La puesta en marcha de las medidas recogidas en esta proposición no de ley permitiría a los abonados utilizar la energía que producen sus propios equipos y vender el excedente, en lo que supondría un avance en la generación distribuida (descentralización de los puntos de generación de electricidad para acercarlos a los consumidores).

La proposición prevé una simplificación de los trámites administrativos para la instalación de equipos de pequeña potencia (inferior a 10 kilovatios) e incluso la puesta en marcha de un procedimiento abreviado para la conexión de estos equipos a la red.

La proposición no de ley del grupo socialista, que se aprobó con una enmienda de CiU, contó con 186 votos favorables, 149 abstenciones y el rechazo del diputado de ICV.

En el debate, el diputado del grupo popular Antonio Erías apuntó que la proposición aprobada era «innecesaria», porque el Gobierno ya ha elaborado un borrador de real decreto con los mismos objetivos.

Añadió que el futuro real decreto debería garantizar que las instalaciones de pequeña potencia no supongan un coste adicional a los consumidores ni aumenten el déficit de tarifa (diferencia entre los costes del sistema eléctrico y los ingresos que obtiene por la factura de la luz).

Por su parte, el diputado socialista Jesús Alique defendió que la generación distribuida evita pérdidas de energía en el transporte, mientras que la representante de CiU Inmaculada Riera apuntó que los trámites burocráticos pueden desincentivar las iniciativas particulares de generación de electricidad renovable.