El compromiso de la UE con las energías renovables contrasta con la «política de erradicación» aplicada en España, según UNEF

La Comisión Europea propuso fijar un objetivo obligatorio de recorte de emisiones de CO2 para la Unión Europea del 40% en 2030 (respecto a los niveles de 1990) con el fin de mantener el liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Además, pidió una cuota obligatoria de renovables del 27% para el conjunto de la Unión Europea, pero sin metas individuales para cada Estados miembros. El Ejecutivo comunitario prescindió además del objetivo de eficiencia energética en 2030.

En este sentido, Donoso consideró que el hecho de que la Unión Europea haya ido más allá de unos objetivos de reducción de CO2 y haya marcado además unos objetivos concretos de aumento de las energías renovables para 2030 supone «una muestra más del compromiso de la Unión Europea y de la mayoría de sus componentes con el cambio de modelo energético con el que los países miembros se han comprometido de nuevo hoy».

Este compromiso quedó patente «pese a las presiones y a la línea en contra de algunos países como España», añadió el director general de la asociación empresarial fotovoltaica.

Y es que para Donoso, «los objetivos medioambientales para 2030 marcados por la Unión Europea contradicen la política del Gobierno español de erradicación de las energías renovables».

«La política antirrenovable de España, enfrentada a la apuesta europea, desmantela la industria nacional que estaba liderando el sector renovable y nos aboca a tener que recurrir en el futuro a compañías y tecnología extranjera para equipararnos al desarrollo del resto de países», continuó.

APPA critica que no haya cuotas individuales de renovables para cada Estado

Por otra parte, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) vio «muy negativo» que la Comisión Europea haya fijado únicamente una cuota obligatoria de renovables del 27% para toda la Unión Europea, sin metas individuales para cada Estado miembro, puesto que «difícilmente se podrá cumplir el objetivo», según aseguró su director general, Jaume Margarit.

A pesar de ver «positivo» el establecimiento del objetivo ante «el miedo de que no hubiera ninguno», Magarit cuestionó la obligatoriedad única de cumplimiento al conjunto de la Unión Europea al dudar de que ésta pueda ser sancionada en caso de no cumplir el objetivo.

A su juicio, esto hará que las empresas, que «al final son las que tienen que invertir», carezcan de «seguridad» respecto a la ejecución del objetivo, y lamentó que Bruselas no haya sido más «ambiciosa y comprometida» en materia de renovables.

Los productores de renovables hubieran quedado «satisfechos» si la cuota hubiese superado el 30% para el conjunto de la Unión Europea, así como una cifra «similar» para España, ante el desarrollo del tejido empresarial y el «liderazgo tecnológico» del sector, indicó Magarit.

Por último, APPA calificó de «error» que se quiera hacer ver que el sector de las renovables es «un coste», puesto que «aporta beneficios» y cuenta con un futuro «muy positivo» gracias al desarrollo tecnológico y al volumen de mercado alcanzado.