En el real decreto ley, el Gobierno establece, ante la «excepcionalidad de la situación», la eliminación del tope de déficit tarifario de 2012 y la titulización del exceso de deuda eléctrica generada, que de esta forma no computará en la tarifa de 2013.

De esta forma, el presente año comienza en un «escenario de equilibrio» en el que, tras las medidas adoptadas hasta la fecha, más las partidas procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, pueda lograrse la «sostenibilidad económica del sistema eléctrico».

El real decreto ley fue defendido por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y aprobado gracias al apoyo del PP y pese al rechazo de PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, Amaiur, ERC, BNG y Compromís. PNV optó por la abstención.

En concreto, el texto fue convalidado con el voto favorable de 174 diputados, el rechazo de 146 y la abstención de 6 parlamentarios. Por su parte, la tramitación del decreto como proyecto de ley fue rechazada por 174 diputados, mientras que 152 votaron a favor y un parlamentario se abstuvo.

La socialista Isabel López i Chamosa afirmó que el decreto «contiene la prueba del fracaso de Industria en la lucha contra el déficit tarifario» porque, «tras cuatro decretos y una ley, ha imposibilitado que en 2012 se cumpla lo previsto y se ha ido el déficit a 5.000 millones» y además ha generado «incertidumbre e inseguridad jurídica» y ha frenado el desarrollo de las renovables.

El diputado de IU-ICV-CHA Joan Coscubiela se preguntó por qué el Gobierno no aprobó un decreto diferente para los temas energéticos si era tan urgente. «Quien hace 29 decretos hace 30», dijo, acusando al Ejecutivo de querer «camuflar» ese tema para que no se discuta.

Álvaro Anchuelo (UPyD) también criticó la «falta de respeto» que supone legislar por decreto y mezclando «temas muy divergentes», mientras que el diputado de CiU Carles Campuzano reclamó al Gobierno un «esfuerzo» para no «seguir abusando» de los decretos.

Joan Baldoví (Compromís-Equo) consideró que este decreto «variopinto y multicolor» supone «un castigo para las renovables», mientras que Sabino Cuadra (Amaiur) calificó el procedimiento de «chapucero y poco democrático».

Emilio Olabarria, del PNV, criticó la multitud de temas incluidos en el decreto. «Nunca he visto una cosa igual. Podríamos derogar el artículo 81 de la Constitución con este decreto. Como la jerarquía de las leyes ya no significa nada, podemos hacer lo que queramos», ironizó.

Por parte del PP, Mario Flores aseguró que los cambios en el sector energético «buscan proteger a los consumidores y garantizar la sostenibilidad del sistema» y evitar nuevas subidas de la factura. «Si no se hubieran aprobado estas medidas sobre déficit tarifario habría sido muchísimo mayor», aseguró.