El Congreso aprueba la Ley del Sector Eléctrico con el apoyo de CiU y PNV

La Ley del Sector Eléctrico ha sido finalmente aprobada con 198 votos a favor en el pleno del Congreso de los Diputados al contar con el apoyo del grupo mayoritario, el Partido Popular, y de Convergencia i Uniò (CiU) y del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Además, ha sido sorprendente la abstención de los cinco diputados de Unión Progreso y Democracia (UPyD).

Durante el debate, pocas referencias al contenido de la nueva normativa y bastantes más a las formas que se han seguido durante la tramitación de la Ley del Sector Eléctrico y las consecuencias que de esta legislación se van a derivar. La primera, por la retirada de los 3.600 millones de euros comprometidos por el Estado para atajar el déficit de tarifa de 2013, la subida de la parte regulada del recibo anunciada por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, del 2% a partir de enero de 2014. El resto se ha reducido a especulaciones, finalmente superadas por la realidad, respecto al resultado de la subasta que se celebraba de forma paralela en el tiempo al debate de las enmiendas introducidas por el Senado a la Ley del Sector Eléctrico durante la sesión plenaria del Congreso de los Diputados.

Ante la ausencia del ministro de Industria, Energía y Turismo en el hemiciclo, el portavoz de Energía del PP en el Congreso, Antonio Erías, justificó los altos precios marcados por el pool en la parada en la que se encuentran tres reactores nucleares de los ocho de los que dispone España: Garoña, por decisión de sus titulares motivada en causas económicas, y uno de los dos reactores de los que disponen las centrales de Almaraz y Vandellós, que se encuentran en un proceso de recarga de combustible. Antonio Erías considera que la unión de este factor con que la energía eólica y la hidroeléctrica «no han tenido la actividad deseada» ha llevado al precio de mercado a elevarse de tal forma. El portavoz popular aprovechó esta circunstancia para arremeter contra los grupos parlamentarios que previamente habían criticado la subida en el recibo de la luz y se han mostrado contrarios a la energía nuclear en multitud de ocasiones. “Si toda la producción dependiera de las renovables como alguno de ustedes propone, el recibo multiplicaría su importe”, sentenció Erías.

Previamente, el diputado del PNV, Pedro Azpiazu, señaló que su grupo había logrado un compromiso “satisfactorio” con el Gobierno: reducir a la mitad en los próximos dos años los peajes que soportan los consumidores energéticos que están sujetas a tarifas de acceso igual o superior a los 30Kv, es decir, empresas y principalmente industria. Además de un compromiso de inversión en el almacenamiento subterráneo Gaviota de Enagás, situado frente a las costas de Bermeo (Vizcaya) para “garantizar su seguridad”. No fue una intervención exenta de críticas al contenido de la Ley y, especialmente, a la retirada de los 3.600 millones a través de una enmienda en el Senado. Además de criticar que el procedimiento seguido “es más que discutible”, Pedro Azpiazu también lo valoró como un “golpe de timón de Hacienda, descalificando directamente a Industria; claramente gana Montoro y pierde Soria en un espectáculo lamentable que sufren los ciudadanos, que ven aumentada su factura en un momento económico especialmente grave”.

Por su parte, Josep Sánchez Llibre (CiU) presentó a su grupo parlamentario como “el gran salvador del sector de la cogeneración industrial” por lo que se congratuló por evitar la deslocalización de empresas e industrias intensivas en energía y mantener sus empleos al conseguir del Gobierno un compromiso para plantear en 2014 un plan Renove para las instalaciones de cogeneración industrial, residuos y biomasa. También destacó el diputado nacionalista catalán haber conseguido recuperar competencias para las comunidades autónomas. Por todos estos cambios, Josep Sánchez Llibre justificó su cambio de postura desde la enmienda a la totalidad presentada en un primer momento al apoyo concedido en último término. Entre los aspectos en los que al diputado nacionalista le hubiera gustado profundizar, Sánchez Llibre señaló su disconformidad con lo establecido para el autoconsumo, el trato a los consumidores vulnerables o la quiebra a la que se condena a los pequeños inversores en renovables y consideró que el déficit tarifario es un problema que «todavía no se ha resuelto».

La Ley del Sector Eléctrico tiene como objetivo acabar con el déficit tarifario a partir del próximo año y para conseguirlo se dispone a atajar el problema desde su origen: las decisiones de los sucesivos Gobierno de no encarecer el recibo de la luz para así no soportar un precio político por ese encarecimiento. Para ello introduce un mecanismo automático de actualización de peajes para equilibrar ingresos y costes del sistema en caso de cualquier desajuste que se sitúe por encima del 2 % de los costes estimados para el año en curso o del 5% del total de la deuda acumulada hasta ese momento.

Rifirrafe entre PSOE y CiU

El portavoz socialista de Energía en el Congreso de los Diputados, José Segura, arremetió duramente por igual contra el Gobierno, por la Ley del Sector Eléctrico que ha elaborado, y contra CiU, al que rogó con ironía que no se vayan de España porque “qué íbamos a hacer sin ustedes” al conseguir el compromiso de un Plan Renove para la Cogeneración Industrial que Segura ha puesto en duda desde un primer momento; un acuerdo que considera que los nacionalistas catalanes “han hipervalorado” y por lo que volvió a hacer uso de la ironía para pedir al PP que siga “dando chocolatinas” a los nacionalistas catalanes para recabar su apoyo. Una afirmación que no encajó bien Josep Sánchez Llibre, que exigió una rectificación inmediata a Segura por lo que consideró como un menosprecio al pueblo catalán. Al final, Segura apeló a la dialéctica parlamentaria y mantuvo sus palabras aludiendo a sus orígenes catalanes para desmentir las acusaciones del diputado de CiU.

En lo que respecta a la reforma, Segura lamentó que no se conseguirá acabar con el déficit de tarifa, pese a que ha sido el objetivo principal del Ministerio de Industria desde el comienzo de la legislatura; también advirtió que ni siquiera está asegurado que el desfase en 2013 se vaya a limitar a los 3.600 millones de euros ya que habrá que esperar a las liquidaciones. Respecto a la polémica subasta, José Segura considera que la subida se debe a la «anarquía y caos normativo» que, además de en el pool, impera en el sector eléctrico después de las sucesivas reformas aprobadas en esta legislatura, cuyas consecuencias «acaban pagando los ciudadanos». Además, criticó la modificación de los requisitos exigidos para acceder al bono social, del que, por otra parte, lamentó que a partir de ahora se cargue «entre todos los usuarios» y no entre las empresas como hasta ahora.

Oposición frontal contra la Ley

Por la Izquierda Plural, Laia Ortiz considera que el Gobierno ha llegado «al límite de la capacidad de hacer el ridículo» y ha marcado un nuevo «récord de incumplimientos y de mentiras» en el campo energético con respecto a las subidas de la luz o la existencia de déficit tarifario este año. Y, mientras, las empresas «aumentan y aumentan los beneficios» pese a que el déficit y el precio eléctricos no paran de crecer, y se castiga a las renovables y al autoconsumo. «Por eso este texto nace fracasado, tiene los días contados, como también debería tenerlos el ministro porque no tiene ni credibilidad ni liderazgo», añadió. Ortiz también advirtió que su formación «batallará» tanto en los juzgados como en Europa para «poner fin a una legislación discriminatoria y a un mercado oligopolístico, que atenta contra los derechos económicos, sociales y medioambientales».

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, afirmó que esta ley «está muerta antes de que finalice su tramitación» dado que «todo lo que dijo el ministro Soria ha fracasadoy simplemente «cambia de nombre al déficit tarifario y busca una vía distinta para seguir con las mismas reglas del juego», protegiendo los intereses del sector eléctrico en lugar de promover un cambio de modelo. Gorriarán advirtió al PP de que la recuperación económica de España «puede echarse por tierra con la falta de una auténtica política energética». «Es un fracaso histórico en uno de los problemas estructurales más graves de la economía española. Y su medida estrella, distribuir el déficit entre tres agentes, ha resultado un bluff absoluto, una chapuza colosal, porque sólo se deja en formol el problema para el próximo Gobierno», añadió criticando que esta situación es consecuencia de «entregar la dirección de ciertos asuntos a personas realmente incompetentes», en referencia al ministro Soria, «cuyas ideas sobre el sector son verdaderamente chispeantes».

Teresa Jordà, de ERC, pronosticó que esta norma «para nada será eficaz para tener un sistema eléctrico beneficioso en el futuro, porque sólo favorece a las grandes empresas eléctricas y no se basa ni en el ahorro ni en la eficacia ni en la soberanía energética», y ni tan siquiera soluciona el déficit tarifario. En cambio, Jordá considera que la Ley lo que hace es criminalizar a las renovables e introducir el peaje de respaldo al autoconsumo energético. «Nos sobra esta chapuza que, es una burla a la ciudadanía y no va a ninguna parte más que al desastre energético», sentenció.

Por el BNG, Rosana Pérez, criticó que esta Ley «no va a la raíz de las causas de los desorbitados precios de la electricidad», que a su juicio seguirán en estos niveles mientras el Gobierno «se niegue a considerar el suministro de energía como un servicio público». La diputada nacionalista gallega también afirmó que la Ley no indaga tampoco en las razones del déficit de tarifa y se limita a introducir «retroactividad» para «culpabilizar del déficit a las renovables». «Es un verdadero atraco a las economías familiares», concluyó, haciendo reiteradas críticas a los beneficios de las compañías eléctricas.

Diagnóstico similar el que realiza Pedro Quevedo (CC-NC), para quien esta Ley «agrava» los problemas de las familias, sobre todo tras los cambios introducidos en el Senado y que impedirán el objetivo principal de la norma, acabar con el déficit tarifario. «Un fracaso en toda regla de las políticas desarrolladas por José Manuel Soria», juzgó Quevedo, señalando que el precio que se paga por la electricidad no es el coste de la energía sino el que necesitan ganar las empresas productoras «a través de un exceso de instalaciones que no dan respuesta a las necesidades de los ciudadanos».

Joan Baldoví (Compromís-Equo) aseguró que esta Ley no ha sido redactada por el Ministerio, sino en un despacho de la patronal eléctrica para «salvaguardar los beneficios» de las empresas, y reclamó nuevamente al Gobierno una auditoría del déficit tarifario y no esta «chapuza» que supone un «atraco a los consumidores» al poner nuevas trabas al autoconsumo y a las renovables, mientras sigue subiendo el precio de la factura y no se reducen la dependencia exterior. «Esta Ley sirve a los poderosos y acrecienta la injusticia y la inseguridad jurídica», sentenció Baldoví, que se comprometió a trabajar para derogarla y avanzar a un nuevo modelo energético.