El Congreso aprueba la ley que garantiza el suministro eléctrico insular y extrapeninsular con las abstenciones del PSOE y de CiU

La Comisión, que tiene con competencia legislativa plena, aprobó la norma como si acudiera al Pleno con los votos a favor de los 23 miembros del PP en la Comisión, así como con 14 abstenciones, correspondientes a los representantes del PSOE y de CiU. Los votos en contra son 3 y corresponden a Coalición Canaria-Nueva Canaria y a la Izquierda Plural (IU, ICV y Cha).

Durante las votaciones, se fueron rechazando una a una todas las enmiendas presentadas por el PSOE, PNV, CiU, Coalición Canaria e Izquierda Plural. Tras este trámite y la aprobación con el apoyo del PP, la norma pasará al Senado, donde podría ser devuelta al Congreso si se producen modificaciones.

Para el Gobierno, esta norma aumenta la eficacia de estos sistemas, procura que haya más operadores de los existentes, mejora la competitividad del suministro eléctrico, aumenta la seguridad ante posibles riegos, que haya nuevas instalaciones de generación y distribución, optimiza el coste de los combustibles, asegura los bombeos en estos sistemas y fija un marco normativo para la instalación de energías renovables.

Además de estas medidas, se fija la obligación de que los proyectos de extracción de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica, conocidas como «fracking», estén sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental.

Durante el debate previo a la votación, el diputado del PP y vocal en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, Guillermo Mariscal, afirmó que el proyecto de ley «establece un marco legal que permite un efectivo y claro desarrollo de las energías renovables» y criticó a los «heraldos del terror que dicen que la factura de luz subirá en Canarias», cuando será «exactamente la misma» que en la Península.

En este sentido, instó a los grupos de la oposición a no crear «alarmismos» y a ser «conscientes de la necesidad que tiene España de fomentar el autoabastecimiento energético».

Mariscal defendió la norma y recordó que incluye un «calendario taxativo» para las nuevas plantas de bombeo. Además, se mostró partidario de explorar los hidrocarburos del país, ya que lo contrario sería, a su juicio, «una aberración técnica y jurídica y una irresponsabilidad».

El diputado del PP también explicó que la norma quiere dotar al régimen insular y extrapeninsular de una mayor competencia en el ámbito de la generación y que, gracias a la misma, los ciudadanos y las empresas cuenten con mayores oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas y la competitividad de las empresas, además de servir ésta para «reducir los costes, minimizar y reducir asimismo los riesgos en la seguridad de suministro del sistema eléctrico, y aumentar la penetración de las energías renovables».

Por su parte, el diputado del PSOE, Pablo Martín, defendió la instalación de 150 megavatios (MW) de renovables, la mitad eólicos y la mitad fotovoltaicos, en las islas, con una retribución similar a la del real decreto 661/2007. Las renovables, dijo, son fundamentales para la autosuficiente de abastecimiento de estos territorios.

También por parte del PSOE, José Segura lamentó el tratamiento parlamentario dado a la norma, en el que se perdió la oportunidad de «enriquecerla» con las opiniones de las comunidades autónomas afectadas. Segura pidió además la integración eléctrica de Ceuta con la Península, como ya se ha hecho con Baleares a través de un enlace submarino.

El diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre, lamentó la falta de «sensibilidad» del Gobierno con las comunidades autónomas en la tramitación de la norma y rechazó las limitaciones de nueva potencia a los agentes que tengan más del 40% del suministro, ya que esta medida «puede generar problemas de suministro».

La diputada de Izquierda Plural, Laia Ortiz, criticó que «en un sector tan estratégico como el energético se vaya regulando a golpes de reales decretos», en alusión a la nueva norma remitida por el Gobierno sobre extrapeninsulares, cuando todavía se tramita en el Congreso la ley sobre esta materia. Ortiz fue además crítica con el «fracking».

El pasado 30 de mayo, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, defendió esta norma de las enmiendas a la totalidad y anunció los cambios acordados con el Gobierno de Canarias. Afirmó que, finalmente, las centrales hidroeléctricas de bombeo en los sistemas insulares como el de Canarias «no se traspasarán a Red Eléctrica», como constaba en el borrador de la norma que llegó a las Cortes.

El titular de Industria aclaró que «para las instalaciones que incorporen un bombeo y tenga autorización administrativa, o que sea concesionaria de un aprovechamiento hidráulico, se le fijará un calendario de ejecución y sólo si lo incumplen se les traspasará a Red Eléctrica. La titularidad, de acuerdo a este enmienda, de REE, será sólo será en el caso de que lo autorice la Comisión Europea».

En el proyecto inicial, el Ejecutivo justificaba que dada la «importancia de las instalaciones de bombeo y plantas de regasificación en los SEIE (sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares) para garantizar la seguridad de suministro», la titularidad de estos activos corresponderá al operador del sistema eléctrico y al gestor técnico del sistema gasista, respectivamente.

El texto final permitirá que los operadores eléctricos mayoritarios en los sistemas insulares y extrapeninsulares puedan superar el 40% del mercado cuando no haya otros operadores interesados en hacerse cargo de las nuevas instalaciones.

Además, para asegurar la capacidad de bombeo, se fija un calendario de ejecución para las instalaciones con bombeo y autorización administrativa o que sean concesionarias de un aprovechamiento hidráulico.