El Congreso de los diputados rechaza la moción de ERC-IU-ICV para sustituir la nuclear

Todos los grupos, excepto el proponente, han considerado que la subcomisión que el Congreso creó a tal efecto es el lugar oportuno para tratar el futuro de la energía nuclear en España y la gestión de los residuos que generan este tipo de centrales.

No obstante, desde las filas socialistas han subrayado que la apuesta del Gobierno es «la sustitución de forma gradual de la energía nuclear en España, la potenciación de las energías renovables y el no demorar la búsqueda de una solución para ubicar los residuos nucleares».

Sobre la apuesta por la energía nuclear para el futuro, el Grupo Popular ha incidido en que no «excluye» ninguna opción energética para que forme parte del ‘mix’ energético, por «razones de competitividad, de seguridad y de medio ambiente».

Por su parte, el diputado de ERC, Joan Ridao, quien ha defendido la moción de ERC-IU-ICV, ha recordado a los socialistas que en su programa electoral prometían un calendario de cierre de las centrales nucleares, que, a su juicio, «siguen planteando los mismos problemas de seguridad y gestión de residuos que hace 50 años, de ahí su declive».

Ridao ha recalcado que los tres grupos proponentes están «dispuestos a buscar una solución conjunta al problema de los residuos», pero que la apuesta de futuro deben ser «las renovables».

ERC-IU-ICV pedirá la devolución al Gobierno de la ley de responsabilidad civil por daños nucleares

No obstante, ERC-IU-ICV ha anunciado que pedirá en el Congreso la devolución al Gobierno de la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares al entender que el nuevo texto establece unas indemnizaciones a las instalaciones «a años luz» de los costes que habría que sufragar en caso de un accidente «importante».

En el texto, el grupo parlamentario ha calificado de «incongruente» el hecho de que la Ley de Responsabilidad Ambiental tenga en cuenta responsabilidades ilimitadas, mientras que para el régimen nuclear «se dan excepciones».

En este sentido, ha indicado que el hecho de establecer un tope de sanción de 1.200 millones de euros para las instalaciones nucleares resulta insuficiente en determinados casos. Para ejemplificarlo, ha recordado que el coste del accidente de Chernóbil se cifra en más de 179.500 millones de euros.

Además, ha criticado que el Estado deba aportar fondos públicos para cubrir las indemnizaciones por encima de 1.200 millones de euros, hasta 1.500 millones de euros, aunque «lo más grave» es que el texto no especifica que ocurre con las sanciones por encima de esta última cantidad.

«No es justo que sea el Estado quien tenga que asegurar los riesgos que las nucleares y sus seguros de responsabilidad civil no quieren cubrir sencillamente porque son inasumibles. No es justo que la energía nuclear sólo pueda funcionar gracias al subsidio del Estado«, ha explicado.

El proyecto de Ley de responsabilidad civil por daños nucleares regula la responsabilidad civil nuclear de acuerdo a las modificaciones de los Convenios de París y de Bruselas suscritos por España y aumenta «sustancialmente» la cobertura, hasta los citados 1.200 millones de euros.

En el mes de febrero de 2004 se aprobaron dos nuevas enmiendas de sendos convenios, cuyos protocolos fueron ratificados por España el 18 de noviembre de 2005 y que son las que motivan las incorporaciones que se han llevado al Proyecto de ley aprobado. Las variaciones incluyen también un régimen específico de responsabilidad civil por daños que puedan causar accidentes en los que se vean involucrados materiales radiactivos que no sean sustancias nucleares.

La cuantía elegida es la máxima estipulada en los citados convenios, que marcan el mínimo de responsabilidad en 700 millones de euros, y, en su momento, el Gobierno explicó que «deben ser los titulares de las instalaciones quienes asuman la responsabilidad ante eventuales daños».

Asimismo, incluye como novedad los daños medioambientales y se extiende el ámbito geográfico de su aplicación, así como también, el periodo de reclamación de daños a las personas, que se sitúa en el plazo de 30 años en vez de lo que antes eran diez años.