El Congreso da luz verde definitiva al crédito de 2.200 millones de euros para financiar el déficit tarifario
El proyecto de ley, aprobado el pasado mes de febrero, contó con los 166 votos a favor de los diputados de PP, UPN y Foro Asturias, mientras que PSOE, UPyD, CiU, PNV, CC, Geroa Bai y el BNG se abstuvieron. Tanto la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) como ERC, Amaiur y Compromís-Equo rechazaron la iniciativa, que no incorporó ninguna enmienda, puesto que todas fueron rechazadas.
En su intervención en defensa del proyecto de ley, el portavoz de Energía del PP, Antonio Erías, recordó que «cuando se produce una necesidad de gasto y no se cuenta con ingresos hay que acudir a un crédito extraordinario» pero rechazó que esto constituya «una chapuza o una arbitrariedad». «Lo único que intenta hacer este proyecto de ley es que los consumidores no sean una vez más los que soporten estos resultados que desafortunadamente se están produciendo», añadió.
Además, rechazó que se esté «culpabilizando a ninguna tecnología», ni siquiera a las renovables, del déficit de tarifa. «Simplemente se describe la realidad del sector eléctrico», afirmó, aunque a renglón seguido recordó que el coste por megavatio de este tipo de producción está muy por encima de la media del «pool» y que la regulación de incentivos impulsada por el anterior Gobierno socialista provocó un «efecto llamada» que provocó un «exceso de mercado» e incrementó los costes.
Por último, defendió que Industria lleva un año y medio tomando decisiones para «sentar las bases para la estabilidad» y la «sostenibilidad financiera y económica» del sistema eléctrico, paso previo para reformarlo en profundidad.
Sin embargo, prácticamente toda la oposición criticó un nuevo «parche» ante el problema del déficit de tarifa y reclamaron una reforma integral del sistema eléctrico que vaya a la raíz del problema. Además, rechazaron que se culpabilice a las renovables y que se transforme en deuda pública este desequilibrio del sector.
Así, Laia Ortiz, de la Izquierda Plural, consideró que este «nuevo parche» para intentar «solucionar en el último momento» los desajustes del sector se suma al resto de «parches» que se han ido aprobando desde el inicio de la legislatura. «No se va a la raíz del problema. No es cuestión de recortar a ver si esto se soluciona, sino que hace falta una visión estratégica y saber qué modelo energético queremos», dijo, recomendando una auditoría previa sobre la deuda antes de tomar más decisiones.
Esto apuntaría seguramente, según dijo, a las grandes cinco eléctricas, que están «sobrerretribuidas», engrosando así el déficit de tarifa mientras se culpabiliza a las renovables, que no son las responsables de estos extracostes. «Esto seguramente tendrá que ver con la presencia de muchos políticos en estas empresas. Sólo desde 2007 se sientan 40 políticos en los consejos de administración», añadió.
La diputada de ERC Teresa Jordá consideró que «contener el déficit de tarifa gracias a un crédito extraordinario a costa de la deuda pública es un brindis al sol y un atraco a mano armada a los contribuyentes para seguir protegiendo a las empresas» y responsabilizó del desfase a la «ausencia de visión estratégica» en un sector «falsamente liberalizado» que pone «precios irreales» para inflar sus beneficios. De hecho, recordó que los 2.200 millones de euros de déficit son «menos que el beneficio que las cinco grandes eléctricas llevan acumulado en lo que va de año».
Joan Baldoví, de Compromís-Equo, dijo que este crédito es «una chapuza, un parche más en el descontrol» del sector eléctrico, y criticó que se convierta en deuda pública una parte del déficit «demonizando» a las renovables. Por eso, pidió que se analicen todos los costes del sistema antes de afrontar la reducción del déficit tarifario, y que las primas pasen a formar parte del coste de la energía puesto que se dan a la producción.
El portavoz de Energía del PSOE, José Segura, compartió la preocupación por el déficit tarifario, pero criticó tanto la miríada de medidas aprobadas por el Gobierno en estos meses como su forma de evaluar el origen del problema, acusando a las renovables cuando «esta insuficiencia (financiera) sólo se puede explicar desde la perspectiva política» de no querer «asumir el coste político de subir tarifas o costes regulados» así como de calcular los ingresos ex ante.
«(El déficit de tarifa se debe a) la falta de coherencia entre el resultado de un modelo de fijación de precios en un sector económico regulado y la asunción de los costes por parte del sistema», explicó, señalando que los 34.000 millones de euros acumulados de déficit a finales de 2012 se derivan de que «los costes del sistema han experimentado un incremento notablemente superior al IPC».
Pero eso se deriva de partidas tan diversas como los intereses de la titulación, los sistemas insulares y extrapeninsulares, el transporte o la distribución. Por ello, aunque «es cierto que las renovables han sido coadyudantes» al problema no son la causa «exclusiva». Así, justificó su posible abstención en que el proyecto es «necesario» aunque no compartan algunos aspectos como el propio título de la ley.
El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, dijo que ésta es «la última salida de toda una serie de ocurrencias» para afrontar el déficit de tarifa, y se preguntó «cómo no se presenta de una vez una política energética digna de ese nombre». «Seguimos ignorando cómo se forman los precios y, hasta que eso no se sepa, no se podrá hacer frente democráticamente y con transparencia al problema», añadió.
Toni Picó, de CiU, reconoció que es necesario sufragar el desajuste del sistema, por lo que este crédito es «una medida coyuntural necesaria», aunque apuntó que «resulta como mínimo desconsolador» haber llegado a esta altura de la legislatura «con esta tesitura» cuando el Gobierno centró su política energética en resolver el déficit.
«Por mucho que tapemos agujeros no tenemos una política energética a medio y largo plazo, lo que deriva en inseguridad jurídica. La solución no pasa por ir regulando en base a parches ni por extender un crédito extraordinario, sino que tiene que formar parte de una reforma del sector que considere un reajuste total de ingresos y gastos», añadió.
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, consideró que este proyecto es «un paso un tanto improvisado en una estrategia inexistente para afrontar de forma definitiva el problema» y ha aprovechado para recordar al Gobierno que el déficit «no es sólo imputable a las renovables». «Esperamos que, dado que el déficit tarifario es un tema importante, con la nueva reforma se aborde una estrategia futura más enfocada y que no vengan medidas una tras otra a forma de parches», añadió.
Por el BNG, Rosana Pérez señaló que este «parche en el totum revolutum de regulación» del sector eléctrico fruto de «un enfoque parcial» al problema del déficit tarifario, y apuntó a partidas de gasto diferente de las primas a las renovables como culpables de la «insuficiencia» presupuestaria. «Se olvidan de nuevo de que las renovables son las responsables de que España ya no sea importador neto de electricidad, de la reducción de emisiones y de la menor dependencia del petróleo. Por eso no debería culpabilizárselas injustamente«, concluyó.
Junto a este crédito, el Gobierno prevé traspasar los costes extrapeninsulares a los Presupuestos Generales del Estado y destinar la recaudación de las subastas de CO2 a atajar el déficit eléctrico de este año, mientras ultima una reforma que dé sostenibilidad al sistema.
A mi juicio, todas las medidas que se han tomado hasta la fecha no han dado ningún resultado, pues El Sector de las Energías Renovables continúa apaleado y maltrecho por una serie de decretos ley que se han publicado desde el 2010 por los gobiernos.
La denuncia que va a presentar la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético en la Fiscalía Anticorrupción tendrá el mismo resultado que anteriores Denuncias Nacionales e Internacionales (Fondos de Inversión), pues no le conviene al gobierno ningún tipo de cambio en la Política Energética.
Nunca podrá conseguirse, a no ser que se empleen medidas de fuerza mayor, que el Oligopolio de Endesa, Iberdrola y Gas Natural, permitan la entrada de un competidor en la generación de energía.
Existe desde hace años un matrimonio de conveniencia entre los gobiernos y el Oligopolio, de forma que constantemente se efectúan fichajes de ex presidentes, ex ministros, así como otros altos cargos en el Oligopolio para proteger los intereses de todos ellos.
Esta forma de proceder constituye una clara prevaricación por parte de los mandatarios de los gobiernos, pues sus objetivos son absolutamente particulares, en contra de los intereses de los españoles.
Todos estos fichajes continúan cobrando Pensiones Vitalicias y cobran del Oligopolio, única causa en la que hay una convergencia entre el PP y el PSOE, y los españolitos nos quedamos impasibles ante tales injusticias.
Lo más surrealista de la Política Energética es que se está beneficiando de forma vergonzosa por parte del gobierno al Oligopolio formado por: Endesa, que es propiedad al 100% de la italiana Enel; Iberdrola, teniendo Qatar Holding el 6,16%, y Gas Natural, con un 3,85% de la argelina Sonatrach.
De esta forma, el gobierno español hace todo lo necesario para que la electricidad proceda del Oligopolio, perfectamente orquestado con Red Eléctrica Española (REE), para que no exista en España una Libre Competencia de Mercado, anteponiendo la importación de petróleo y gas a los socios de estas empresas y generando cantidades astronómicas de CO2, en contra de que se permita la generación de esta energía de forma limpia por Empresas de Energías Renovables, e incluso consiguiendo que se pudiese bajar la factura de la luz.
Dado que como decía al inicio, estas medidas no servirán de nada, habría que pensar en otro tipo de medidas que pudiesen informar y mentalizar a los españoles y a los sindicatos de lo que está sucediendo en el sector energético.
Aunque siempre han ido en contra de mis principios, sugiero como una de las posibilidades que se organicen “Escraches”, a los que acudirían los 55.000 afectados y muchas más decenas de miles de personas, y que se presentasen en el Congreso de Diputados, así como, y todavía mucho más en contra de mi ética y principios, en los domicilios de los que están provocando esta flagrante injusticia.
A mi juicio, todas las medidas que se han tomado hasta la fecha no han dado ningún resultado, pues El Sector de las Energías Renovables continúa apaleado y maltrecho por una serie de decretos ley que se han publicado desde el 2010 por los gobiernos.
La denuncia que va a presentar la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético en la Fiscalía Anticorrupción tendrá el mismo resultado que anteriores Denuncias Nacionales e Internacionales (Fondos de Inversión), pues no le conviene al gobierno ningún tipo de cambio en la Política Energética.
Nunca podrá conseguirse, a no ser que se empleen medidas de fuerza mayor, que el Oligopolio de Endesa, Iberdrola y Gas Natural, permitan la entrada de un competidor en la generación de energía.
Existe desde hace años un matrimonio de conveniencia entre los gobiernos y el Oligopolio, de forma que constantemente se efectúan fichajes de ex presidentes, ex ministros, así como otros altos cargos en el Oligopolio para proteger los intereses de todos ellos.
Esta forma de proceder constituye una clara prevaricación por parte de los mandatarios de los gobiernos, pues sus objetivos son absolutamente particulares, en contra de los intereses de los españoles.
Todos estos fichajes continúan cobrando Pensiones Vitalicias y cobran del Oligopolio, única causa en la que hay una convergencia entre el PP y el PSOE, y los españolitos nos quedamos impasibles ante tales injusticias.
Lo más surrealista de la Política Energética es que se está beneficiando de forma vergonzosa por parte del gobierno al Oligopolio formado por: Endesa, que es propiedad al 100% de la italiana Enel; Iberdrola, teniendo Qatar Holding el 6,16%, y Gas Natural, con un 3,85% de la argelina Sonatrach.
De esta forma, el gobierno español hace todo lo necesario para que la electricidad proceda del Oligopolio, perfectamente orquestado con Red Eléctrica Española (REE), para que no exista en España una Libre Competencia de Mercado, anteponiendo la importación de petróleo y gas a los socios de estas empresas y generando cantidades astronómicas de CO2, en contra de que se permita la generación de esta energía de forma limpia por Empresas de Energías Renovables, e incluso consiguiendo que se pudiese bajar la factura de la luz.
Dado que como decía al inicio, estas medidas no servirán de nada, habría que pensar en otro tipo de medidas que pudiesen informar y mentalizar a los españoles y a los sindicatos de lo que está sucediendo en el sector energético.
Aunque siempre han ido en contra de mis principios, sugiero como una de las posibilidades que se organicen “Escraches”, a los que acudirían los 55.000 afectados y muchas más decenas de miles de personas, y que se presentasen en el Congreso de Diputados, así como, y todavía mucho más en contra de mi ética y principios, en los domicilios de los que están provocando esta flagrante injusticia.
A mi juicio, todas las medidas que se han tomado hasta la fecha no han dado ningún resultado, pues El Sector de las Energías Renovables continúa apaleado y maltrecho por una serie de decretos ley que se han publicado desde el 2010 por los gobiernos.
La denuncia que va a presentar la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético en la Fiscalía Anticorrupción tendrá el mismo resultado que anteriores Denuncias Nacionales e Internacionales (Fondos de Inversión), pues no le conviene al gobierno ningún tipo de cambio en la Política Energética.
Nunca podrá conseguirse, a no ser que se empleen medidas de fuerza mayor, que el Oligopolio de Endesa, Iberdrola y Gas Natural, permitan la entrada de un competidor en la generación de energía.
Existe desde hace años un matrimonio de conveniencia entre los gobiernos y el Oligopolio, de forma que constantemente se efectúan fichajes de ex presidentes, ex ministros, así como otros altos cargos en el Oligopolio para proteger los intereses de todos ellos.
Esta forma de proceder constituye una clara prevaricación por parte de los mandatarios de los gobiernos, pues sus objetivos son absolutamente particulares, en contra de los intereses de los españoles.
Todos estos fichajes continúan cobrando Pensiones Vitalicias y cobran del Oligopolio, única causa en la que hay una convergencia entre el PP y el PSOE, y los españolitos nos quedamos impasibles ante tales injusticias.
Lo más surrealista de la Política Energética es que se está beneficiando de forma vergonzosa por parte del gobierno al Oligopolio formado por: Endesa, que es propiedad al 100% de la italiana Enel; Iberdrola, teniendo Qatar Holding el 6,16%, y Gas Natural, con un 3,85% de la argelina Sonatrach.
De esta forma, el gobierno español hace todo lo necesario para que la electricidad proceda del Oligopolio, perfectamente orquestado con Red Eléctrica Española (REE), para que no exista en España una Libre Competencia de Mercado, anteponiendo la importación de petróleo y gas a los socios de estas empresas y generando cantidades astronómicas de CO2, en contra de que se permita la generación de esta energía de forma limpia por Empresas de Energías Renovables, e incluso consiguiendo que se pudiese bajar la factura de la luz.
Dado que como decía al inicio, estas medidas no servirán de nada, habría que pensar en otro tipo de medidas que pudiesen informar y mentalizar a los españoles y a los sindicatos de lo que está sucediendo en el sector energético.
Aunque siempre han ido en contra de mis principios, sugiero como una de las posibilidades que se organicen “Escraches”, a los que acudirían los 55.000 afectados y muchas más decenas de miles de personas, y que se presentasen en el Congreso de Diputados, así como, y todavía mucho más en contra de mi ética y principios, en los domicilios de los que están provocando esta flagrante injusticia.