Finalmente, el voto contrario de los populares excluyó de la normativa un enmienda relativa a la definición de lo que se considera combustible nuclear gastado y residuo radiactivo resultante que están sujetos al nuevo impuesto, que sigue manteniendo el importe del impuesto por este concepto.

Además, también se rechazó la fórmula de concertación de la aplicación de los nuevos gravámenes energéticos con los gobiernos vasco y navarro, recogida en la disposición adicional tercera y que establecía que la recaudación de todos los gravámenes iría íntegramente a las arcas del Estado hasta que se incluyesen en los conciertos económicos vasco y navarro.

El Congreso convalidó el resto de enmiendas incorporadas tras su trámite en el Senado, entre las que figuran elevar del 6% al 7% el impuesto genérico para la producción de electricidad y rebajar el «céntimo verde» del gas natural para uso industrial, con la excepción de la cogeneración.

La normativa aprobada recoge una serie de impuestos para la generación de electricidad y otras medidas con las que el Gobierno pretende recaudar 5.700 millones de euros para «taponar» en 2013 el déficit de tarifa, que se genera porque los ingresos del sistema no son suficientes para cubrir los costes.

Además del impuesto genérico a la producción, la norma prevé «céntimos verdes» a la generación eléctrica con gas natural, carbón y fuel, así como diversos gravámenes a los residuos nucleares, entre otras tasas.

Entre las medidas adicionales figuran la decisión de dedicar la recaudación de las subastas de derechos de emisión de CO2 a fomentar las renovables a través de la tarifa eléctrica y cargar los intereses del déficit de tarifa a los Presupuestos Generales del Estado.

El diputado del PP, Antonio Erías, pidió al resto de grupos que apoyasen la normativa porque esta va a resolver el problema del déficit de tarifa antes de que se convierta en déficit público, lo que, en su opinión despeja la incertidumbre del sector. En este sentido, destacó que en 2004 el déficit de tarifa era de 1.800 millones de euros y, a noviembre de 2011 se incrementó hasta los 24.000 millones de euros.

Erías defendió que en este proyecto de ley «no hay improvisación y menos inseguridad». «Da certeza y despeja incertidumbres (sobre la tarifa eléctrica) para que no exista insostenibilidad económica», señaló para admitir que no se pueden garantizar «efectos tasados».

Según dijo, la norma «completa acciones que el Gobierno ha tenido que adoptar a su pesar, porque la política energética no debe ser embridar el gasto». «En el Senado se ha mejorado el texto», sentenció en contra de la opinión del resto de los grupos.

La oposición lamenta que no se haya hecho una reforma profunda

En el debate en el Pleno del Congreso, la oposición lamentó que el Gobierno haya perdido la oportunidad de hacer una reforma profunda del sistema energético español y que sólo se busque recaudar para hacer frente al déficit tarifario que, no obstante, pronosticroan que no se atajará.

El portavoz de Energía del PSOE, José Segura, criticó al partido mayoritario por «no prestar atención» ni a los productores de energía eléctrica ni a las formaciones políticas, que de forma mayoritaria rechazaron las enmiendas al proyecto de ley procedentes del Senado y que se debatieron en la última sesión plenaria del año en la Cámara baja.

«Tras quince años, creemos que ha llegado el momento de adaptar la Ley Energética de 1997 a una nueva realidad vinculada al crecimiento de la sensibilidad ciudadana respecto al cambio climático y a la potenciación de las renovables. Pero ustedes se mueven exclusivamente siguiendo la línea directriz de reducir el déficit tarifario con planteamientos recaudatorios, y pierden la oportunidad de modernizar el sistema energético nacional«, dijo el diputado socialista.

Además, advirtió de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está aproximando al sistema a «una gran burbuja energética» y desaprovechando la oportunidad de impulsar un «mix moderno, como corresponde al siglo XXI». «Se han negado a traer a esta Cámara, con consenso, un proyecto que remplace la amplia normativa del sector, que ya ni los expertos son capaces de desentrincar», insistió.

Finalmente, criticó a los populares por la «caótica» y «esperpéntica» tramitación parlamentaria de la norma y por la «falta de rigor, de seriedad, de método y de calidad argumental». «Este proyecto coge de dos manos (los ministerios de Industria y de Hacienda) que no se coordinan», zanjó.

Sin embargo, Segura ofreció «diálogo y cooperación» al Gobierno para reformar la ley del sector eléctrico.

La portavoz en esta materia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Laia Ortiz, aseguró que esta ley «hunde el posible tránsito a un nuevo modelo energético» y es un ejemplo de la «manipulación» del Gobierno. En su opinión, «de la sostenibilidad energética que da nombre a la norma, lo único que se sostiene es la mala regulación del modelo, la inequidad y el castigo a las renovables«, a las que, dijo, el ministro tiene «fobia».

«Antes de tomar decisiones erráticas escuchen y dialoguen» puesto que el país necesita una «planificación energética», sentenció Ortiz, que propuso una quita parcial de la deuda eléctrica.

Por su parte, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, consideró que esta reforma es «una verdadera calamidad» porque se pierde la oportunidad de hacer una «política energética digna de tal nombre» y se «sustituye por una estrategia puramente recaudatoria» que «exprime de nuevo a productores y consumidores» sin con ello conseguir solventar el problema del déficit de tarifa.

«Se desaprovecha la oportunidad de cambiar el modelo económico, se penaliza la eficiencia y la innovación con el maltrato a las renovables, se mantiene la confusión en la fiscalidad, se favorece la dependencia al favorecerse el consumo de hidrocarburos y carbón y las citas a criterios medioambientales son puramente cosméticos y oportunistas», acusó.

Tras subrayar que el Senado «ha empeorado» el proyecto tal y como salió de su debate en el Congreso, el diputado de UPyD advirtió al Ejecutivo de que esta ley perjudicará a la competitividad de las empresas y provocará un «retroceso en el I+D» del sector que llevan a cabo las empresas de renovables, a la par que «se mantiene lo peor de lo que ya ha fracasado». Además, Martínez Gorriarán consideró que el Gobierno no tiene política energética ni industrial «digna de tal nombre».

El diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre, se mostró «decepcionado» ante una reforma que «perjudicará» especialmente a las familias, que verán incrementada su factura de la luz en un 6% a partir de 2013.

Además, aseguró que el texto «hiere mortalmente al tejido industrial español» y que los principales beneficiados serán Francia, Alemania e Italia, ya que serán el destino de muchas deslocalizaciones y porque ganarán cuota industrial ante la pérdida de competitividad que la reforma supondrá para las empresas españolas.

Por ello, se dirigió al ministro de Industria para decirle que «va a ser el más antiindustrial que ha pasado en los últimos 30 o 35 años de democracia», mientras que esta ley «va a suponer un retroceso importante de 50 años en la política industrial».

El portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, aseguró que, a tenor de la ley, «el déficit tarifario no tendrá una solución satisfactoria». Como la mayoría de los grupos, el nacionalista vasco lamentó que el Gobierno haya optado por «el no consenso y por el ni siquiera escuchar las vías de solución» que desde el PNV se plantearon, por lo que pidió un «modelo energético claro» para afrontar los retos a medio y largo plazo.

La diputada de Amaiur, Maite Ariztegui, consideró «hipócrita» pensar que «el problema de la crisis energética se resolverá pensando y actuando del mismo modo que cuando se creó». Tras calificar la ley de «parche recaudatorio y cortoplacista», la diputada emplazó al Gobierno a «cambiar radicalmente el modelo hacia otro más eficiente y sostenible, económica pero también ambientalmente».

Pedro Quevedo (CC-NC) lamentó que se «pierde una enorme oportunidad de regular un sistema energético opaco, confuso y casi imposible de entender» y defendió que las prioridades deberían ser «apoyar la producción de renovables y gravar más las energías sucias», cosa que no se hace con este proyecto de ley.

El diputado de UPN, Carlos Salvador, reclamó un «gran pacto nacional sobre el futuro de la energía», y expresó sus dudas sobre el modelo que propone el Gobierno. «Nosotros defendemos un modelo menos dependiente, menos agresivo con el medio ambiente y más democrático», dijo, lamentando la «sensación amarga» que la «mucha improvisación y poco diálogo» de la tramitación de la reforma le dejó. Finalmente, dudó sobre si las formas y tiempos propuestos para atajar el déficit de tarifa son los adecuados.

Por su parte, en un desatuno informativo de Europa Press, José Manuel Soria reconoció que el nuevo decreto de medidas fiscales para la sostenibilidad energética tiene «finalidad recaudatoria», pero sostuvo que «no hay otra posibilidad en estos momentos» que aplicar estas medidas.

«Evidentemente, son medidas que no gustan a todos, o a ninguno, pero es evidente que el Gobierno no está ahora para afrontar medidas que nos gustan, sino para adoptar las medidas necesarias que reconducir los equilibrios existentes», señaló.

Finalmente, WWF analizó la reforma energética presentada por el Gobierno sobre medidas fiscales y pronosticó que no servirá para solucionar el déficit de tarifa si se continúan arrastrando los errores regulatorios de «parches» que no acaban con la inseguridad jurídica de las energías renovables. En su opinión, esta reforma también pone de manifiesto la falta de rumbo y planificación energética de nuestro país.