El Congreso aprueba el real decreto eléctrico con el apoyo de PNV y la abstención de CiU

Por su parte, el PP se ha abstenido en la convalidación del real decreto ley y ha votado a favor de tramitarlo como proyecto de ley. De esta forma, el ‘sí’ a la convalidación atrajo 175 votos, frente a 12 del ‘no’ y 157 de la abstención, mientras que el rechazo a la tramitación como proyecto de ley sumó 175 votos, frente a 160 del ‘sí’ y 9 de la abstención.

El aspecto de la norma que más enfrentamiento ha provocado en la Cámara Alta durante el debate previo a la votación ha sido el recorte de horas con derecho a prima para las instalaciones fotovoltaicas, que permitirá ahorrar 2.200 millones en tres años y que ha sido considerado retroactivo por las asociaciones del sector.

Al margen de esta medida, el real decreto ley eleva los límites de déficit de tarifa hasta su desaparición en 2013 y permite ahorrar un total de 4.600 millones de euros al sistema eléctrico en tres años mediante la asunción por parte de las compañías de un peaje a la producción de 0,5 euros por megavatio por hora (MWh), el coste de las medidas relacionadas con la estrategia de ahorro y eficiencia energética durante tres ejercicios y la financiación del bono social hasta 2013.

Al defender el real decreto ley, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha asegurado que las medidas «evitarán subidas desmesuradas de la tarifa eléctrica, como la que hemos tenido que aprobar, a nuestro pesar, el pasado 1 de enero», del 9,8%. Una subida que tachó de extraordinaria e irrepetible.

También ha considerado que el recorte a la fotovoltaica «no es retroactivo ni pone en riesgo la rentabilidad de las instalaciones». El recorte es «temporal, razonable, proporcionado, necesario y garantizará el futuro del sistema», dijo.

Además, ha anunciado su disposición a retomar el diálogo con el sector y el mantenimiento de contactos con la CECA para que el sector financiero y su propio Ministerio faciliten a los promotores fotovoltaicos con dificultades el acceso a líneas de crédito que eviten los problemas relacionados con la financiación de las plantas.

«Somos conscientes de que la medida puede exigir en algunos casos inyecciones de liquidez a proyectos, y desde el Gobierno queremos facilitarlo y evitar dificultades coyunturales de liquidez que generen problemas a inversores solventes«, afirmó, antes de añadir que «nada hay más lejos que la intención de buscar un quebranto para las instalaciones fotovoltaicas».

Sebastián presentó además como «necesario» el real decreto ley después de que en 2010 la «profunda crisis mundial» provocase un «incremento superior a lo previsto» en los costes del sistema y, especialmente, en las primas a las renovables. La norma, dijo, viene acompañada de acuerdos con los eólicos y termosolares, y «reparte el esfuerzo» entre todos los agentes, incluidos los consumidores, que ya soportan las subidas de la luz.

El de la fotovoltaica «era el único sector renovable que no había hecho aún un esfuerzo para la ordenación gradual de la reducción del déficit, a pesar de su importante contribución» al mismo. Recordó, en este sentido, que la fotovoltaica absorbe el 40% del sobrecoste del régimen especial, cuando apenas representa un 2% de la producción eléctrica total y un 6% de la producción renovable.

Para el titular de Industria, este es «un esfuerzo razonable porque, como compensación, las plantas afectadas tendrán tres años más con derecho a tarifa (pasan de ser 25 a 28)«. Se trata, dijo Sebastián, de un «ajuste temporal no retroactivo, que no pone en riesgo la viabilidad de las instalaciones», ya que tendrán «más de 2.000 millones de euros anuales de flujo de caja».

PP, PNV, CiU, ERC-IU-ICV, ERC, CC, BNG, UPN, UPyD y Nafarroa Bai

Por su parte, el secretario de Economía del PP , Álvaro Nadal, mostró el rechazo de su partido a algunos aspectos de la norma y advirtió a Sebastián, en alusión a las fotovoltaicas y los recortes a las renovables, de que «los discursos se hunden cuando la realidad se hunde, y a este Gobierno se le ha hundido la realidad social y medioambiental, porque todo lo que toca lo destruye» y apostilló que «menos mal que este era el Gobierno más verde y el más social del planeta.

De hecho, el diputado popular solicitó una reforma integral del sector eléctrico, «para contener los costes que han sacado a España fuera de la competitividad energética».

Junto a esto, instó al Gobierno a «consensuar» una «reforma integral» que resuelva el «problema enorme» del sistema eléctrico y se mostró «sorprendido» con los argumentos de PNV y CiU a favor de introducir medidas de apoyo a la fotovoltaica no ahora, sino en el debate en el Senado acerca de la ley de economía sostenible.

De los «25.000 millones» del déficit de tarifa, sólo 1.500 millones se crearon en la época en la que gobernó el PP, señaló Nadal, quien atribuyó el desajuste del sector a una «política muy demagógica en la que aumentaban los costes de manera desorbitada y no se trasladaban a los previos finales». «La situación le ha estallado al Gobierno», concluyó.

El diputado del PNV Pedro Azpiazu expresó su apoyo al real decreto ley sin necesidad de su tramitación con proyecto de ley con el argumento de que, «si no se aprueba, sería imposible evitar nuevas subidas de las tarifas», al tiempo que «la colocación del déficit de tarifa se pondrá en entredicho y podría poner en peligro a las empresas del sector».

Por su parte, Josep Sánchez i Llibre anunció la decisión de CiU de abstenerse «con la esperanza de que en las próximas semanas se puedan negociar enmiendas y dar una satisfacción positiva» a los productores fotovoltaicos dentro del desarrollo normativo de la ley de economía sostenible.

Para Sánchez i Llibre, el texto introduce dudas jurídicas sobre su legalidad, tanto por atentar contra el principio de seguridad jurídica como por su retroactividad, en relación con las primas que se recortan para la electricidad fotovoltaica, puesto que cambia la reglas a mitad del partido a aquellos que decidieron invertir en esta fuente renovable. Algo, a su juicio, «no correcto e inaceptable».

Además, lamentó la «errática» política energética del Gobierno e instó a Sebastián a que supere los años de «estéril debate» y apruebe «en un plazo prudencial» cambios normativos inspirados en la estrategia energética aprobada por la subcomisión del Congreso que durante dos años estudió esta materia.

Por ello, CiU ha negociado una serie de enmiendas con el Gobierno, que serán tramitadas en el Senado y que «recogen las inquietudes del sector fotovoltaico» y pasan por «que el ICO juegue un papel importante para la refinanciación» de las plantas fotovoltaicas; ampliar de tres a cinco años el periodo temporal con derecho a prima (es decir, elevarlo a 30 años); blindar este real decreto, para que no pueda ser modificado con posterioridad; establecer una nueva clasificación de zonas climáticas; y mejorar el cálculo de las horas equivalentes de funcionamiento.

La portavoz de ERC-IU-ICV María Nuria Buenaventura lamentó que el Gobierno «olvide» los «beneficios espectaculares», la subida del gas, las subastas «inflacionistas» de electricidad y el apoyo al carbón nacional, y limite el recorte a las renovables. «Cuantas más renovables hay, menos ganan los del gas. ¿Por qué siempre se atreven con los más débiles?«, se preguntó, en alusión al recorte de primas fotovoltaicas.

Por ERC, Joan Ridao ironizó al decir, en alusión a PNV y CiU, que el Gobierno «ya tiene el apoyo del equipo médico habitual» a la norma, y lamentó la forma «poco rigurosa y opaca» en que se fijan las tarifas eléctricas. Desde la liberalización, «las eléctricas han duplicado sus beneficios», advirtió.

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria Ana María Oramas consideró el decreto «discriminatorio con Canarias», ya que el recorte de horas con derecho a prima afecta en mayor medida a las regiones con mayor radiación, como es esta comunidad autónoma, mientras que apenas tiene efecto sobre el Norte.

Francisco Jorquera, por BNG; Uxue Barkos, por Nafarroa Bai; Carlos Salvador Armendáriz, por UPN, y Rosa Díez, por UPyD, también mostraron su rechazo a la norma por suponer, a su juicio, un freno al desarrollo de las renovables.

De hecho, Rosa Díez consideró que esta norma es una «chapuza» y una «muestra de incapacidad política» y acusó al Gobierno de «poner molinillos y placas solares y luego rezar para que no sople el viento ni haya luz».

Los fotovoltaicos ven «decepcionante» la aprobación del recorte «retroactivo» de primas

Por su parte, la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif)
consideró «decepcionante» la convalidación sin cambios en el Congreso de los Diputados del real decreto ley 14/2010 que recoge el recorte de primas a la fotovoltaica, al que considera «retroactivo» y «muy perjudicial para miles de economías».

Para la asociación, la Cámara Baja ha ratificado una «vulneración de la seguridad jurídica» que «perjudica gravísimamente las economías de miles de empresas y particulares que han invertido más de 20.000 millones de euros en energía fotovoltaica en España».

Asif anunció que seguirá luchando «para que se restablezca el Estado de Derecho y se indemnice a los miles de damnificados», y confirma que ya ha recurrido ante el Tribunal Supremo el real decreto de noviembre en el que se limitan a 25 los años con derecho a percepción de primas.

Tras la aprobación del real decreto ley, los promotores tendrán que renegociar las financiaciones que hicieron en su día para ejecutar las inversiones y, si no consiguen la refinanciación, «quebrarán», «perderán sus instalaciones y «terminarán en los listados de morosos».

Asif calcula que, debido a la gran dispersión del parque fotovoltaico español, con más de 53.000 instalaciones, hay más de 200.000 personas afectadas que se sienten «estafadas» por el Gobierno.

La asociación ha organizado una plataforma de afectados para que tanto sus socios como sus clientes y entidades vinculadas puedan canalizar sus reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la Administración por la aplicación del real decreto aprobado hoy.

«No es afán de Asif contribuir a la saturación de los tribunales, pero no hay otra opción para que los damnificados defiendan sus intereses, habida cuenta de que el rango de Ley impide a Asif el amparo de la tutela judicial, puesto que no puede recurrir directamente el real decreto ley», señala.