El Congreso de los Diputados vota esta semana los últimos recortes al sector fotovoltaico
El pasado mes de noviembre, el Gobierno aprobó un real decreto que recoge reducir las tarifas para las plantas fotovoltaicas en techo entre un 5 y un 25 %, mientras que las primas para las instaladas en suelo bajan un 45 %, unos recortes con los que el Ministerio de Industria prevé ahorrar unos 607 millones de euros entre 2011 y 2013.
Un mes después, dentro del paquete de medidas para reducir en 4.600 millones los costes del sistema eléctrico para los próximos tres años, el Ejecutivo acordó también recortar las horas con derecho a prima para las instalaciones fotovoltaicas, una iniciativa con la que Industria espera reducir en 740 millones los costes eléctricos anuales.
La nueva regulación prevista por el ministerio que dirige Miguel Sebastián ha contado con el rechazo unánime de las principales patronales del sector, la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA).
Según el sector fotovoltaico las nuevas medidas planteadas por el Gobierno recortarán en un 30 % los ingresos de más de 50.000 instalaciones solares, afectando a unas 200.000 personas, que verán reducirse o desaparecer la rentabilidad de su inversión fotovoltaica.
Por ello, estas asociaciones han solicitado a la Junta de Portavoces del Congreso que tome conciencia de que las nuevas normas arruinarán a muchos inversores nacionales e internacionales, que confiaron en la seguridad jurídica de España y que verán frustradas sus expectativas.
Además, miles de empresarios del sector se reúnen estos días en distintas regiones de España para protestar contra el nuevo marco normativo, unos actos en los que también participa AEF y la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Amper).
De momento, ya se han celebrado asambleas en Andalucía, Galicia, Navarra, Cataluña, Murcia y Aragón, en las que han acudido tanto empresarios del sector fotovoltaico como a aquellos particulares que se han visto afectados.
Asimismo, las tres asociaciones anunciaron que, si finalmente entran en vigor las nuevas medidas «retroactivas» para el sector, las recurrirán ante el Tribunal Supremo y la Unión Europea.


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