El proyecto de ley, que fue aprobado el pasado mes de febrero, autoriza al Estado a financiar este año parte de los costes de producción eléctrica de forma excepcional, y para ello prevé un crédito para el Ministerio de Industria de 2.200 millones de euros que se financiarán con deuda pública a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El texto, que aún tendrá que pasar por otro debate parlamentario en el Pleno de la Cámara Baja antes de ir al Senado, no sufrió ninguna modificación, ya que el PP no presentó enmiendas al articulado y tampoco aceptó ninguna de las registradas por la oposición, al considerar que dificultaban el objetivo de la normativa, que es lograr equilibrar los ingresos y gastos del sistema eléctrico este año para evitar que deje de generarse déficit de tarifa. Así, el dictamen salió adelante con los únicos votos del PP y las abstenciones de CiU y PNV, mientras que PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y BNG votaron en contra.

El portavoz de Industria del PSOE, José Segura, criticó que la medida sea «temporal», al considerar que debería haber una partida permanente en los Presupuestos del Estado para financiar extracostes del sistema como los derivados de la producción en sistemas insulares y extrapeninsulares; y también reprochó que se «culpabilice» a las renovables como «causantes del déficit tarifario».

«Este proyecto es una forma clara de consolidar una vinculación (entre déficit tarifario y renovables) con la que no nos identificamos y que es peligrosa, ya que la financiación de las energías no fósiles pasa a depender de una decisión presupuestaria anual, en vez de seguir un concepto claro como los peajes del sector eléctrico«, reprochó.

Tras criticar que el Gobierno «no está siendo capaz de controlar» el desajuste presupuestario del sistema eléctrico, el diputado socialista alertó del riesgo de que la Comisión Europea considere este crédito de ayudas de Estado, y advirtió de que «incertidumbres» de esta naturaleza pueden perjudicar a las inversiones.

En la misma línea, Laia Ortiz, de la Izquierda Plural, acusó al Ejecutivo de presentar «un nuevo parche en el sector eléctrico» sin enfrentarse a la verdadera «cuestión estructural» que, a su juicio, es «la mala regulación y el oligopolio» que sufre el sector y que generan «desajustes» que «ahora entre todos tenemos que pagar».

Además, la diputada catalana criticó que se «culpe a las renovables de todos los males del sector» cuando se trata en realidad de «la opción de futuro del modelo energético». Por eso, IU-ICV reclamó una auditoría para ver «dónde están las responsabilidades» y para «no seguir poniendo parches sin saber dónde está el agujero» como, teme, sucederá con la nueva reforma que el Ministerio de Industria presentará próximamente al Consejo de Ministros.

La portavoz parlamentaria del BNG, Olaia Fernández Davila, rechazó esta norma porque «culpabiliza injustamente» a las renovables al justificar la necesidad de este crédito en la «desviación de las previsiones» de aquéllas. Además, recordó que la «insuficiencia presupuestaria» que hace necesario este crédito se deriva de partidas como la de interrumpibilidad, así como del «enfoque parcial» del Gobierno a la hora de atajar el déficit tarifario.

Sin embargo, el diputado del PP Antonio Erías insistió en que esta ley «no es ni una chapuza ni un parche» sino una medida «extraordinaria» para «evitar que en 2013 se continúe lastrando el déficit de tarifa» y poder cumplir la ley. «No se trata de demonizar a ninguna tecnología, y mucho menos a las renovables», insistió, justificando su rechazo a las enmiendas de la oposición en que, «o están desenfocadas o ya se están desarrollando de una manera mucho más ambiciosa».