El Congreso aprueba medidas fiscales medioambientales con el único apoyo del Partido Popular

Tras una tramitación «exprés» que en apenas una semana finiquitó el debate de totalidad y la revisión del más de un centenar de enmiendas presentadas por los grupos, el proyecto de ley sólo incorporó las 17 propuestas del PP, por lo que el dictamen fue respaldado únicamente por el grupo que da sustento al Gobierno frente a la abstención del PNV y el voto contrario de PSOE, Izquierda Plural, UPyD y CiU.

Con los cambios aprobados, se reconoce una exención del 85% en el Impuesto de Electricidad a los procesos electrolíticos y de reducción química, mineralógicos y metalúrgicos para mejorar su competitividad, se modifican las sanciones a las embarcaciones que utilicen combustibles no permitidos, se precisan los cambios en las deducciones al Impuesto de Sociedades y se exime a los barcos utilizados para la enseñanza del pago del Impuesto de Matriculación, entre otras cosas.

La portavoz popular de Hacienda, Ana Madrazo, afirmó que es «imprescindible» aprobar esta normativa porque «avanza en el proceso de consolidación fiscal» y permitirá «recuperar ingresos tributarios a los niveles propios de un país desarrollado», algo «esencial para cumplir los compromisos pero también para mantener la sanidad, la educación y los servicios sociales».

En concreto, el PP prevé que sólo la eliminación de deducciones del Impuesto de Sociedades que prevé este proyecto aporte ingresos adicionales de 3.650 millones de euros al año a costa de las grandes empresas, porque «el Gobierno quiere que paguen más los que más tienen y menos quienes generan actividad económica y crean empleo, como son las pymes y los autónomos».

Por su parte, el nuevo gravamen sobre los gases fluorados de efecto invernadero es un «intento» de promover un cambio de comportamiento, aunque Madrazo reconoció que hay que «profundizar» más en la senda de la fiscalidad verde y aseguró que será una de las vías fundamentales de la reforma profunda del sistema tributario que se planteará a principios de 2014.

Sin embargo, el socialista Pedro Sánchez consideró que este proyecto es «un cajón de sastre» que «combina subidas de impuestos sobre todo a las clases medias con subvenciones fiscales nada justificables», y acusó al PP de «improvisación y arbitrariedad» en materia de política fiscal, un comportamiento «muy contraproducente» porque perjudica a la seguridad jurídica.

Por eso, el PSOE planteó fijar un suelo del 15% en Sociedades para las grandes corporaciones, revisar todas las deducciones del IRPF, suprimir la prórroga de la subida del IBI o eliminar las exenciones a la matriculación de yates. Además, exigió al Gobierno que «de verdad plantee un proyecto de ley de medidas fiscales medioambientales y no este apaño, este quiero y no puedo».

Laia Ortiz, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), también criticó la «inestabilidad» de la política fiscal, con «más de diez cambios en menos de dos años», y lamentó que «tampoco con este proyecto se avanzará hacia un sistema más justo y eficaz», ni tampoco hacia una fiscalidad más verde.

También criticó que las enmiendas populares den «marcha atrás» con los «pequeños avances» que se habían conseguido con la eliminación o rebaja de algunas deducciones en Sociedades que recogía el proyecto de ley, y defendió sus enmiendas, que plantean nuevas figuras tributarias «claras» de fiscalidad medioambiental así como reformar los impuestos existentes en «clave verde».

El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, señaló que «contrasta el discurso tan triunfalista del Gobierno» con respecto al pretendido control del déficit público con la continua aprobación de medidas tributarias «a golpe de urgencia recaudatoria», y concluyó en que este proyecto de ley recoge sólo «medidas mínimas» de fiscalidad medioambiental y que, sin embargo, genera «incertidumbre» regulatoria que perjudica a las inversiones.

«Hace falta una reforma fiscal verde más amplia, no sólo creando impuestos nuevos sino revisando también los existentes desde el punto de vista medioambiental», reclamó, planteando asimismo que parte de la nueva recaudación que permita este proyecto de ley se destine a políticas medioambientales.

Finalmente, Toni Picó, de CiU, reprochó al Ejecutivo que presente «de nuevo» un incremento de la presión fiscal y recordó que, al margen de las «necesidades recaudatorias», hace falta articular una política impositiva que «impulse la recuperación del crecimiento económico y de la creación de empleo». «Y estas medidas no lo hacen», apostilló.

Además, calificó de «ridículo» pretender que éste es un proyecto de fiscalidad medioambiental y recordó que el margen para avanzar en ese sentido es «amplio», ya que la recaudación verde en proporción al total de ingresos tributarios sólo es más baja que en España en Francia y Bélgica.

Por último, advirtió de que el nuevo impuesto sobre gases fluorados «merma la competitividad de determinados sectores» al no estar armonizado en la Unión Europea, señaló que la eliminación de algunas deducibilidades «pone en peligro la internacionalización» de las empresas cuando más falta hace que ese proceso sea exitoso, y criticó la «deslealtad institucional» del proyecto que, como el resto de cambios fiscales, reserva para el Gobierno central la mejora de recaudación sin repartirla con el resto de administraciones.