Asimismo, plantea la necesidad de solucionar el «grave problema derivado de un fallo regulatorio» que supone el déficit de tarifa y avala el proceso de titulización del déficit acumulado hasta 2013, además de mantener los compromisos de alcanzar la suficiencia tarifaria antes de 2013, si bien el documento trata de desligar esta cuestión de los sobrecostes de las energías renovables.

El presidente del a Subcomisión, el diputado socialista Antonio Cuevas, celebró el resultado de lo que considera la «primera reunión de trabajo propiamente dicha» de este órgano, tras un año de funcionamiento, en el que ha recibido a más de 60 comparecientes de múltiples organismos, empresas y asociaciones.

Tras una discusión de más de siete horas, los diputados no llegaron a examinar el borrador completo, dejando fuera los puntos en los que se concretaba un ‘mix’ energético en el horizonte que abarca de 2020 a 2035, cuestión que se debatirá en el próximo periodo de sesiones, si bien Cuevas señaló que la propuesta puede sufrir importantes cambios.

Los principios de acuerdo abarcan además cuestiones como la necesidad de desarrollar la capacidad de almacenamientos del sector gasista español, el aval parlamentario a las medidas en apoyo del carbón autóctono español que ha puesto en marcha el Gobierno, el impulso al coche eléctrico, el desarrollo de las instalaciones de captura y almacenamiento de dióxido de carbono y el ahorro y la eficiencia energética en el sector de la edificación.

Además, recalcan que las interconexiones eléctricas con Francia deben incrementarse significativamente hasta alcanzar el umbral de referencia del 10% de la potencia instalada en 2020, porcentaje que se elevaría al 35% en 2035.

Mantener el peso de la energía nuclear hasta 2020

Respecto a la energía nuclear, consideran que, como ninguna de las centrales nucleares actualmente en operación superará su vida útil en la década 2011-2020, esta energía debe continuar participando en el ‘mix’ energético en «porcentajes similares» a los actuales, aunque esto implica dar por descontado el cierre de la centra de Santa María de Garoña (Burgos) en 2013.

En este sentido, recalcan que se trata de una energía segura en España gracias a la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear y el control del Parlamento, y se deben potenciar y desarrollar el conocimiento y las capacidades tecnológicas y operativas derivadas de estas tecnologías.

Sin embargo, más adelante, a mediados de esta década, sí ve pertinente que «en el marco parlamentario» se adopten las medias oportunas para definir el horizonte de las centrales nucleares y la definición de una política nuclear a largo plazo.

Apoyo al uso del carbón nacional para la generación eléctrica

Asimismo, la Subcomisión del Congreso considera que el carbón nacional debe mantenerse en el mix de producción de energía porque es el único combustible fósil autóctono y por las implicaciones sociales de la actividad minera en el país.

Los diputados creen necesario implementar medidas normativas para mantener la capacidad de una generación térmica (carbón y gas natural) que soporte adecuadamente el crecimiento de las renovables y mediante un mecanismo en el que sean estas tecnologías las que internalicen el coste de mantener centrales, como los ciclo combinados, para respaldar su baja gestionabilidad.

«Estas medidas deberán establecer para la capacidad térmica instalada un pago unitario adecuado a su función de cobertura al sistema por la intermitencia de otras fuentes de energía, cuando ésta efectivamente se produzca«, añaden las bases de acuerdo.

Auditorias a las instalaciones de renovables

Con el fin de alcanzar el objetivo europeo de que en 2020 el 20% del consumo final de energía sea cubierto con fuentes limpias, la Subcomisión aboga por la implantación «progresiva y razonable» de las renovables mediante una adecuada planificación y seguimiento del desarrollo de la nueva capacidad.

Ese objetivo debe lograse de una manera «económicamente sostenible», para lo que los diputados abogan por apostar por tecnologías maduras y porque, a la hora de calcular las primas, se tenga en cuenta su abaratamiento por la evolución tecnológica con el objetivo final de su paso al mercado.

Los diputados abordan la revisión de las primas a las renovables, contemplando que para la potencia de energía renovable ya instalada deben realizarse auditorías de cumplimiento y retribuir razonablemente el coste real incurrido en función del momento tecnológico de instalación.

De este modo, hay que clarificar el horizonte regulatorio de los productores del régimen especial, «sancionando los incumplimientos legales», así como respetando sus derechos adquiridos y la rentabilidad de las inversiones.

En este sentido, estiman que habría que analizar la «posibilidad y conveniencia» de que los costes de las renovables sean «soportados por el conjunto de los consumidores del sistema energético», ya que su uso favorece al conjunto de la sociedad y no sólo a los usuarios eléctricos, que son los ahora asumen todo su coste.

Los parlamentarios sugieren que la nueva potencia renovable adicional a la ya «inscrita» en el pre-registro y en los acuerdos entre el Gobierno y los sectores eólico y termosolar debiera tener un «coste indicativo», de tal modo que se reduzca el volumen de primas y se consiga una mayor competitividad.

Para la nueva potencia a instalar, el Congreso apunta que se deben primar aquellas tecnologías que tienen un mayor desarrollo en su curva de aprendizaje como es la eólica terrestre, así como promover la fotovoltaica como elemento constructivo y de generación distribuida y potenciar la solar termoeléctrica como «instrumento tecnológico y desarrollo» hasta que consiga competir en costes con otras energías.

Asimismo, contemplan la necesidad de implementar las medidas normativas convenientes para mantenerse la capacidad de generación térmica para respaldar a las energías renovables, contemplando un «pago unitario» adecuada a esta función.

Desencuentro con ICV y apoyo de CiU

Pese a este acuerdo de mínimos, el diputado de ICV, Joan Herrera, ya ha avanzado que presentará en septiembre un voto particular sobre las cuestiones acordadas, en especial en materia nuclear y de renovables, ante la rebaja por parte del Gobierno de su objetivo a 2020 de generación primaria desde el 22,7% al 20,8%.

El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, manifestó su «satisfacción» tras la finalización de la reunión, y se mostró confiado en que en septiembre se podrán «materializar así estos principios de acuerdo» con el máximo consenso de todas las formaciones políticas, para lograr así Pacto sobre Energía en el próximo período de sesiones.

«Sin ningún lugar a dudas este Pacto daría confianza, solvencia económica y financiara, y credibilidad internacional a un sector tan importante y estratégico como es el de la energía», remarcó.