las seis centrales nucleares que producen en España, ya que aporta el 5,9% de la producción nuclear. El reactor de la central burgalesa es el que menos contribuye a la producción de electricidad de los ocho que hay repartidos por la geografía española.

En lo que va de año, el reactor produjo 3.367,43 GWh, según datos de la empresa propietaria Nuclenor, hasta el pasado mes de octubre. En total, desde que inició su actividad en marzo de 1971 y hasta el pasado 31 de octubre, la central ha contribuido con 132.822 GWh de producción eléctrica.

El año pasado, la central alcanzó los 3.747 GWh (el 6,5% de la producción nuclear española), casi la mitad de los 8.383 GWh que produjo el reactor de Trillo I, el que más contribuyó en 2011. Si bien, la central de Garoña, con un 91,8%, fue la que mayor factor de cargo registró el año pasado.

La patronal eléctrica Unesa reconoció en su memoria anual 2011 que «el cierre de la instalación para julio de 2013 supone un empeoramiento de las condiciones de garantía de suministro».

En las instalaciones de Garoña trabajan alrededor de 770 personas, de las que la mayoría pertenecen a varias empresas y, unas 300 a Nuclenor.

Garoña, la nuclear más antigua y pequeña del país, posee uno de los ocho reactores que operan en España, junto con Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Trillo I y Vandellós II.

La planta de José Cabrera, más conocida como Zorita, cesó su actividad el 30 de abril de 2006, y Vandellós I se desmanteló entre 1998 y 2003 tras sufrir un incendio (el accidente nuclear más grave ocurrido en el país).

La energía nuclear produce alrededor de un 20% de toda la energía eléctrica del país.